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Política
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Macri rechazó la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema

El expresidente destacó que su experiencia le indica que la "confianza en la Justicia" es indispensable para la estabilidad democrática, y que eso no se logra con jueces tan cuestionados.

Mauricio Macri rechazó la decisión de Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. En su cuenta en X, el expresidente argumentó que este mecanismo no es correcto y que los jueces deben contar con mayor consenso. Además, afirmó que la confianza en la Justicia es clave para la estabilidad democrática y respaldó la postura mayoritaria dentro del PRO, reflejada en un informe de la Fundación Pensar.

El secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Martín Casares, también criticó la medida, señalando que los jueces designados en comisión dependen del aval posterior del Ejecutivo y el Senado, lo que compromete su independencia. Según Casares, este procedimiento debilita la división de poderes y afecta la confianza en el Poder Judicial.

El PRO discutió el tema en una reunión encabezada por Macri en su sede de la calle Balcarce. Participaron dirigentes como Diego Santilli, Cristian Ritondo, Jorge Macri y Soledad Martínez, mientras que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lo hizo de manera virtual. En el encuentro, se reafirmó la postura del partido en contra de la designación por decreto.

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda, comparó esta situación con el intento de Macri en 2015 de nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte. Explicó que, aunque fueron propuestos por decreto, no asumieron en comisión y finalmente fueron aprobados por el Senado en 2016, tras un dictamen favorable de la comisión de acuerdos.

Lacunza destacó que la diferencia con la actual decisión de Milei radica en los tiempos y la falta de acuerdo del Senado. Mientras en 2015 el proceso incluyó el aval legislativo, ahora Milei avanza con los nombramientos sin consenso, pese a que el Senado tuvo nueve meses para debatir la cuestión.

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