La Municipalidad de Paraná presentó un escrito que lleva la firma de los abogados Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto, mediante el cual se refutó cada uno de los puntos del informe que la división Lavado de Activos de la Policía Federal envió días pasados el juez federal Leandro Ríos, supo AIM. Pagliotto calificó al informe que elaboró la División Lavado de Activos de la PFA como “un pésimo trabajo: confuso, impreciso, sin jerarquía ni volumen intelectual ni técnico, y que desnuda un pasmoso desconocimiento acerca de normas y procedimientos contables, principalmente vinculados a la administración de la hacienda pública”.

Asimismo, el letrado no dudó en afirmar que ese escrito policial “no tiene ningún valor” y sugiere -incluso para dejara a salvo el buen nombre y honor de reconocidos profesionales que ocupan lugares expectantes en la Contaduría General y Tesorería del Municipio-, la inmediata actuación y auditoria del Tribunal de Cuentas de la Provincia”.

El informe que refutó lo dicho por la Policía Federal lleva la firma de los dos abogados, aunque fue producto de un trabajo conjunto entre los letrados, los defensores técnicos y los profesionales que integran los organismos de control del Municipio, “que son independientes, tienen estabilidad y no fueron designados por esta gestión, como se dejó dicho en el mismo informe”, según se expresó.

Contratación de personal

La primera afirmación del informe de respuesta es una desmentida categórica sobre la aseveración que hacen los peritos de la Policía Federal en cuanto a que habría habido un ingreso de 497 personas a la esfera del Municipio.

Cullen y Pagliotto presentan números que dan cuenta que el ingreso fue de 166 personas con contratos de obra, pero con una baja de 46 personas por finalización del período en esa misma categoría. Mientras que con contrato de servicios ingresaron sólo 31 personas, y con una baja de cinco casos.

Es decir que, según el informe, los números oficiales distan mucho de lo que habla el informe y eso tiene una explicación: los peritos policiales cayeron en el error de creer que hay personas con dos contratos, cuando en realidad hay trabajadores que tienen un contrato que se vence y luego se constituye otro contrato con una nueva situación de revista.

Abundan en detalles técnicos acerca de cómo se inscriben las situaciones de baja, alta y cese, cómo se identifican las diferentes características laborales, y por qué algunos empleados tienen un legajo que, tras cesar, luego pasan a tener otro. Todo esto hizo que los policías, erróneamente, hablen de dobles contrataciones.

Los abogados aportaron planillas y documentos para solventar su respuesta también en este punto. Pero aporta un dato central como conclusión de todo el asunto de personal: “El dato más relevante es que en septiembre de 2017 había un total de 6.303 empleados y en mayo de 2018, un total de 6.177, es decir que en ese lapso hubo una reducción clara del personal: 126 empleados menos”, escribieron los abogados para desmentir el crecimiento de la planta de personal.

Los letrados dedican el tramo final para refutar, largamente, que haya manejo de fondos en efectivo en los niveles que señalan los peritos policiales. Abundan en explicaciones sobre diferencias de montos entre neto y bruto, en demostrar la trazabilidad bancaria, en describir responsabilidades dentro de la estructura administrativa y en mostrar cómo los movimientos se adecuaron a las normativas y fueron analizadas por los estamentos de control interno.

A los abogados, evidentemente instruidos por los contadores de carrera del Municipio, les llamó la atención que los peritos policiales no sepan que cuando se depositan cheques de la propia cuenta (la Municipalidad), el banco lo considera como un “depósito en efectivo” y no bajo concepto de “cheque de propia sucursal”.

En cualquier caso, los abogados Cullen y Pagliotto dejan constancia que los movimientos están bancarizados, las transferencias se hacen de modo electrónico y que si hay manejo de cheques es para el caso en que el beneficiario aún no mantiene una cuenta bancaria habilitada para poder cobrar.

Niegan categóricamente que se esté dando el manejo de fondos en efectivo, fuera de las situaciones menores y habituales en cualquier municipio y aportan planillas de números bancarios para sostener sus afirmaciones.

Finalmente concluyen los abogados en el informe de respuesta que en la Tesorería General no se realizan pagos en efectivo, ni a empleados, ni a proveedores de bienes y servicios, por lo cual rechaza tajantemente expresiones como la de los peritos policiales que hablan de “una ingeniería financiera tendiente a librar dinero en efectivo”.

“Afirmaciones como las mencionadas causan indignación, duelen y resultan lesivas de la moral, y mucho más cuando son formuladas con absoluta liviandad y sin tener un fundamento adecuado”, escribieron Cullen y Pagliotto.

Los abogados reparan en el hecho de que quienes fungen de tesorero general y de subtesorero tuvieron su ingreso al Municipio en 1988, por la vía del concurso, cuando eran estudiantes de Ciencias Económicas. “Hoy, ya como profesionales con una trayectoria y un reconocimiento dentro y fuera del Municipio, ven perplejos cómo en la causa en cuestión, se califica su impecable, independiente y profesional actuación”.

No pasan por alto, a fin de “resignificar aún más el papel esencial que cumple como órgano de contralor independiente, la Contaduría General de la Municipalidad de Paraná, que su titular y la subcontadora no fueron designados por la gestión de Varisco, sino que en el caso del titular fue desingnado por la gestión de la intendenta Blanca Osuna de Molinas” y que el contador general responde sin límite con sus bienes personales, por lo que el celo demostrado en su labor se puede apreciar cada vez que libra un pago a un proveedor o agente municipal.

Contrataciones de publicidad

El informe de los abogados sostiene también que las contrataciones de publicidad “pasaron por el tamiz analítico de todos los controles internos” y que cumplen con el marco que establece la Ordenanza de Contabilidad Nº 6.173, y sus respectivos decretos reglamentarios.

Pero no se queda en lo conceptual la respuesta de los abogados, sino que analiza cada uno de los puntos cuestionados. Al respecto, sostiene por ejemplo que entre las condiciones para ser proveedor de la Municipalidad no hay impedimento en que el prestador sea jubilado, como señala uno de los casos aludidos por la Policía Federal.

Tampoco hay impedimento en que los proveedores estén dados de alta en los organismos tributarios con otros rubros, lo que no es constituye ningún obstáculo siempre que estén, sí, inscriptos como “publicidad”. Por eso, el informe policial erróneamente habla de otros rubros, como carnicería o funeraria a los que la Municipalidad de Paraná les paga publicidad, cuando en realidad eso no es cierto.

En este punto, las autoridades municipales y los abogados del intendente han dicho enfáticamente que se paga publicidad siempre que se constate la prestación a través de certificaciones correspondiente para cada soporte de medio de comunicación.

Es mentira que se pague publicidad a personas no inscriptas en el rubro, es mentira que se pague publicidad a personas que no estén inscriptas en Afip como así tampoco en Ater ni en el organismo municipal correspondiente, sostienen los abogados.

Cullen y Pagliotto abundan en detalles, con nombres de proveedores a los que alude el informe policial, para demostrar dónde residen las “erróneas imputaciones”.

Es así, como muestran por ejemplo casos particulares de personas que se dieron de baja de Afip, tras un cambio de actividades, pero que estaban en regla al momento de la prestación. “Puede haber situaciones en las que el proveedor se inscribe para poder prestar servicio y facturar; luego se da de baja y como el pago se produce de manera posterior, y a veces con meses de diferencia a la prestación, puede darse el supuesto que no registren impuestos activo, pero al momento de la prestación estaba todo en regla”, escriben los abogados y dan ejemplos puntuales a los que aludieron los policías federales.

Agrega la respuesta que cuestiones fiscales, como que los domicilios de los proveedores no estén actualizados, no infringe la normativa de contratación y excede el interés o la responsabilidad de la Municipalidad, a punto tal que eso es materia de observación, en todo caso, del organismo federal impositivo.

Luego aborda uno de las imputaciones más grave a que hizo la Policía Federal, con notable repercusión mediática, “pero que no se condice para nada con la realidad”: el “pago de facturas mellizas”.

Cullen y Pagliotto desmintieron tajantemente que se haya producido algún caso al respecto y, tras un minucioso estudio de trazabilidad administrativa, demostraron que no hay doble pago de una prestación, y que si bien puede haber órdenes de pago, por centenares, con el mismo número, hay que reparar que unos tienen su número respectivo, con un subíndice 32 (ordenes de publicidad, subsidios, reconocimientos de gastos), mientras que otros tienen el subíndice 35 (concursos de precios, licitaciones públicas o privadas que se hayan llevado a cabo para seleccionar a contratistas).

“No existen órdenes de pago mellizas, ni, por ende, acto irregular, ilegal o ilegítimo alguno”, indican al rechazar el informe enviado al juez Ríos. También abunda sobre la aludida contratación de baños químicos para la presentación de Tecnópolis, evento que albergó a más de 800 mil visitantes durante su estadía en Paraná. La respuesta incluyó el informe adjunto de la Subsecretaría de Previsión y Suministro, que determina que no hubo sobreprecios en la búsqueda del servicio luego de que el principal prestador se diera de baja, pero sostiene también que los controles se debieron intensificar debido a las exigencias de contralor del Gobierno nacional, que fue el que aportó los fondos para la muestra científica, educativa y recreativa.

Refuta la “conclusión” del informe que compara precios de prestaciones en Paraná con los que se dan en la zona oeste y norte de Capital Federal, sin considerar gastos por traslados. En este punto rechaza que no haya habido precisión sobre la cantidad de baños químicos, y remite expediente de contratación que también se adjuntó.