Oficialismo y oposición están cada vez más cerca de arribar a un consenso en torno a la ley de financiamiento de partidos políticos. El jefe del bloque radical Ángel Rozas presentó una propuesta de dictamen que recoge propuestas de otros bloques y de especialistas, y el tema será tratado este miércoles desde las 11 en una nueva reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, supo AIM.

El proyecto incluye habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales, algo que hoy tienen prohibido. Según esta redacción, “los partidos políticos no podrán recibir por año calendario aportes para desenvolvimiento institucional de una misma persona humana o jurídica superiores al monto equivalente al dos por ciento del monto que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”.

Además, se establecen procedimientos muy claros para la transparencia y trazabilidad de los aportes que reciban los partidos políticos, y se fijan además montos máximos de aportes que solo pueden ser efectuados mediante transferencia bancaria, tarjetas de crédito, cheque o cualquier otro medio digital que permita la identificación fehaciente del donante.

También se incorporaron modificaciones referidas al Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión, y otras que tienen que ver con las sanciones que se le puedan aplicar tantos a los medios que incumplan la ley como a las empresas de encuestas y sondeos.

Asimismo, desde los ocho días antes de cada elección y hasta tres horas después del cierre, ningún medio de comunicación podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, ni referirse a esos datos.

Otro de los puntos del pre-dictamen es que si se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral.

En ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario, en consonancia con un planteo formulado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).