La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para avanzar en el proyecto de ley de semillas (o Ley Monsanto), que ayer fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Sin embargo, la oposición cuestiona la iniciativa, mientras que la Federación Agraria presentó su propio texto. El mayor conflicto en el debate: la propiedad intelectual. Así las cosas, se complica el objetivo del Gobierno de alzarse con la norma durante este año, registró AIM.

La Comisión de Agricultura de Diputados continúa con el debate sobre el proyecto de ley de semillas, que envió al Congreso el ministerio de Agroindustria. Las posiciones están reñidas. Cambiemos buscaba emitir dictamen antes de octubre, pero la oposición, nucleada en el FPV y aliados, no avalan la iniciativa del oficialismo, si bien apoyan la propuesta que presentó la Federación Agraria.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), dijo que le gustaría que salga la ley, pero agregó que “es necesaria que la abordemos en toda su complejidad. Vamos a escuchar a todas las voces y tener en cuenta cada punto de vista para que podamos encontrar el camino para modernizar esta norma".

De todos modos, el avance del proyecto durante lo que resta del año será complicado, porque no hay acuerdo y se registran posiciones muy adversas. El tema principal de disputa es la propiedad intelectual, supo AIM.

Según dice el proyecto del Ejecutivo, las empresas podrán apropiarse de semillas bajo la figura de la propiedad intelectual y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), en uso de poder de policía, podría acceder a los campos. Incluso, el Instituto también podría delegar esta facultad a un ente privado.

La modificación a la Ley de Semillas (actual 20.247) crea un mecanismo de renta que fortalecerá la posición dominante de tres empresas multinacionales que controlan el 59,8  por ciento del mercado global de semillas. Hoy, luego de las fusiones de los últimos años, Monsanto-Bayer controla el 29,3, Dow-Du Pont el 21,3 y Syngenta-ChemChina 9,2 por ciento. Junto a BASF, las mismas controlan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agrotóxicos.

El proyecto de la FAA

El presidente de la Federación, Omar Principe, acompañado de otros dirigentes de esta entidad gremial, dio a conocer los lineamientos del proyecto, donde el derecho de los productores a resembrar sus propias semillas es el principal argumento.

Omar Príncipe aseguró que es “imprescindible votar una nueva ley de semillas” que “equilibre los derechos de todos los actores de la cadena de comercialización y no se produzcan abusos de posición dominante como sucede con Monsanto”.

“La intención de Monsanto de estar por encima de la ley puso en riesgo la siembra de este año, con su pretensión de impedir la libre comercialización, y obligó a la intervención del Estado, que sacó la resolución 203”, advirtió el dirigente agrario.

Recordó que a principios de años esa empresa firmó contratos con los exportadores para que verifiquen si utilizaban semillas de Monsanto y así cobrar regalías “sin control del Estado”.

Federación Agraria propone en su iniciativa el uso gratuito de las semillas hasta 1500 toneladas de soja o de trigo, con lo cual se beneficiará a la mayoría de los pequeños y medianos productores del país.

Al finalizar el encuentro, Gilberto Alegre, presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, anunció que recibió el proyecto del Poder Ejecutivo y que “ingresará formalmente” en las próximas horas.

Semillazo

Mientras tanto, integrantes de diversas organizaciones rurales se concentraron en la Plaza del Congreso, para llevar a cabo una masiva jornada en reclamo de la modificación de la ley de Semillas. Además de la visibilización del tema a través de feria y charlas, se entregaron proyectos de ley alternativos a los diputados.

El texto impulsado por el conglomerado multinacional implica además la eliminación de los derechos a ejercer el uso propio de las semillas y busca cobrar regalías en cada nueva etapa del cultivo, convirtiendo al Instituto Nacional de Semillas en una especie de “custodio” de los derechos. Otro motivo por el cual es rechazado este proyecto se debe a que concentra en pocas manos el patentamiento de la siembra.

“Exigimos que el Estado deje de impulsar el agronegocio, la aplicación de agrotóxicos y abandone el control de nuestra agricultura”, manifestaron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rama Rural.