Dirigentes políticos, gremiales, especialistas en derechos. Muchas personas ya se han expresado sobre la posibilidad de llevar al presidente Javier Milei a juicio político. En la región, el caso emblemático que llevó a la destitución fue el de Dilma Rousseff. Ahora bien, cuáles son los requisitos y el procedimiento para hacerlo en Argentina.

Según pudo saber AIM, este miércoles a las 18, se reunirán destacados juristas para analizar si corresponde impulsar un juicio político al presidente Javier Milei. La actividad, organizada por Soberanxs, debatirá sobre causales y procedimientos para promover la destitución del mandatario.

En el encuentro, Maximiliano Rusconi, Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski y José Manuel Ubeira, con la coordinación de Alicia Castro y de la periodista Cynthia García, debatirán sobre las causales y procedimientos para promover la destitución del actual mandatario en el marco de la Constitución Nacional.

Algunos de los temas que serán abordados en el encuentro serán el derrumbe de la institucionalidad, el quiebre constitucional, la desarticulación del Estado, la desnacionalización de nuestros recursos estratégicos y bienes naturales, la privatización de los bienes sociales de las y los argentinos y el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad.

También el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central, el intento de detentar la suma del poder público y la política de Relaciones Exteriores que perjudica los intereses de la Nación.

Qué es el juicio político

El juicio político es una herramienta de control que el poder legislativo tiene sobre los otros dos poderes del gobierno. Su desarrollo no implica el ejercicio de la función judicial ya que, en estos casos, el Congreso se limita únicamente a llevar a cabo el proceso de remoción. La culpabilidad, en caso de existir, será ulteriormente dictaminada en el proceso judicial que se lleve a cabo a tal fin.

El principal objetivo del juicio político es castigar las ofensas que los hombres públicos le han provocado al pueblo, con la mayor prontitud posible, para así poder resarcir a la sociedad por aquello que el gobernante les hubiere causado.

Por esta razón el Congreso, elegido directamente por el pueblo, es el órgano que está en mejor posición para definir si un funcionario debe, o no, seguir ocupando su cargo, sin perjuicio de las actuaciones penales que se pudiesen impulsar con posterioridad en los tribunales ordinarios. El juicio político tiene como antecedente al proceso de “acusación pública” del viejo derecho anglosajón, pese a las herramientas que, más cerca en la historia, desarrolló el Parlamento para contar con mayores facultades de control.

La Constitución argentina, en sus artículos 53, 59 y 60, regula al juicio político de manera similar al derecho norteamericano. En tal sentido, el impeachment aparece como un mecanismo de control parlamentario sobre la conducta de quienes se desempeñan en la función pública.

A partir de ello, quien fuere condenado durante el proceso que lleva a cabo el Congreso de la Nación podrá ser destituido de su cargo ante casos de traición a la Patria, cohecho u otros graves delitos. Se trata, en definitiva, de un instituto privativo del poder legislativo (aunque con rasgos propios de la función judicial) destinado a destituir de sus cargos a quienes fueren encontrados culpables.

El caso de Brasil

En el año 2010, finalizando la presidencia de Lula, Dilma renuncia a su cargo como ministra para poder así presentarse como candidata a presidente. Luego del periodo de votaciones, Rousseff resulta electa en segunda vuelta para ocupar el cargo de jefa de Estado.

Durante su mandato sucedieron diversas irregularidades en el ámbito fiscal y económico. La ex presidenta fue acusada, por un lado, de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el parlamento brasileño y, por otro, de usar prestamos de bancos públicos para ocultar un déficit en el presupuesto, cubriendo gastos en programas sociales.

Cabe destacar que el proceso de destitución de Rousseff se vio influenciado por el famoso caso “Lava Jato”, el cual fue investigado por presunto lavado de dinero en una red de lavaderos de autos. Una de las acusaciones contra Dilma fue por presuntos sobornos a la petrolera Petrobras, sumado a la malversación de fondos públicos en 2014, en el marco de la campaña presidencial para su reelección.

La causa que encabezó este impeachment tuvo que ver con lo que se conoce como “pedaladas fiscales” o violación de normas fiscales. Se hablaba de un encubrimiento del déficit presupuestario.

Finalmente, el 31 de agosto del año 2016 la Cámara de Senadores dio el dictamen final. Dilma Rousseff fue destituida de su cargo con 61 votos a favor y 20 en contra. Durante el proceso del juicio fue planteada la idea de inhabilitar a la ex mandataria por un periodo de ocho años para volver a ocupar funciones públicas, aún así no pudo concretarse por falta de votos a favor.

Luego de que el proceso de juicio político fue finalizado, inmediatamente Dilma deja su cargo para ser ocupado por su ex vicepresidente, Michel Temer, hasta 2018.
De la Redacción AIM