En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos alertó a AIM sobre el deterioro de las condiciones de vida, el desborde del sistema público de salud y las dificultades para acceder a atención psicológica y equipos interdisciplinarios. También, cuestionó la falta de avance de proyectos legislativos y reclamó financiamiento efectivo y transparente.

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos advirtió que la provincia atraviesa una “emergencia en salud mental” y sostuvo que la prevención del suicidio “no puede reducirse a un solo día”.

Desde la organización remarcaron que los índices de suicidio “expresan mucho más que una estadística” y señalaron que detrás de cada caso existe “una persona, una familia, una comunidad atravesada por el dolor y, muchas veces, por la dificultad de encontrar respuestas oportunas cuando más se las necesita”.

En ese sentido, plantearon que hablar de prevención del suicidio implica también abordar las políticas públicas, el acceso a la salud, el acompañamiento comunitario, la educación, el trabajo, los consumos problemáticos, las infancias y juventudes, la soledad y las redes de cuidado.

“La salud mental no empieza ni termina en un consultorio. Se construye, o se deteriora, en las condiciones concretas en las que las personas viven”, afirmaron.

“Una realidad crítica”
La Mesa vinculó la problemática de la salud mental con el contexto socioeconómico y sostuvo que se trata de un proceso “multicausal y complejo”, condicionado por la estabilidad económica, la seguridad laboral, la soberanía alimentaria y las redes de contención comunitaria.

Según el documento difundido por la organización, el aumento del costo de vida, la precarización laboral y la expansión del empleo informal generan “un clima de permanente incertidumbre y angustia social”. También señalaron un incremento de las familias que recurren a comedores comunitarios para cubrir necesidades básicas.

En este escenario, la Mesa afirmó que Entre Ríos se encuentra “en el primer lugar del ranking nacional en tasa de suicidios”, con 20,8 casos cada 100.000 habitantes, cifra que atribuyó al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Además, indicó que entre enero y julio de 2026 se registraron 418 intentos de suicidio en la provincia.

Asimismo, vinculó la situación con las dificultades económicas que atraviesan particularmente los jóvenes y con la falta de recursos destinados a la prevención comunitaria. En ese punto, cuestionó la insuficiencia de programas destinados a fortalecer clubes de barrio y espacios culturales territoriales como redes de sostén.

Asimismo, alertó sobre la situación de los gabinetes psicopedagógicos escolares, que —según planteó— se encuentran “desprovistos de recursos” para acompañar las trayectorias de niños y adolescentes, mientras que instituciones de dependencia nacional afrontan una situación de desborde producto de reducciones presupuestarias y de recursos humanos.

Reclaman más recursos para el sistema público
La Mesa por la Salud Mental también puso el foco en el funcionamiento del sistema público de salud. Según señalaron, el incremento de los costos de la medicina privada y de las coberturas de obras sociales llevó a que miles de entrerrianos recurran al sistema estatal, aumentando la demanda tanto en la atención general como en los servicios de salud mental.

Entre las principales dificultades mencionaron las demoras para acceder a atención psicológica en el primer nivel, con turnos individuales que pueden tener esperas de “más de dos meses”, además de la falta de equipos interdisciplinarios con psiquiatras y profesionales de distintas disciplinas para atender situaciones complejas y crisis.

También exigieron espacios específicos para la atención de niños, niñas y adolescentes y expresaron preocupación por testimonios que señalan el inicio de consumos problemáticos a edades cada vez más tempranas, incluso “a los 8 o 9 años”. A esto sumaron la falta de programas de posvención para acompañar a las familias y comunidades después de un suicidio.

Cuestionamientos a la Legislatura y al Decreto de Urgencia
Otro de los ejes del documento fue la situación legislativa. La Mesa cuestionó la falta de avance en “al menos siete u ocho proyectos de ley” relacionados con salud mental y prevención, al considerar que esa demora impide reasignar y garantizar fondos específicos para afrontar la crisis.

Ademàs, expresó reparos sobre el Decreto de Urgencia en Salud Mental promulgado el 22 de julio. Según la organización, la norma “carece de precisiones sobre el destino y la ejecución de sus recursos” debido a dilaciones burocráticas.

En paralelo, señalaron que la convocatoria al Consejo Provincial de Salud Mental (COPRISMA), después de más de dos años de inactividad, corre el riesgo de convertirse “meramente en un mecanismo administrativo que posterga la concreción efectiva de las medidas de urgencia”.

“La declaración de urgencia resulta insuficiente si no está acompañada de una visión de abordaje integral y transformador”, sostuvieron desde la Mesa.

Los cinco reclamos
Frente a este escenario, la Mesa por la Salud Mental planteó cinco líneas de acción: garantizar condiciones materiales de vida y respuestas frente a la emergencia alimentaria, el desempleo y la precarización; asegurar financiamiento para la prevención y la infraestructura asistencial; implementar plenamente la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y la normativa provincial; avanzar con el tratamiento y aprobación de proyectos legislativos que asignen recursos específicos; y garantizar la ejecución transparente e inmediata del Decreto de Urgencia en Salud Mental.

La organización insistió así en que la prevención del suicidio debe ser abordada como una política pública integral y sostenida, que contemple no sólo la asistencia sanitaria, sino también las condiciones económicas, sociales, educativas y comunitarias que atraviesan la vida cotidiana de la población entrerriana.