Tras las elecciones primarias, la agenda económica del Gobierno continuará en los próximos días con anuncios importantes, el debate de un proyecto de ley que el ministerio de Economía considera clave y el primer pago de capital al Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo que se debate la resolución de un nuevo programa financiero.

La hoja de ruta del Palacio de Hacienda continuará esta misma semana con dos elementos decisivos de su política económica. En primer lugar, el miércoles presentará ante el Congreso el Presupuesto 2022. En ese proyecto, el ministro Martín Guzmán despejará algunas de las dudas que todavía persisten sobre la visión que tiene el oficialismo, por ejemplo, respecto a la inflación.

Sucede que el Presupuesto tendrá, además de las proyecciones, metas y asignaciones de fondos para el año próximo, una suerte de “actualización” de las estimaciones para lo que resta de 2021. Y uno de los indicadores que tendrá que recalibrar el Ministerio de Economía, en ese sentido, será el de la inflación con la que terminará este año. El cálculo del 29 por ciento anual con el que partió de base quedó vetusto solo con la suba de precios del primer trimestre.

Las estimaciones de mercado hablan de un IPC que debería terminar el 2021 en un rango más cercano al 47 o 48 por ciento, mientras tanto el objetivo del Gobierno, una vez “perdida” la referencia de ese 29 por ciento anual, es que -con la nominalidad que haga falta- los salarios le ganen a la inflación, y que el índice mensual de precios empiece en los próximos meses con un dos, en un lugar del tres por ciento que todavía persiste.


El Presupuesto 2022 arrojará además otros datos decisivos hacia futuro. Uno de ellos será el nivel de déficit fiscal que espera transitar el Gobierno nacional el año próximo. El número no solo será clave porque de él se podrá inferir cuánto dinero necesitará el Tesoro conseguir entre los inversores del mercado local y cuánto debería ser la asistencia del Banco Central, sino porque además ese indicador forma parte del núcleo duro de negociación con el FMI.

La mayoría de los analistas privados espera que este año termine con un déficit primario -sin contar el pago de intereses de deuda- menor al que se propuso el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2021, que era de 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno.

Ese “sobrecumplimiento” de la meta oficial respondió a que los ingresos del fisco fueron mayores a lo esperado por la suba de los precios internacionales de los commodities -y el cobro de más derechos de exportaciones que eso implicó- y la recaudación del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Por el lado del gasto, de todas formas, algunos rubros relevantes como el gasto social y el de jubilaciones tuvieron un recorte en términos reales.

El mercado y la oposición esperan además otras proyecciones oficiales del nuevo Presupuesto: entre ellas, cuál será el valor esperado del dólar mayorista durante 2022, el crecimiento del PBI, el gasto en subsidios tras un año en que los servicios públicos aumentaron a ritmo de un dígito tras una disputa interna entre dos alas del Frente de Todos, que incluyó un pedido fallido de renuncia al subsecretario de Energía Federico Basualdo.

El Gobierno tiene planeado presentar, el mismo día que el Presupuesto llegue al parlamento, otra iniciativa legislativa que considera clave: el nuevo régimen de promoción de la producción de hidrocarburos, un proyecto que demandó entre ocho y nueve meses de diseño por parte del ministerio de Economía en conjunto con YPF.

El anuncio del proyecto para impulsar la actividad petrolera y gasífera (convencional y no convencional) será realizado por el presidente Alberto Fernández junto al ministro Guzmán y al secretario de Energía, Darío Martínez, en un acto en el que estarán presentes sindicatos, empresas petroleras, gobernadores de provincias productoras y organizaciones de pymes y empresas regionales.

Tras un par de semanas en la secretaría de Legal y Técnica, el último paso que tuvo el texto de ley elaborado por el Palacio de Hacienda y la principal empresa energética del país, el secretario de Energía dijo estar “muy satisfecho porque el trabajo de consulta y participación realizado, de elaboración del texto llego a su fin, y tenemos ya un proyecto de ley que motorizar la actividad”.

Los distintos capítulos del texto de ley establecerán regímenes de promoción para el petróleo, el gas, las grandes obras de infraestructura y también para proyectos especiales, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos off shore. Los beneficios impositivos, aclararon fuentes ligadas a la elaboración del proyecto, estarán relacionados a un recorte del costo de capital que haga viable la inversión y que no prevé una rebaja de los tributos que deberán pagar las empresas por las ganancias de sus desarrollos.

Para el caso del petróleo, uno de los puntos decisivos del proyecto, los incentivos a la producción operan de dos maneras. Por un lado, el Gobierno establecerá una “línea de base” de actividad de cada firma a partir de la cual, en caso de que haya un excedente, comenzará a computarse lo que llaman producción “incremental”. Esa producción adicional tendrá garantizado un porcentaje de exportación -que comenzará en 20 por ciento, pero puede ser mayor según distintas particularidades de la ley como la recuperación de pozos inactivos o de baja productividad- y una libre disponibilidad de divisas que equivale al 50 por ciento de esas ventas.

De esa manera, el Poder Ejecutivo flexibilizará los controles cambiarios para que las empresas del sector -que en muchos casos suelen ser extranjeras- puedan utilizar a discreción parte de ese saldo en dólares, por ejemplo, para girarlo a sus casas matrices. Al igual que para la exportación garantizada que empieza en 20 por ciento pero que puede incrementarse, el 50 por ciento podrá ser levemente mayor si las empresas cumplen con otros puntos de la ley, como ciertos programas de protección ambiental o de inclusión laboral con perspectiva de género.

El Gobierno tiene cierto apuro para pasar la iniciativa por el Congreso. Estas semanas son clave porque las empresas petroleras terminan de determinar cuál será su proyección de inversiones para 2022. Si la iniciativa no se aprobara a tiempo, las compañías podrían quedar “fuera” de los beneficios del régimen de promoción y recién el año próximo podrían adecuar sus planes de inversión.

Tradicionalmente las compañías petroleras de todo el mundo cierran a fines de septiembre y principios de octubre su plan inversor, tanto para el año siguiente como pluniranual. Desde el Gobierno admiten que uno de los bordes temporales por lo que se aceleró la redacción de la ley fue por ese motivo. De todas maneras, confían en que “si las empresas ven que el proyecto cuenta con apoyo mayoritario o que se aprobó, pueden incorporarlo a sus proyecciones de inversión”, apuntó una fuente oficial.

Un dato que no pasa desapercibido por los despachos oficiales tiene que ver con el aumento del precio internacional del gas de las últimas semanas. La semana pasada la cotización del GNL (Gas Natural Licuado) que durante los meses de invierno importa la Argentina para cubrir la demanda interna alcanzó los 20 dólares por millón de BTU en el Japan-Korea Market (dos economías insulares y de los principales importadores mundiales) y en el Dutch TTF (uno de los nodos del mercado europeo, que depende fundamentalmente del gas ruso y del GNL). En el mercado energético se prevé que la escalada podría continuar.

Según los expertos, se trata de una mala señal para el próximo invierno. Por eso, el Gobierno necesitará aumentar la producción local de gas natural a través del Plan Gas, que el proyecto que será presentado este miércoles “institucionalizará” en forma de ley. De lo contrario, en 2022 Ieasa (ex Enarsa) deberá seguir importando grandes volúmenes, teniendo en cuenta la constante declinación de los envíos de gas desde Bolivia.

El acuerdo con el FMI

La semana próxima, por otra parte, tendrá lugar el primer pago de capital al Fondo Monetario Internacional por el préstamo Stand By firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, mientras el Gobierno aún busca resolver la negociación con el organismo para firmar un nuevo programa financiero que reestructure los USD 45.000 millones de ese crédito.

La fecha prevista para ese primer pago de capital a Washington es el próximo miércoles 22 de septiembre. Ese día la Argentina debería repagar casi USD 1.884 millones. El calendario con el Fondo Monetario incluye otro pago de similar cuantía el 22 de diciembre, por lo que hasta fin de año debería desembolsar un total de 3.767 millones en tres meses, que serán cubiertos con los propios Derechos Especiales de Giro (DEG) que repartió el FMI a sus países miembro en agosto.

Ese segundo pago de diciembre podría evitarse si, hasta esa fecha, el Poder Ejecutivo consigue cerrar un nuevo programa que reconfigure la hoja de ruta de pagos al organismo. Como referencia, Guzmán firmó con el Club de París un plazo hasta el 31 de marzo para reestructurar la deuda pendiente con ese consorcio de naciones acreedoras.