La comisión directiva de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) resolvió realizar paro de 48 horas los días 25 y 26 de septiembre, tras el fracaso en la audiencia de conciliación con el Gobierno provincial realizada el viernes pasado, y al no haberse presentado hasta el momento ninguna modificación de la última propuesta salarial.

La medida responde al resultado de las asambleas realizadas la semana pasada en las distintas escuelas de la provincia, donde se determinó “Rechazar declarando insuficiente la propuesta salarial realizada por el gobierno, solicitándole una propuesta superadora y manteniendo el Frente Gremial Salarial Docente”.

Desde el gremio que agrupa a la docencia técnica entrerriana se recordó que la conciliación obligatoria dictada por el Juzgado Laboral Nº 4 a cargo de la Juez María Alejandra Abud, venció el viernes pasado y no se dispuso ninguna prórroga.

Asimismo, se aguardó hasta el lunes “una posible reconsideración de parte del gobierno, y que acercara una nueva propuesta que al menos merezca un análisis”. Como eso no ocurrió, se decidió “avanzar con los otros sindicatos dentro de Frente Gremial Salarial Docente”.

“Es la primera vez que fracasamos tanto en paritaria como en la Justicia”, sostuvo Amet.

“Lamentablemente es un gran fracaso, porque es la primera vez que fracasamos en todas las negociaciones salariales: las políticas que se hicieron en Casa de Gobierno, seguimos en la Secretaría de Trabajo, y es la primera vez en la historia desde la existencia de la ley 9624 de paritaria, que nos vamos de la justicia, de una conciliación obligatoria, sin haber llegado a un acuerdo. Por lo tanto, las partes quedamos liberadas para proseguir con las medidas suspendidas por el juzgado, y no nos queda mucha alternativa más que realizar las medidas de acción directa dentro del Frente Gremial Docente. Eso es lo que salió por mayoría de las asambleas en las escuelas y los mandatos que recibimos”, expresó Amet en un documento.

Por último, remarcó: “Se pretendía un monto mayor para recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Y al ser los montos no remunerativos, no va a los jubilados y no va a la obra social, y al ser no bonificable es totalmente distorsivo en la escala de antigüedad y en la parte de jerarquía, motivo por el cual se consideró que había que rechazar ese monto de 32.000 pesos”.