Con un burdo intento de recuperarse del fuerte desgaste sufrido en los últimos meses y de ganar las próximas elecciones, el gobierno nacional anunció medidas a las que siempre se opuso, y que además criticó duramente en el gobierno anterior: los precios congelados y cuidados, el freno a tarifazos adicionales, y beneficios para jubilados y pymes. Por Luis Lafferriere (*)

Muy a pesar de sus intereses y su ideología, seguramente con mucho asco y bronca, decidieron dejar de sacarles hasta la última gota de sangre a las mayorías (su Plan A), permitiendo el derrame transitorio de algunas migajas como para demostrar que se preocupan por la gente y que tienen algo de humanidad (un Plan B de seis meses).

El documento oficial dado a conocer contiene algunas grandes mentiras (parte del relato fantástico que ofrece el gobierno a los ciudadanos como si fueran niños de jardín), y anuncios de medidas de alcance limitado, que suponen un cumplimiento relativo, condicional y de difícil control.

Las grandes mentiras del ‘Relato M’

- “Creemos que, habiendo empezado a estabilizar la cuestión cambiaria, llegó el momento de traer un poco de alivio a los argentinos”.

Afirmar que ha empezado la estabilidad cambiaria es ofender el sentido común. El país está desde hace tiempo en cesación de pagos y con un dólar dibujado, sostenido con pulmotores y el respirador artificial del préstamo del FMI. Y no existe ninguna duda de la imposibilidad absoluta de sostenerlo por mucho tiempo más, sin entrar en default también con el Fondo (deberemos acostumbrarnos a ver el ‘riesgo país’ en las nubes).

En todo caso, frente a una estabilidad cambiaria provisoria, ficticia y sostenida con alfileres, el gobierno aspira a que no le explote la bomba antes de octubre, y para eso no duda en asumir cualquier compromiso, incluyendo la renuncia a nuestra soberanía. La masa gigantesca de capitales especulativos en pesos que se multiplica con la generosa y astronómica tasa de interés pagada por el Banco Central no tiene otro fin que la fuga posterior de capitales, que por supuesto se producirá en dólares. Cuando esto ocurra la supuesta ‘estabilidad cambiaria’ estallará a pedazos.

Y hablar de traer alivio a los argentinos es una afirmación un tanto hipócrita, ya que alivio significa mejorar la situación existente, y las medidas anunciadas aun cumpliéndose no implican mejoras a la situación actual, sino atemperar muy limitadamente los futuros sacrificios que se vienen. La cantidad de pobres, indigentes, desocupados, quebrados, endeudados, etc, continuarán lamentablemente sin ningún alivio con estas medidas.

- “Hemos acordado una serie de medidas que tienen como objetivo profundizar la lucha contra la inflación y ayudar a reactivar la economía”.

No existe ningún indicio que el gobierno tenga como objetivo profundizar la lucha contra la inflación, porque no sólo que ni siquiera la ha iniciado, sino que es el principal impulsor de la suba generalizada de precios que alcanza niveles récords en lo que va del siglo, con medidas que en lugar de apagar el fuego inflacionario implican arrojarle combustible para activarlo.

Desde la devaluación inicial de diciembre de 2015 hasta la dolarización de los combustibles, pasando por los tarifazos inhumanos e irracionales, la suba de impuestos y tasas de interés impagables, el gobierno apuesta a la existencia sostenida de una elevada inflación, que cumple varios objetivos a la vez: pérdida del poder adquisitivo de las mayorías, mayor recaudación tributaria, menor gasto público en salarios y jubilaciones, transferencia de ingresos a un puñado de grandes corporaciones.

Tampoco tiene como un objetivo real el reactivar la economía, cuando en realidad el propio gobierno generó una crisis autoinducida para provocar una recesión que tiene claros y reducidos grupos de beneficiarios, y una inmensa cantidad de víctimas. Todo con la intención de lograr una fuerte pérdida del poder adquisitivo de amplias franjas de la población, y con ella la baja del consumo y de la actividad económica. De esa manera, al bajar el consumo, quedan más saldos exportables, bajan las importaciones, y la recesión económica permite generar más dólares… que los especuladores, los acreedores y los inversores externos necesitan para vaciar el país.

- Para bajar la inflación en el largo plazo son indispensables los cambios profundos y estructurales que venimos implementando en estos años.

Aun tomando la propia teoría liberal que sostiene que la causa de la inflación obedece al déficit fiscal, los cambios que se vienen implementando garantizan que tendremos un elevado déficit fiscal por mucho tiempo, como consecuencia de la suba sideral de la deuda pública y su secuela del incremento de los intereses de la misma. Esto promete a futuro un alto déficit fiscal, que sumado al cuasi fiscal producido por el Banco Central involucran montos superiores al 10% del PBI. En todo caso, si continuara el actual plan económico en el largo plazo, podría llegarse a suprimir el déficit fiscal… pero a costa de la eliminación física de millones de argentinos sobrantes para el proyecto dominante.

- En el corto plazo, sin embargo, tomamos medidas que protegen a los argentinos en esta etapa de transición, para que juntos podamos ganarle a la inflación.

Finalmente, y como veremos enseguida, las medidas del corto plazo no protegen a los argentinos ni rozan siquiera a la inflación récord que han provocado en estos años.

Las medidas tomadas: retazos kirchneristas por seis meses

Se plantea un acuerdo con grandes empresas, quienes se comprometen a congelar el precio de un total de 60 productos (que figuran dentro del marco de precios cuidados) sobre un universo de 20 mil productos que mide el Indec.

Eso significa que la medida tiene un alcance ínfimo en la canasta familiar, pero además que no se busca frenar la inflación, por el limitadísimo efecto global. Por otro lado, como ya vimos, no buscan terminar con la inflación puesto que la misma es necesaria para los planes del gobierno, ya que le permite la suba de los ingresos tributarios aunque haya recesión, a la vez que disuelve los salarios y haberes que debe abonar el Estado.

El limitado alcance de las medidas muestra también que entre los productos involucrados, no hay frutas, ni verduras, ni huevos, que son alimentos fundamentales para una dieta sana.

Por otra parte, si bien habrá algunos cortes de carne a precios accesibles, estarán sólo disponibles en el Mercado Central y a través de los frigoríficos exportadores (un puñado reducido de empresas que ni por asomo cubrirán el territorio nacional). Pero además, considerando el consumo actual de carne al año (de 2,5 millones de toneladas) representa apenas el 0,24% del mercado local (¡!).

No obstante, y con todas las limitaciones señaladas, ni siquiera hay compromisos de cumplimiento obligatorio, sino sólo ‘un pacto de caballeros’, cuando se sabe por anticipado de qué manera cumplen su palabra los ‘caballeros corporativos’ cuando de dinero se trata.

Pero aun en el caso de que lo pactado se cumpliera efectivamente, son acciones paliativas muy limitadas que constituyen ‘muy poco pan para hoy y mucha hambre para mañana’, ya que terminado el plazo electoral la voracidad de las corporaciones se desatará con mucho más fuerza.

Agravando la situación, como si todo eso fuera poco, es de público conocimiento que hubo un tsunami de aumentos de los precios de esos productos en los días previos, que significaron subas por anticipados de bienes esenciales, del 10, 20 y hasta más del 30 por ciento (como el caso de una leche de segunda marca en precios cuidados, que subió previamente al anuncio un 33 por ciento), cuando los mismos productos ya venían de subas superiores al 60, 70 y hasta 100 por ciento en el último año.

Entre el resto de las medidas anunciadas, se observan promesas aún no definidas en detalle, de descuentos de entre el 10  y el 25 por ciento en diferentes rubros para beneficiarios de Anses, pero siempre que compren con la tarjeta de débito asociada a esa entidad.

Eso supone que se parte de una ya conocida limitación, porque esa modalidad de compra no llega a reflejar las pautas de consumo predominantes en un vasto segmento de jubilados, que por un lado no utilizan esa tarjeta para sus compras, y por otro lado en su gran mayoría apenas si pueden adquirir alimentos o medicamentos. Aunque todos esos descuentos son bancados con los recursos de la Anses, es decir, de los propios jubilados.

Se anuncian también descuentos en los precios de los medicamentos, un elemento vital para los ancianos, que fueron víctimas de medidas de gobierno que los vienen perjudicando abiertamente (como la supresión de remedios gratuitos que recibían). Pero el anuncio de los descuentos de medicamentos a jubilados, no especifica a cuáles abarca, ni en qué farmacias se realizarán.

Respecto de la promesa de créditos a este castigado segmento de la población, los recursos saldrán también de los fondos de Anses. Aunque el costo sideral del interés que se aplicará a tales créditos constituyen salvavidas de plomo que hundirán más aun a quienes decidan tomarlos (el anuncio oficial habla de tasas mínimas del 40 por ciento anual y de ahí para arriba, que implica un costo financiero impagable).

Las tarifas de servicios públicos asfixiantes tendrán un tope temporario, muy reducido

En materia de energía eléctrica, anuncian que no habrá nuevos aumentos, por lo que la suba del año “se limitará” al ya sufrido del 43 por ciento, y sólo dentro del área metropolitana. En el gas mantienen el aumento anunciado durante tres meses (un 10 por ciento en abril, nueve por ciento en mayo y ocho por ciento en junio) pero sería “el último del año”. Y para cerrar los espejitos de colores de las tarifas supuestamente congeladas del gas, prometen que durante los meses de invierno habrá un descuento del 22 por ciento... Claro, será sólo para los de menor consumo pero a pagar después de las elecciones, en las facturas de los meses de verano. Por eso hablan de ‘aplanar las tarifas de las facturas’, pero en realidad no es un aplanamiento sino un escalonamiento, un ‘patear para adelante’ lo que se deberá pagar igualmente. Finalmente, en relación al servicio de provisión de agua potable, en principio Aysa tenía previsto un incremento del 27 por ciento para mayo (luego del 17 por ciento aplicado en enero) que se aplicaría igual.

En síntesis

Estos retazos de kirchnerismo anunciados por el gobierno macrista constituyen apenas una aspirina para curar el cáncer (que ellos mismos provocaron), pero envuelta en papelitos de colores. No significará cambios sustanciales a la grave crisis económica y social, y es de desear que tampoco influya en la decisión de los votantes de repudiar uno de los planes más antipopulares que haya impulsado un gobierno elegido por el pueblo.

Luis Lafferriere es contador público nacional y  profesor en la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner).

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