Un ejemplo del sigilo, la velocidad  y la precisión con que saben moverse los corruptos, de las técnicas bien aceitadas de engaño de que disponen, es la ley 25.900, aprobada entre gallos y medianoche a fines de 2004 y que empezó a regir en enero de 2005, en el periodo de vacaciones en que “estalla el verano”.

Esa ley  modificó los plazos de prescripción de delitos económicos dispuestos en el artículo 67 del Código Penal, con el resultado de que quedaron sin efecto las principales causas de delincuencia económica, para regocijo del poder verdadero: los banqueros en primer lugar, los empresarios luego y ¿porqué no? los socios políticos también.

Las causas prescribieron y algunos condenados quedaron libres porque se les aplicó la ley más benigna. ¡Qué benigna es la ley con ellos!

El Estado, ámbito de derechos y deberes, se mezcla a pedir de boca en este caso con el mercado, el sistema de compra y venta. El  efecto de la corrupción es hacer que el espacio de los derechos y las instituciones se convierta en un apéndice de la circulación y producción de mercancías. Es el Estado privatizado y la política en venta.

En la Argentina la conversión del estado de derechos en política mercantil es evidente en la conversión de los ciudadanos en clientes. El cliente depende del favor de otros, los ciudadanos es dueño de sí mismo. La corrupción consiste en transformar los derechos en mercancías, como es el caso de planes sociales que implican subsidios discrecionales, cooperativas que no son tales y asignaciones que se pueden retirar y generan dependencia en todos los casos.

Antes se le quitaba la libreta al sospechoso de deslealtad política, ahora se encierra a los indígenas en corrales antes de las elecciones o se amenaza  a los clientes con suprimirles los “planes”.

El culto a la personalidad del jefe providencial, que necesita permanecer sine die en el poder o de lo contrario nos traga el abismo, el verticalismo de los alineamientos incondiciones, el sometimiento de los partidos a un rol secundario sin significación social, favorecen la corrupción como un poder nivelador inevitable.

No es fatal ni necesario salvo por el acompañamiento cómplice o simplemente inconsciente. Es posible resistir a la corrupción si no queremos que el parásito mate al animal parasitado, y termine incluso con la casta política y  los intereses a los que sirve a nivel gerencial.

De la Redacción de AIM.