Los Gobiernos locales fueron invitados por la provincia a adherir al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (Ley provincial 10599), confirmó AIM. La medida está en sintonía fina con la exigencia del Gobierno Nacional de Mauricio Macri de no aumentar el gasto público, congelar la planta de personal y cumplir con metas fiscales que serán controladas por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
Macri presionó a las provincias a adherir al brutal ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora los Ejecutivos provinciales, como el entrerriano, deberán persuadir a los Municipios para que se acojan (de hecho o de derecho) al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (la Ley nacional 27.428).
La medida se dará en un escenario complejo, ya que los municipios comenzarán a atravesar una situación difícil a partir de la disminución en volumen el dinero que ingresará en coparticipación y que los giros no alcanzarán (ya que nominalmente Nación devuelve algunos puntos de coparticipación pero en volumen de capital alcanza cada vez menos por la inflación), a lo que hay que sumarle los créditos que tomaron algunos intendentes con un dólar a 18 pesos.
Precisamente, el contexto económico y social plantea un horizonte oscuro para los municipios entrerrianos, ya que las comunas deberán aplicar los mismos criterios que utiliza la provincia para llegar a un déficit cero al 2019.
Cabe recordar que la adhesión provincial a la norma nacional se logró bajo presión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se ocupó –personalmente- de extorsionar a las provincias para profundizar el brutal ajuste. El texto aprobado con fuerza de Ley el 19 de junio sin debate en al Cámara de Diputados de la provincia y promulgado y publicado por Gustavo Bordet consolida el ajuste en la provincia, ya que establece que el Estado entrerriano se pliega a las reformas del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Precisamente, los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se comprometen “a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) para cada jurisdicción”.
Además, se calcularán “parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público”, indicadores que deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y su medición deberá ser publicada.
Asimismo, se tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de las jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.