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Política
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López Murphy denunció penalmente a Alberto Fernández por subir las retenciones por decreto

“No puede la más alta magistratura del Estado, atropellar los postulados de nuestra Constitución Nacional”, destacó el legislador nacional y agregó que modificar los derechos de exportación es potestad del Congreso y no del Ejecutivo

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy denunció ayer penalmente al presidente Alberto Fernández por subir por decreto las retenciones al aceite y la harina de soja.

En medio de las asambleas y movilizaciones anunciadas por los productores rurales, López Murphy utilizó su cuenta de Twitter para hacer el anuncio y fundamentar su decisión. “Acabo de denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo", señaló.

Y continuó: “Soy Diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder. La calidad de nuestra democracia, vapuleada desde hace algunos años por gobiernos que detentan un poder ilimitado, sin frenos ni contrapesos, debe comenzar a sanearse a partir de la reivindicación inexcusable de la vigencia del estado de derecho, del cumplimiento de la ley y de la Constitución Nacional, que al organizar nuestra República establece la división de poderes para impedir que la preponderancia del Poder Administrador desparrame sus tentáculos amenazando las facultades de otro de los poderes de estado, como es el Congreso de la Nación”, señaló el dirigente liberal en su denuncia.

Con el fin de controlar los precios, el Gobierno publicó decretos que ponen en marcha el aumento de 31 por ciento a 33 por ciento de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, en el inicio de lo que el presidente Fernández llamó "la Guerra contra la Inflación". Se señaló a la invasión rusa en Ucrania como una de sus causas.

A través del decreto 131 de 2022, el Gobierno suspendió “hasta el 31 de diciembre” el decreto 790 de 2020 en el que se reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31 por ciento y volvió a reponer el valor de 33 por ciento fijado en el decreto 230 del mayo de ese año.

Por otro lado, el ejecutivo dio luz a la creación del Fondo Fiduciario Público “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, “con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”, según se especificó.

Mediante el decreto 132, se especificó que el Contrato de Fideicomiso del Fondo será suscripto por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la cartera a cargo de Matías Kulfas, “y la entidad pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada que designe la Autoridad de Aplicación en calidad de fiduciario”.

“La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales”, sostuvo el Gobierno en sus considerandos.

Según el decreto, el Fondo Estabilizador pretende “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas”.

Sin embargo, se aclaró que se excluirán del alcance del Fondo las 800.000 toneladas de harinas destinadas a la exportación previstas en el fideicomiso privado creado el 4 de marzo por una resolución conjunta de los ministerios de Desarrollo Productivos y de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como también los productos del Programa de “Precios Cuidados” previstos en el fideicomiso de referencia.

En este sentido, el Fondo Estabilizador del Trigo se solventará con la suba de retenciones temporal establecida en el decreto 131, “cuyo objetivo será estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.

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