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Quedan 186 testigos: el reclamo por un cronograma concreto para el juicio político

En el marco del juicio político a la Corte y luego de que la diputada Vanesa Siley pidiera sumar otros 10 testimonios, desde la oposición pidieron replantear el cronograma y que el mismo sea respetado.

Al cabo de la exposición de los dos primeros testigos, y antes de la esperada llegada del doctor Aldo Tonón, se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial.

En ese marco, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que no acompañarían los pedidos, pues “hay demasiadas pruebas y demasiado largo todo esto que no llegamos a ningún lado”, lo que mereció una réplica irónica de Siley: “Bienvenidas las nuevas pruebas, porque cuanto más probadas estén las cosas mejor son. Las pruebas son conducentes porque algo están demostrando”, remarcó.

En ese sentido se propuso incorporar a la lista de testigos a la doctora Marcela Carlomagno, titular del Juzgado Civil N°61 de Capital Federal, en su calidad de afiliada de la Obra Social; al doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Obra Social y uno de los firmantes de muchos dictámenes jurídicos de licitaciones y contrataciones; a la doctora Marta Graciela Herrera Alem, en su calidad de exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social y exintegrante de la vocalía de Juan Carlos Maqueda; a Milagros Jones, que trabaja en Compras y Licitaciones de la Obra Social del Poder Judicial; y Claudia Viviana Mayde, en su calidad de exdirectora de la Ospj.

También fueron convocados la doctora Marina Maidana, secretaria de la Defensoría de lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 de Caba, en su calidad de afiliada de la obra social; a Lionel Damián Negro, funcionario de Compras y Licitaciones de la obra social; al licenciado Juan Francisco Ramos, en su calidad de exdirector de la Obra Social; a la doctora Soledad Ramos, funcionaria de la Asesoría Jurídica de la obra social; y a la doctora Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía de Maqueda.

“El sentido de cada uno de los testigos, además del cargo que ostentan y la función que han cumplido acorde al cargo que menciono, es ser afiliados de la Obra Social y haber tenido algún tipo de inconveniente, de traba o de abandono que les causó perjuicios graves y funcionarios de la obra social con responsabilidades en el área de contrataciones y licitaciones”, explicó Siley.

En ese marco fue que la diputada Karina Banfi planteó su inquietud por la extensión del debate y reclamó un cronograma concreto para la evolución del juicio. Recordó en ese sentido que se había dicho inicialmente que este jueves terminaban con el tema de obra social, pero acababan de sumar una decena de testigos para ese tema.

“Hay 176 testigos pendientes sobre los otros temas a tratar, con estos son 186 testigos… Teniendo en cuenta que no estamos respetando las propias planificaciones que se están llevando, solicito a las autoridades de esta comisión replantear el cronograma y que lo respeten”, reclamó la diputada radical.

Recordó también que desde la oposición querían incorporar el juicio político al presidente, ante lo cual se preguntaba si iban a llegar a fin de año con algún tipo de resolución. Por eso, pidió “un cronograma ordenado”.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que estaban respetando el cronograma establecido. “Si se ofrecen nuevos testigos, no significa que seas pruebas vayan a ser producidas; se evaluará qué testigos son necesarios para probar los hechos que hacen falta probar. Evaluaremos a partir de aquí cuánto falta”, precisó.

Asimismo, de cara a lo pendiente, recordó que, concluidas todas las reuniones, la prueba que falte se haría en una audiencia remanente. Agregó que sobre la Opsjn quedaban una o dos audiencias más, luego seguirían con coparticipación, “pero hay un plazo que es estimativo. Si falta algo, tal vez se producirá la prueba más adelante”, concluyó Gaillard.

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