La peste en curso desde marzo del año pasado ha provocado el avance del Estado sobre los derechos consagrados en el artículo 14 de la constitución nacional: entre ellos de trabajar, de navegar y comerciar; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de usar y disponer de su propiedad; de enseñar y aprender.

Salvo el gobierno de "Proceso" iniciado en 1976, que los supeditó al estatuto de las Fuerzas Armadas, nadie había desconocido abiertamente esos derechos y menos había dado razones para desconocerlos o supeditarlos a alguna instancia superior. Ahora está en cuestión el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.

El miedo generado por la peste ha permitido que el gobierno disponga no solo a qué hora se puede estar en la calle y a qué hora hay que estar guardado puertas adentro, o cuántas personas puede haber en una reunión en un domicilio particular, sino quién puede irse del país y regresar sin problemas y quién no.

Pero hay otro punto más álgido: quienes salieron del país con pasaje de ida y vuelta, con todo en regla, en el extranjero se enteraron de que no podrían volver porque el Estado argentino niega a sus ciudadanos la posibilidad de regresar.

Casi sin querer viene a la memoria el trágico fin de Walter Benjamin. Se dirigía a la frontera de España tras haber estado detenido en Francia invadida por los nazis en 1939. Tras vagar por diversos pueblos franceses había llegado en setiembre de 1940 a Portbou cuando supo que habían cerrado la frontera. Parece que creyéndose perdido, otra vez capturado por los nazis, se suicidó; pero la frontera se reabrió al día siguiente.

El punto en común pasa por el cierre de fronteras a voluntad o capricho por normas que esgrimen razones sanitarias; pero exceptúan a los funcionarios, a algunos futbolistas y otros que fácilmente el común de la gente incluye entre los habitualmente privilegiados.

El presidente renunció a viajar hoy a Francia quizá previendo las críticas que suscitaría su regreso sin impedimentos. La selección argentina de fútbol que ayer venció a Bolivia en Brasil regresó al país sin problemas y retornará para su próximo compromiso dentro de una semana.

Los argentinos comunes y corrientes que se fueron al extranjero por cualquier motivo deberán entrar en el cupo de 600 pasajeros diarios, más o menos la capacidad de dos aviones.

Quienes regresen entre el 1° de julio y el 31 de agosto, están obligados a aislarse durante 10 días a su cargo en los lugares que determine el propio Estado.

La norma, contenida en otro decreto de necesidad y urgencia, fue publicada el lunes pasado. Afecta a las personas que tienen pasajes y se encuentran con que no les sirven: una situación inédita para la que al parecer no hay más derecho que el pataleo.

La finalidad declarada de la medida es evitar la diseminación por el mundo de la cepa Delta del coronavirus, que por ahora está afectando severamente al Asia

Las fronteras continuarán cerradas para el turismo, de modo que no podrán ingresar al país extranjeros que vengan a pasear. Siguen suspendidos los vuelos provenientes de Gran Bretaña, Chile, Brasil, India, países africanos, y Turquía.

La directora de Migraciones, María Florencia Carignano, dijo que había mucho incumplimiento en las obligaciones de los que regresan de viaje, pero no explicó por qué en lugar de prohibir meramente no controla mejor.

Justificó además que haya excepciones, sobre todo de funcionarios, porque se trata de tareas de importancia para el país, aunque de regreso puedan traer con ellos el virus lo mismo que cualquier otro mortal.

Las razones sanitarias tienen más agujeros que un colador, pero quizá la razón subterránea seá política. Los cierres de frontera han demostrado desde que se vienen instrumentando ser un fracaso para controlar la propagación de las pestes; pero permiten en cambio controlar a los migrantes y dar la impresión de que se sabe lo que se hace y se actúa en consecuencia por el bien de todos. Cierta proporción de infectados no tienen síntomas, de modo que los controles no evitan la propagación

En los Estados Unidos se permitió en el siglo XIX que el ejército gestione el control de la propagación de enfermedades. Dentro de la mentalidad militar, la doctrina equiparó un ataque de enfermedad infecciosa con la invasión de un enemigo extranjero, que no parece caer muy lejos de la mentalidad prohibitiva imperante hoy.

Durante la pandemia de influenza de 1918, la llamada "gripe española" aunque no atacó a España, que era el país que informaba sobre la enfermedad, la ciudad de Nueva York retuvo a todos los barcos entrantes en estaciones de cuarentena y trasladó por la fuerza a los pasajeros enfermos a un hospital local.

La posición generada en teorías militares era que defender a la nación de la amenaza externa de enfermedades era evitar que los potencialmente infecciosos ingresen al país y aislar a aquellos que pudieron ingresar.

Pero ya se oyen voces contrarias a este criterio militar: el epidemiólogo mexicano Hugo López Gatell, funcionario de salud de su país, sostuvo que a partir de criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el cierre de fronteras no tiene un fundamento científico para contener la proliferación de las epidemias”.

Posiblemente no haya fundamentos científicos, pero las necesidades políticas son crueles y tienden una y otra vez a rehacer el privilegio.
De la Redacción de AIM.