La Cámara de Diputados no trataría el proyecto de Ley que pretendía arancelar la salud pública entrerriana, según informaron fuentes a esta Agencia. La iniciativa no fue bien recibida por legisladores del justicialismo.

La iniciativa de arancelamiento y recupero del sistema público provincial de los senadores Horacio Amavet y Jorge Maradey, que buscaba establecer “la obligatoriedad del cobro por parte de los efectores públicos de los servicios brindados a beneficiarios”, generó un fuerte rechazo en la esfera pública por parte de los sindicatos y dirigentes sociales de diferentes sectores.

El texto –que logró media sanción en el Senado- no tiene consenso para ser tratado en comisión, ya que muchos de los diputados y diputadas oficialistas no están de acuerdo con el espíritu de la propuesta, según indicaron a esta Agencia.

La idea no sería compartida por diputadas y diputados por su Lógica neoliberal, ya que la propuesta trae en sí un peligroso cambio de paradigma: convierte un derecho en una mercancía, ya que considera la salud pública como “servicio” a ser facturado. Así se apuesta a que los hospitales y centro de salud sean “rentables”, ya que no solo apuntaba a recaudar por prestaciones a afiliados a obras sociales sino que, también, abría la puerta para cobrar a los ciudadanos sin obra social que se atendieran en efectores públicos.

Así, los senadores querían que el sistema de salud de Entre Ríos sea ‘redituable’, es decir, buscan de una forma u otra instalar en la sociedad que la salud no debe generarle un ‘gasto’ al Estado, considerándola una mercancía que cree recursos cuando, en realidad, el sistema de salud pública debe garantizarse a toda la población, porque es un derecho humano.

Por otro lado, el arancelamiento actual (y lo que establece el proyecto de Ley) fija un porcentaje del ‘arancelamiento’ que se le paga a los trabajadores y trabajadoras atado al presentismo, es decir, es una herramienta de disciplinamiento que clausura la posibilidad de discutir en paritarias, ámbito natural de debate de las condiciones laborales y salariales.

Según fuentes del Senado el texto solo reglamentaba algo que estaría en práctica y el cobro a personas sin obra social era un pedido del Ministerio de Salud, sin embargo el supuesto lobby de la cartera que conduce Sonia Velázquez aparentemente no resultó en Diputados donde no habría voluntad de tratar el expediente ni siquiera en comisión.