En el marco de la crisis social, económica y sanitaria provocada por el Covid-19, muchos inquilinos de todo el territorio argentino vieron mermados los ingresos. Esto provocó que acumulen cuantiosas deudas en los alquileres, dando un pronóstico muy negativo de cara octubre de 2020, donde las subas del valor de la cuota de alquiler podrían escalar a porcentajes de 150 por ciento o más. Asimismo, “vemos aún hoy latente el riesgo de desalojo a pesar de la vigencia del DNU 320/20, dada las dificultades para asegurar su implementación”, advirtieron a AIM desde la Consejerías de Viviendas.

Dado el inminente vencimiento de dicha norma, y teniendo en consideración el riesgo de vulneración del derecho a una vivienda digna, tal como estipulan la Constitución Nacional, Constituciones locales y diversos tratados internacionales, desde la organización, “solicitamos al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación (presidido por la María Eugenia Bielsa) la extensión del DNU 320/20 hasta marzo de 2021, prorrogando así los contratos de alquiler y la prohibición de desalojos”.

Asimismo, piden el mismo se amplíe a la suspensión real de todos los desalojos (por falta de pago de locaciones con o sin contrato, así como los devenidos por causas que tramitan en juzgados de distintos fueros).

También solicitan la modificación de la cantidad de cuotas para saldar las deudas contraídas durante la vigencia del DNU a 24 meses y que el diferencial por congelamiento no deba ser abonado por los inquilinos, sino que sea costeado por el Estado (en caso que el alquiler del inmueble represente el unico ingreso para el Locador) o por el Locador o grupo inmobiliario, inversor, etc (en caso de tratarse de personas o entidades que poséen más de un inmueble para arrendar)

La organización, con sede en Caba, tiene como objetivo dar una respuesta rápida ante situaciones de urgencia, como de generar soluciones definitivas y colectivas en relación a la vivienda, cuestionando el sistema socioeconómico y las políticas públicas.