Diputados y senadores de Juntos por el cambio informaron a AIM que demandaron al Poder Ejecutivo entrerriano que rechace la oferta que se presentó en la licitación pública para contratar el agente financiero “por ser lesivas a los intereses de la provincia”.
Los Legisladores miembros de la comisión de seguimiento del proceso de licitación destinado a contratar una Entidad Bancaria para la prestación del servicio de agente financiero y caja obligada de la provincia, remitieron una misiva al ministro de Economía, Hacienda y Finzandas, Hugo Ballay, donde demandaron “que no se admita la oferta presentada por el Nuevo Banco de Entre Ríos SA y se dé por fracasado el proceso de licitación por considerarse los términos de dicha oferta lesivos a los intereses de Entre Ríos”.
En ese sentido, se argumentó que “no existe relación entre la magnitud del negocio ofrecido y las contraprestaciones ofrecidas. Esta licitación refiere al contrato más importante de la provincia de Entre Ríos a partir del cual el Agente Financiero pasa a administrar los recursos de todos los entrerrianos y adquiere un importante volumen de negocios financieros, garantizados mensualmente, con los cuales puede gestionar otros productos bancarios, por lo que las contraprestaciones brindadas a la provincia deberían ser en la misma proporción”.
Además, indicaron que el plan de inversión para diversificar en el territorio provincial los servicios de atención a los usuarios “es casi nulo, solo se prevé la instalación de tres filiales habilitadas en tres años, dos cajeros automáticos por año y 52 sucursales de Entre Ríos Servicios. Sobre este punto ya hemos expresado que se trata de una modalidad donde claramente las condiciones de contrato, sobre todo en municipios y comunas, son totalmente desventajosas para el Estado entrerriano y determinan que el costo de la prestación del servicio recae totalmente en ellas. De esta manera, el Agente transfiere los costos por el cobro de impuestos, reservándose el banco el derecho al cobro total de la comisión por la prestación del servicio a la provincia”.
Asimismo, cuestionaron que el plazo de contratación: “Si consideramos que el pliego contempla diez años de vigencia del contrato y que existe la posibilidad de una prórroga por cinco años más, se observa que se trata de una contratación que comprometería cuatro gestiones de gobierno las cuales deberán aceptar las condiciones fijadas en esta licitación. Además, el argumento fue esbozado por el ministro para justificar un plazo extenso de contratación, con la finalidad de incentivar al oferente a realizar mayores inversiones, deviene abstracto”.
Por otro lado, los legisladores apuntaron que “no se observa ningún tipo de compromiso con el desarrollo provincial, ningún beneficio a los sectores productivos generadores de mano de obra, ni para los usuarios cautivos del servicio, constituidos por activos y pasivos del sector público provincial”.
También, opinaron que “no se establece ningún plan que garantice una mejora en la atención de los ciudadanos entrerrianos ni se ha establecido un un régimen sancionatorio eficaz que permita a la Unidad de Control ejercer verdaderamente el control del cumplimiento de los términos del contrato”.
Por otro lado, advirtieron que no instaura, ni en el pliego del llamado ni en el modelo de nuevo contrato, “ la obligación del pago de intereses sobre depósitos inmovilizados en cuentas oficiales, especialmente en depósitos judiciales”.
Para los legisladores “se observa nuevamente que el Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos no tiene preferencia sobre la contratación o venta de seguros por parte del banco”.
Por otro lado, cuestionaron “la exclusividad que se otorga al Agente Financiero para la percepción de impuestos, servicios, tasas y contribuciones especiales. Es gravoso y sin sentido asegurarle la exclusividad, del manejo de las recaudaciones que podrían realizarse por las redes extrabancarias en igualdad de condiciones y con mayores y mejores prestaciones para el contribuyente. Este punto no solo atenta contra la recaudación provincial al disminuir los centros de cobro, sino que, además, al facultar al Agente Financiero a subcontratar este servicio, se establece una posición dominante para que el mismo establezca comisiones distintas a las de mercado para ese tipo de operaciones”.
Desde Juntos por el cambio también advirtieron que “la contraprestación actual, aún con innumerables quejas por parte de usuarios, donde la institución bancaria beneficiaria con un negocio importante con el estado provincial no ha dado ninguna muestra a lo largo de estos años de ser una herramienta financiera útil y eficaz para nuestro entramado productivo, otorgaba a la provincia la posibilidad de utilización del Fondo Unificado. El modelo presentado solo refiere a administración financiera de excedentes transitorios”.
Finalmente, al apreciar comparativamente el contrato vigente con la oferta presentada por el Nuevo Banco de Entre Ríos, “si bien se observa una baja en monto de las comisiones a cobrar por el banco sobre algunos servicios, el cambio de método para el cálculo del canon que la provincia debe pagar al Agente Financiero le asegura similar rentabilidad a la obtenida durante el 2019, no percibiendo la provincia beneficio alguno en los nuevos términos”. En este punto “cabe también señalar, que no se comprenden las razones por las cuales se deba abonar comisiones por los servicios pago de sueldos, cuando en cualquier banco de la plaza financiera, es absolutamente gratuito y tampoco las comisiones originadas por la transferencia de los fondos de coparticipación a la provincia y luego también cuando se transfieren los fondos a los Municipios y Comunas”, dijeron.