La marcha de este 24 de marzo, convocada por la Multisectorial de derechos humanos, fue multitudinaria. La concentración se realizó en plaza Sáenz Peña y concluyó con un acto frente al museo de Bellas Artes, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico, militar, clerical y patriarcal en Argentina. El documento que se leyó recordó a las víctimas del terrorismo de Estado y sus luchas, apoyó a la gestión nacional y se realizaron reclamos a la justicia y a los gobiernos provincial y municipal, registró AIM.
Ante la pandemia, en el 2020 se realizó un pañuelazo y este 2021 -con medidas de distanciamiento social- los movimientos de derechos humanos acompañados por ciudadanos independientes, gremios, organizaciones sociales y partidos políticos volvieron a ganar el territorio en diferentes puntos del país: “Hoy volvemos a la calle porque venimos a reforzar la memoria, con un mensaje de unidad del campo popular, porque entendemos que con organización y movilización, con la participación activa del pueblo como sujeto histórico, podremos construir un proyecto de país con soberanía y justicia social, como lo soñaron y buscaron nuestros 30 mil desaparecidos y desaparecidas”.
En Paraná, la concentración superó las expectativas de los organizadores. La marcha comenzó en el Monumento a la memoria, pero, esta vez, el recorrido, el acto y el cierre se alteraron para evitar sostener las medidas de bioseguridad ante la pandemia del Covid-19.
Se volvió a marchar porque la calle es un territorio de disputa, de construcción política: “En el 2020 asistimos al particular fenómeno de sectores antipopulares que han salido a ocuparla, bajo gran cobertura de los medios de comunicación hegemónicos. Son aquellos sectores que pregonan el ‘sálvese quien pueda’; que pretenden sostener sus privilegios de clase aun a costa de miles de vidas y embanderados desvergonzadamente bajo los símbolos patrios. Durante este tiempo la derecha avanzó en el espacio público con sus discursos y prácticas de odio, con el objetivo de atacar a un gobierno nacional y popular. Y para eso movilizó sus estructuras políticas, económicas, mediáticas y judiciales. Por eso volvemos a marchar, porque ocupar la calle, del modo responsable en que hoy lo hacemos, también es una acción política con sentido solidario. Es una necesaria manifestación de que el movimiento de derechos humanos, los movimientos sindicales, universitarios y políticos del campo popular, apoyamos las decisiones que cuidan la vida, reclamamos la profundización de un modelo económico de lucha contra la pobreza y rechazamos que la crisis la paguen los más vulnerables. No disputar la calle con nuestras consignas es seguir relegando nuestro lugar histórico de lucha al programa de la derecha, que busca más exclusión y más muerte. Por eso marchamos”.
A 45 años del golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico y patriarcal, “levantamos nuestra voz para decir Nunca Más al terrorismo de Estado, a las políticas neoliberales y a los golpes de Estados en los países hermanos de América Latina”.
“Estamos en la calle para homenajear a nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, a nuestros muertos y muertas y a los compañeros y compañeras sobrevivientes de la dictadura genocida. Seguimos en las calles, de donde nunca nos fuimos, porque creemos que a través de la voz colectiva se conquistan los derechos del pueblo y se defienden esas conquistas. Levantamos bien alto la voz porque nunca dejaremos de luchar por la memoria, la verdad y la justicia”, aseguraron en el documento.
“Exigimos a los operadores judiciales que comprendan los procesos históricos”
La Multisectorial confirmó el compromiso de lucha por el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes: “Celebramos la sentencia en la Causa El Brete, en donde se condenó a Carlos Carvallo, quien se mantuvo prófugo de la justicia por más de cinco años. También, después de 43 años logramos una sentencia justa contra los responsables de la desaparición forzada de Jorge Emilio Papetti y de distintos crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 20 víctimas”.
En ese sentido, se indicó que “en tiempos de pandemia, de distanciamientos y cuando el Poder Judicial pretendió nuevamente cerrar las puertas a un acto de reparación como son estas sentencias, fueron los organismos de derechos humanos quienes empujaron a través de la creatividad y la perseverancia para que sean públicas, se transmitan, se difundan y puedan llegar a las víctimas, a sus familiares y a toda la comunidad. Porque estas sentencias constituyen no solo verdad jurídica y reparatoria, sino una conquista de la lucha colectiva”.
“Y por ello les exigimos a los operadores judiciales que comprendan los procesos históricos culturales y políticos que contienen estas luchas, que empaticen con los sujetos a ese poder judicial, que puedan encontrarse en las diversas realidades sobre las que deben entender que no se trata de un mero expediente judicial, que deben abordarse reconociendo su dimensión”, subrayaron.
Apoyo al gobierno nacional
Por otro lado, en el documento consensuado se advirtió respaldó al gobierno nacional de Alberto y Cristina Fernández: “Advertimos sobre una de las nuevas estrategias de dominación del poder imperial en la región: el Lawfare. Un método llevado a cabo mediante la articulación de los medios de comunicación hegemónicos, sectores del poder judicial y servicios de inteligencia para atacar y destruir a opositores políticos, que ha deteriorado gravemente el estado de derecho en toda américa latina”.
En ese marco, apoyaron “los proyectos de Reforma del Poder Judicial, porque los consideramos no solo necesarios sino urgentes para nuestro sistema democrático. El contexto institucional entre el lawfare y los femicidios, con participación o desidia policial y judicial, hace que esta reforma sea parte de los reclamos y reivindicaciones más fuertes que hacemos en este 24 de marzo. Y lo decimos claramente: el Poder Judicial es aristocrático, clasista y patriarcal. Sus estructuras mafiosas se descomponen dia a dia ante la mayoría de la sociedad que descree, como nunca antes en la historia, del servicio de justicia en la Argentina”.
Además, denunciaron que el pacto mafioso que implicó durante décadas la utilización de los servicios de inteligencia para la ‘gestión’ de lo judicial es el que debe terminar: “Ese mismo pacto que sostiene a funcionarios y magistrados vinculados con el espionaje ilegal a políticos, dirigentes y periodistas. Por ello la decisión de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia y la prohibición de que sus agentes participaran en temas judiciales fue un primer paso, pero debe producirse una reforma integral del sistema de administración de justicia para que nuestra democracia no sea una mera formalidad”.
“Reforma judicial es acceso a derechos, es la lucha por la ampliación de derechos, el control y la transparencia del poder, la investigación del financiamiento ilegal de la política, el acceso a la información. Hoy la administración de justicia no nos permite pelear por esos derechos porque los ahoga en sus laberintos, en sus papeles, en su lenguaje superficial y antiguo, porque otorga y promete impunidad a los poderosos. Necesitamos construir definitivamente un Nunca Más a los sótanos de la democracia y que el Poder Judicial de una vez por todas sea un verdadero sinónimo de Justicia”, indicaron.
En este 2021 “nos encontramos reconstruyendo un país devastado. En primer lugar, por el programa de miseria planificada ejecutado durante 4 años por la Alianza Cambiemos, que contó con el apoyo de las grandes corporaciones económicas, mediáticas y judiciales, conducidas por el imperialismo norteamericano. Este es el mismo proyecto de país que se implementó en el ‘55 y en el ‘76 y que ha sumido en la pobreza, la desocupación y la miseria a millones de argentinas y argentinos. Este programa de las corporaciones y la oligarquía terrateniente fue derrotado por el pueblo argentino en 2019 pero dejó consecuencias profundas en la sociedad y en la economía”.
Además, dijeron que “desde el año pasado nos toca enfrentar una pandemia mundial con un sistema nacional de salud desmantelado por 4 años de políticas de vaciamiento y desatención. Esos mismos sectores son los que hoy promocionan la venta de vacunas en farmacias, su comercialización privada para quienes puedan comprarla e inclusive el acceso al mercado internacional por instancias ajenas al Estado Nacional”, por lo que luchan “por un sistema de salud integrado con acceso popular y democrático. Por la profundización del plan de vacunación, con distribución equitativa de las vacunas. Hoy estamos acá movilizados también por nuestros viejos y viejas, por los que no pueden marchar junto a nosotros y nosotras, y que están esperando su turno para vacunarse. Sabemos que el acceso a este derecho se da en un contexto de disputa geopolítica por la producción, comercialización y almacenamiento de las vacunas contra el COVID-19”.
“Se evidencian de este modo las profundas desigualdades que sufrimos las naciones de la llamada periferia del capitalismo. Las corporaciones farmacéuticas mundiales pretenden sostener un modelo mercantilista de la salud, que aliadas a las potencias más poderosas del planeta, buscan maximizar sus ganancias y concentrar la tenencia de vacunas, en contra de los postulados de la Organización Mundial de la Salud. Apoyamos el reclamo del Estado Nacional, quien junto a otros países como India y Sudáfrica, vienen planteando la necesidad de liberar, hasta que se inmunice a un buen porcentaje de la población mundial, la propiedad de las patentes por parte de los laboratorios y que se pueda alcanzar un nivel de producción de vacunas que permita poner el derecho a la vida por encima de la rentabilidad de unos pocos”, subrayaron.
Críticas y reclamos al gobierno provincial
Más allá del apoyo al gobierno nacional, en la provincia, la Multisectorial advirtió que los últimos años fueron víctima del gatillo fácil Sebastián Briozzi, Gabriel Gusmán, Miguel Varela e Iván Pérez: “De esto hablamos cuando decimos justicia clasista, estos hechos deben investigarse y tal como se realizó en Gualeguaychú en el caso de Pérez, que en los próximos días se iniciará el juicio oral y por jurados y que esperamos se obtenga una condena justa. En la otra costa de la provincia, la familia de Gabriel Gusmán sólo obtuvo por parte de los encargados de investigar su muerte el archivo de la causa con argumentos defensistas de los policías involucrados”.
El Estado entrerriano, “en sus tres poderes, debe comprometerse con los principios democráticos de seguridad, debe sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de nuestras fuerzas de seguridad. No existe en el Ejecutivo Provincial ninguna política pública que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional y en la prevención de estos delitos. En este sentido, lo ocurrido días atrás en Avenida Racedo demuestran que la represión no puede ser el modo de intervenir en los conflictos sociales. Por eso le exigimos a la Municipalidad de Paraná y al Poder Judicial que privilegien el diálogo para la resolución del conflicto y garanticen el derecho a la legítima protesta de la ciudadanía, respetando la integridad de quienes reclaman”, apuntaron.
Además, pidieron a la legislatura de la provincia “que integre la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para conformar el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos inhumanos, crueles o degradantes. La necesidad de su aplicación lo demuestran las condiciones inhumanas que deben padecer quienes son alojados en distintas unidades del sistema carcelario provincial, como así también en la Alcaidía contravencional de esta ciudad. En este aspecto también, la pandemia de coronavirus dejó expuesta la situación de violaciones a los Derechos Humanos que sufren las personas privadas de la libertad. Es urgente e imperioso que se sancione una Ley de Contravenciones que respete y garantice los derechos humanos”.
Asimismo, exigieron al gobierno provincial “que ponga en el centro de sus políticas a los derechos humanos, que garantice el funcionamiento de las áreas destinadas a la investigación en las causas por delitos de lesa humanidad, en el acompañamiento a las víctimas y testigos que le ponen el cuerpo cada vez que se sientan en los estrados judiciales”.
Por otro lado, dijeron que “urge la sanción de la Ley de Emergencia en violencia de género en la Nación y Provincia; políticas y presupuesto efectivo para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y disidencias. Exigimos cuidar de verdad a niñas, niños y adolescentes, combatiendo y denunciando a los abusadores sexuales, dejando de naturalizar los embarazos forzados, y de idealizar a las niñas madres”.
También se celebró la sanción de la ley de inclusión laboral trava-trans en la provincia y el decreto nacional que rige en la administración nacional, pero necesitamos que sea efectiva, que el piso del uno por ciento sea realidad y se supere rápidamente: “Es urgente. Exigimos el cumplimiento de la ordenanza de cupo laboral trava-trans en el municipio, como también la reincorporación de les compañeres despedides durante el 2019. La exclusión y la marginalidad sigue llevando a las personas trava-trans a tener una expectativa de vida inferior a los 40 años”.
Por: Renzo Righelato, AIM.