Ingresó en la Cámara de Senadores un proyecto de Ley por el que se propone que se coparticipe el 50 por ciento de lo que Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater)  percibe en concepto de Impuesto Inmobiliario correspondiente a planta urbana de cada Junta de Gobierno, confirmó AIM. La iniciativa será analizada por la comisión de Presupuesto y Hacienda.

El texto, que ingresó al hemiciclo en la última sesión de la Cámara Alta y fue girado a comisión, busca que las Juntas de Gobierno tengan recursos propios para poder brindar servicios, ya que actualmente “no pueden cobrar tasas, por lo que son las grandes parias de la administración, son una extensión del Gobierno provincial”, dijo el autor de la iniciativa a esta Agencia, Raymundo Kisser.

En ese sentido, precisó que las Juntas de Gobierno “no pueden cobrar tasas comunales o municipales y solamente subsisten de lo que reciben por coparticipación, que es una asignación mensual fija”, lo que dificulta su funcionamiento por los servicios que deben prestar.

Al respecto, argumentó que actualmente las Juntas de Gobierno “se convirtieron en refugios de mucha gente de la ciudad que tiene sus casas ahí, por lo que esas zonas se volvieron, prácticamente, urbanas (con todos los servicios), pero no pagan ninguna tasa municipal, sino que abonan el Impuesto Inmobiliario que sí va recargado porque se cobra como Urbano, pero todo esos recurso van a la provincia”.

“Precisamente si el Estado provincial cobra el Impuesto Inmobiliario Urbano (IIU) en vez del Sub-Rural, la idea es que se coparticipe a las Juntas de Gobierno lo que se recauda por ese impuesto en esa zona, lo que cubriría todo el tipo de gastos que tienen vinculado al mantenimiento de la infraestructura o servicios (saneamiento o alumbrado público)”, dijo el abogado.

“Es una ayuda a las Juntas de Gobierno que no tienen la facultad de cobrar tasas, porque hoy son una extensión del Gobierno provincial, pero la única diferencia que tienen con cualquier otro empleado de la administración pública es que no cobran un sueldo y no tienen regulación, salvo para atender gastos administrativos”, por lo que no pueden contratar personal y para brindar los servicios toman obreros bajo la modalidad de ‘obra’ cuando hay una prestación al Estado.