La Fundación Cultura Ambiental Causa Ecologista (Cauce) difundió un documento en el que analiza los proyectos de infraestructura y energía en la región financiados por China, en relación a los derechos consagrados en los tratados y leyes existentes en Argentina. La información está actualizada a diciembre de 2023.

Se plantean las implicancias geopolíticas de su accionar, el entramado de instituciones financieras con las que cuenta, las iniciativas y proyectos que financia y los impactos socioambientales que derivan de estas inversiones, principalmente los relacionados a megaobras de infraestructuras y actividades extractivas.

La Fundación resaltó como cuestiones preocupantes las cláusulas de confidencialidad y la falta de políticas y marcos ambientales y sociales por parte del Estado chino y las instituciones financieras de las que es miembro o propietario. Esta situación deriva en la responsabilidad exclusiva por parte de los países que reciben su financiamiento de hacer cumplir y respetar sus propios marcos regulatorios en materia ambiental y social.

En el caso de Argentina, se trata de hacer respetar su Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, las leyes de acceso a la información y participación ciudadana, la vigencia del Acuerdo de Escazú mediante Ley 27.566, los compromisos asumidos en torno al Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, entre otros.


Entre los proyectos que se ejecutan y han ejecutado en Argentina, mediante actores y fondos chinos, se cuentan: la Central Nuclear Atucha III en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en El Calafate, Santa Cruz; el Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento en Malargüe, Mendoza; la Estación de Energía Fotovoltaica Cauchari en Jujuy, inversiones en la extracción de litio en Salta y Catamarca, entre otros.


En Entre Ríos, las obras previstas con financiamiento chino son el Cierre Energético Norte y el Puente Paraná-Santa Fe.