Las comunidades de pueblos indígenas de la provincia piden ser reconocidas por el Estado provincial fáctica y políticamente. “Tenemos mucho por decir sobre la economía popular, la economía indígena y el cuidado del medio ambiente”, afirmó a AIM el representante del pueblos Nación Charrúa ( CPI) ante el Instituto de Asuntos Indígenas (Inaí), Vocero de la comunidad "Charrua Etriek", Héctor Ramón Santomil.

Después de la campaña de exterminio, de creer que el pueblo Charrúa no existía más, “venimos de un proceso de más de dos décadas de visibilizarnos, porque no dejamos de existir”, afirmó a esta Agencia el integrante de la comunidad Etriek.

En ese sentido, explicó que quieren que se los reconozca “no de forma simbólica sino real, con respuestas concretas a los pueblos y, además, que se nos escuche y aportar a la agenda política en el gobierno provincial, porque somos guardianes de la naturaleza y tenemos mucho que decir sobre el envenenamiento de las tierras, los desmontes y las quemas”.

En ese marco, las comunidades están “en un proceso de unidad y debate para poner en evidencia la situación de los más de 40 pueblos que existen en Argentina, con 36 lenguas”, indicó el integrante de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina (Matria), quien remarcó que “hay muchas cosas que están pendientes de los derechos de los pueblos originarios”.

En Entre Ríos “se necesita trabajo y vivienda”, indicó el vocero, quien detalló: “En algunos casos pudimos llegar (mediante las organizaciones) a actividades productivas acordes a cada uno de los integrantes pero falta mucho y hay casos cuando se sale a pescar la Policía quita el alimento que se hicieron”. Además, explicó que muchos precisan viviendas dignas porque “viven en terrenos fiscales y montan sus casas con silo bolsas, es decir, la situación es muy difícil”.

Precisamente, el consejero de participación indígena contó que el problema de los territorios ancestrales no solo es un conflicto local, sino que la pugna se da en todo el país “ante el vencimiento de la norma que prohibía el desalojo de la comunidad indígena (Ley 26160) de su territorio ancestral, lo que hizo que se monte un acampe y varias comunidades comiencen a reorganizarse, encontrarse y buscar la unidad y a dialogar con otros sectores como organizaciones sociales y sindicatos”.

En contraposición al relato de la historia oficial donde los pueblos originarios eran considerados un ‘problema’ por los pensadores eurocentristas, hoy “somos quienes pretendemos aportar una visión diferente desde nuestra cultura y la relación que tenemos con la naturaleza, porque para los conquistadores éramos un problema porque nos invadieron y destruyeron todo eso que nos da la pacha mama (Onkaiujmar), e intentaron aniquilar nuestras comunidades pero no lo lograron”.

Pero hoy, el panorama comienza a cambiar con la Runasur y el escenario latinoamericano traza un nuevo horizonte donde la plurinacionalidad y la deuda con las comunidades originarias se vuelven buscan una respuesta concreta del Estado Argentino.