Por Lucia Salvini, de Fundación Barbechando, especial para AIM. En el marco de la segunda Eco Jornada, ciclo de charlas impulsadas por la iniciativa del presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados -Leonardo Grosso (FdT-Buenos Aires)-, organizaciones sociales medio ambientales y representantes de pueblos originarios, junto con diputados (en su mayoría oficialistas), concluyeron que la deforestación es un “ecocidio”.

Durante la primera mitad del encuentro, expusieron nueve representantes de organizaciones medio ambientales. En primer lugar, habló Hernán Giardini, representante de Greenpeace, quienes recientemente denunciaron desde la organización hicieron un monitoreo con imágenes satelitales y advirtieron que en el norte del país se desmontaron más de 21.000 hectáreas desde que comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio.

Fundación Vida Silvestre

El último orador fue Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida SIlvestre, quien expuso una presentación con datos duros sobre la deforestación y la regulación de la Ley de Bosques. Entre ellos se destacaron que si bien la ley implicó la clasficiación de los bosques nativos (rojo, amarillo y verde, siendo rojo “zonas intocables”), hoy en día la delimitación es ambigua y por lo general no se la tiene en cuenta.

Además, sobre la región chaqueña, estimó una proyección para el 2028 en la cual el 60 por ciento de la región estaría perdida y argumentó que quienes dicen que la deforestación trae progreso y desarrollo “esto no es así, sino que solo lograron muertes y mayor pobreza”

Sobre la relación de la sanción de la Ley de Bosques y la baja en el porcentaje talado, se puede decir que comenzó a bajar hasta llegar a un piso mínimo en 2016 pero que, “pareciera ser que cuando se reactivó la actividad económica”, éste empezó a crecer nuevamente hacía el 2018. “El parate tuvo que ver más con variables de Mercado que con la Ley de Bosques”, concluyó Jaramillo.

También se refirió al presupuesto que Nación debe destinar a las Provincias para que los propietarios de los bosques nativos puedan conservarlos. “Si bien este representa el 0.3 por ciento del presupuesto total, nunca se lo asignó en su totalidad” y dijo que en las provincias falta control e incentivos para que los propietarios recurran a otras actividades que no sean el desmonte.

Por último, expresó que, de 125 mil hectáreas, 57 millones de bosques nativos, sólo el tres por ciento está destinado a pequeños productores o comunidades originarias”

“Argentina perdió ocho millones de hectáreas en tan sólo tres décadas y las pérdidas se concentran mayoritariamente en las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero. Estas concentran el 80 por ciento de la deforestación”, explicó Giardini y a continuación propuso la necesidad de aumentar las áreas protegidas a nivel nacional y modificar el Código Penal para poder considerar al desmonte (o en caso de comprobarse que hubiese una agresión intencional con la tierra) como delito penal.

Referentes de movimientos sociales y pueblos originarios

Silvina del Carmen Santillán, del pueblo indígena de Lule Videla e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, aseguró que los empresarios contratan gente para que avancen contra ellos sin considerar que la producción que tienen en esos territorios es la que abastece una gran cantidad de mercados locales. “Estamos en una amenaza constante por los desmontes ilegales”, exclamó.

En tanto, Máximo Mazzocco, fundador de Ecohouse y miembro de Alianza por el Clima, instaló el concepto “ecocidio” en la reunión porque “es importante llamar las cosas como son, sin tener miedo”.

A continuación, Elizabeth Bergallo, integrante del Foro Gualamba, se refirió al impacto socio-cultural de la producción de soja en el Chaco y sobre la deforestación dijo que “actualmente existe un modelo concentrador y extractivista que desconoce el ambiente y las biodiversidades”

Siguiendo la lista de oradores, Emiliano Ezcurra, de la Organización Banco de Bosques, quien también alertó sobre los desmontes en la cuarentena, afirmó que el Congreso de la Nación es el “mejor lugar” para hablar sobre esta problemática ya que es una cuestión federal.

Sobre la Ley de Bosques dijo que, si bien impone multas, “esto es lo mejor que le puede pasar a quien lleva adelante estas acciones” porque es la forma más fácil y rápida “de sacarse de encima el problema”. También indicó las relaciones que hay entre empresarios del poder rural y las autoridades locales y se manifestó a favor de quienes plantean pensar la producción del otro lado de la frontera agropecuaria.

Por su parte, Micaela Camino, doctora en Ciencias Biológicas e integrante de Somos Monte, dijo que con el desmonte se pierde en “soberanía y en justicia social”. Se expidió contra quienes no producen alimentos sino commodities, además de resaltar que la gran mayoría de quienes provocan los desmontes son extranjeros. Por último, sobre los pueblos originarios, resaltó que estos se ven obligados a realizar migraciones forzadas que los vuelven dependientes de subsidios estatales y trabajos precarios.

Juan Manuel Esteche, Coordinador de la Organización Alianza por el Clima, calificó a los desmontes como uno de los mayores crímenes ambientales y, por lo tanto, “crímenes a la humanidad, un genocidio» y comentó las acciones que, en conjunto con otras 36 organizaciones, están llevando a cabo para frenar los desmontes y que se los considere un delito penal.

También justificó los desmontes de los últimos 30 años como producto de la “ganadería industrial y de los cultivos transgénicos” y explicó la necesidad de nuevas políticas que constituyan un cambio hacia lo agroecológico. Además de considerar que la frontera agropecuaria implica ganancia y divisas para unos pocos.

“Nosotros no compramos la idea de que el modelo agroindustrial salve al planeta. No creemos ni que la soja, ni la proteína animal, van a salvarnos”, argumentó Esteche y se expidió contra la ganadería como el sector que más contribuye a la generación del efecto invernadero.

Por otro lado, la integrante del Espacio Plurinacional Indígena Kanbá, Octorina Zamora, llegó para hacer una crítica hacia aquellos integrantes de la comunidad científica -antropólogos o ambientalistas- que «estudian los casos, se llevan la información a sus universidades y nunca vuelven o los ayudan a formarse” para ser ellos protagonistas de sus propias luchas.

Exposiciones de los legisladores

Oficialismo

Al finalizar las exposiciones, Leonardo Grosso, Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, agradeció a los presentes y dio lugar a los diputados.

El primero fue Eduardo Fernández (FdT-Córdoba) quien resaltó el trabajo del Ministro (Juan Cabandié) en la materia y comentó la situación que sufre Córdoba por los desmontes. “Algunos empresarios que creen que la modernidad es construir, pero a qué costo”, comentó el cordobés.

El oficialismo Federico Fagioli (FdT-Buenos Aires) dijo que a partir de la pandemia quedó demostrada la necesidad de generar políticas públicas para cuidar el medio ambiente y que este gobierno va a hacer cumplir lo que haya que hacer cumplir para avanzar en el cuidado del medio ambiente y “se va a penalizar todo lo que sea necesario para tener una Argentina más sana”.

También destacó el proyecto presentado para proteger los territorios periurbanos productivos, quienes realmente producen los alimentos, “y no el productor sojero, exportador”, que se ven amenazados constantemente.

Oposición

Al turno de la exposición de la oposición, Martín Grande (PRO-Salta) dijo que la deforestación es algo que se viene reclamando hace tiempo, incluso durante la gestión anterior, pero que es necesario generarles un ingreso a quienes tienen un campo, que lo tratan de cuidar, pero que no saben qué hacer con el.

“Estoy de acuerdo en la tipificación como delito penal porque es un genocidio lo que está pasando con los bosques. A veces es un premio que te hagan una multa, no hay consecuencias. Es necesario avanzar en el cumplimiento de la Ley de Bosques porque es muy buena”, concluyó.

Después, el mendocino Federico Zamarbide (UCR-Mendoza), mencionó el proyecto del radical Gustavo Menna sobre el ordenamiento de las evaluaciones de impacto ambiental a nivel nacional, y consultó a las organizaciones ambientales presentes cuáles consideran que serían las modificaciones que habría que hacerle a la Ley de Bosques, más allá de la cuestión presupuestaria.

Sobre su consulta, los especialistas dijeron que es necesaria una mayor capacidad de control y fiscalización, incentivos y desincentivos, mayor regulación sobre el ordenamiento territorial, una ley nacional de presupuestos mínimos, clasificar los delitos ambientales, ejecutar los presupuestos correspondientes y de ser necesario pensar en una moratoria, en conclusión, hacer cumplir la ley de bosques “porque es una buena ley pero que no está siendo aplicada”.

En el turno de la palabra le siguió Brenda Austin (UCR-Córdoba), vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales, habló de la necesidad de traducir todo esto en acciones concretas.

“No se puede pensar el desarrollo económico sino va de la mano un desarrollo sostenible y que tenga las comunidades como actores protagónicos”, dijo la radical y destacó la necesidad de pensar en un marco sancionatorio y destacó otros temas de interés como: reservas naturales, protección de áreas específicas, presupuestos mínimos, acceso a la información ambiental, tráfico ilegal de especies, ratificación del Acuerdo Escazú, entre otros.

A continuación, fue el turno de Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires), quien se mostró sumamente empática con los referentes de los pueblos originarios. También hizo referencia a que la pandemia que estamos atravesando “tiene que dejarnos una enseñanza, porque todo esto que está pasando está interconectado”.

“El tema de la deforestación es algo mucho más profundo; esto promueve el cambio climático y la inseguridad alimentaria” dijo la diputada y destacó la legislación argentina en materia ambiental pero que “tenemos que ir por más, tener un proceso penal particular para delitos ambientales e incluir la educación ambiental en las escuelas”.

Camaño destacó la buena relación que tiene con el Presidente de la Comisión y que en la Corte Suprema hay jueces muy comprometidos con la temática ambiental.

El cierre

Leonardo Grosso, titular de la Comisión, quien dijo que “hay un montón de poderes económicos poderosos que consolidan la expansión de la frontera agropecuaria y que se llevan puestos los montes”.

Desde la Comisión se manifestó a favor de trabajar los temas propuestos y buscar soluciones colectivas, de consenso, para poder adaptar las reglas a los nuevos problemas que van apareciendo en la sociedad. “Queremos políticas de estado que sean sustentables ecológicamente”, finalizó.