Históricos referentes y militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos difundieron una carta abierta donde solicitan a los senadores que no acompañen con su voto el proyecto de Ley Base. “La ley ómnibus privatizadora y con reforma laboral es el gen para la construcción de un país arrasado, fuertemente polarizado, con desigualdad profunda y sin la clase media que caracterizó al país”, aseguraron.
El documento firmado por destacados dirigentes del radicalismo fue enviado a los senadores por Entre Ríos para solicitarles, al momento de la revisión de la media sanción de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, su voto negativo.
La Ley Base es una falacia que intenta implantar un régimen jurídico despiadado e injusto
Carta Abierta.
Además, señalaron que “lanza una ola de privatizaciones, favorece el blanqueo de narcos y lavadores, y allana el camino para la llegada de fondos especulativos y la entrega de nuestras riquezas naturales poniendo el riesgo la posibilidad de desarrollo y crecimiento no sólo a quienes habitamos hoy este suelo sino, también, a las generaciones futuras”.
“Tenemos plena confianza en que el Senado de la Nación pueda revertir esta equívoca decisión de la mayoría de los diputados, y así brindar a la república la oportunidad de construir sobre amplios consensos un ordenamiento jurídico que garantice y facilite la gobernanza y la gobernabilidad. Es momento de poner un alto a esta ley que atenta contra los cimientos mismos de nuestra democracia y el bienestar de nuestros ciudadanos”, aseguraron.
Objeciones particulares
En principio, indicaron que la norma, pomposamente denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos “es innecesaria, dado que nuestra Constitución nacional y nuestro amplio repertorio legal ya han establecido las bases y puntos de partida para nuestra libertad”, por lo que el proyecto de Ley "constituye una falacia que, con argumentos engañosos, intenta implantar un régimen jurídico despiadado e injusto, en contradicción con lo establecido en nuestra Constitución Naciona”.
La democracia que respaldamos todos los argentinos “se ve comprometida cuando no existe separación de poderes, lo que afecta al federalismo y genera situaciones de inseguridad social. Esto es algo que el radicalismo no puede dejar de señalar”, preciaron.
El primero de ellos es el de la Declaración de la Emergencia y Delegación de facultades, “donde radica nuestra principal preocupación. Los radicales hemos adoptado históricamente una postura de rechazo hacia las delegaciones que operan en el marco pleno del Estado de Derecho”, y argumentaron: “Esta postura justifica nuestra decisión de votar en contra de dicha delegación. En lo referente a la Reforma del Estado, que incluye la Privatización de Empresas Públicas y la cuestión del Empleo Público, si se votara afirmativamente estaríamos respaldando a aquellos que consideran al Estado como "una organización criminal". Esto implica otorgar herramientas a aquellos que no comparten nuestra visión del Estado y no están interesados en mejorar su funcionamiento para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención, ni en promover el bien común. Su enfoque se centra en reducir la estructura estatal argumentando la necesidad de disminuir el déficit, lo que deja a la sociedad, especialmente a los sectores más vulnerables, sin el auxilio necesario en una realidad tan hostil como la que enfrenta la Argentina en la actualidad”.
Además, instaron “con firmeza al rechazo de la propuesta relacionada con los trabajadores públicos, quienes enfrentarían la posibilidad de ser colocados en ‘situación de disponibilidad’ y, eventualmente, ‘automáticamente desvinculados’ en un plazo de un año. Para los radicales, que abogamos por la inclusión del artículo 14 bis en nuestra Constitución Nacional como un importante avance y modernización, la estabilidad laboral plena es un principio irrenunciable. No anticipábamos enfrentarnos nuevamente a disposiciones legislativas que pongan en riesgo la paz social de miles (o millones) de argentinos”.
En ese sentido, apuntaron que el Instituto Mosconi realizó “un exhaustivo análisis sobre el bloque temático relacionado con la Energía”, por lo que apoyan “firmemente la solicitud de tener en cuenta sus consideraciones para poder modificar el texto de la media sanción respecto al Marco Regulatorio del Gas Natural y al Marco Regulatorio Eléctrico, especialmente en nuestra provincia, donde el costo energético representa una de las principales barreras para nuestro desarrollo”.
Además, “en calidad de defensores de la sustentabilidad y la Constitución de Entre Ríos, solicitamos que no se respalde el capítulo referente a una legislación ambiental uniforme, ya que esto claramente busca evitar el debate que se está llevando a cabo en muchas comunidades para promover una mayor democracia ambiental”.
Por otro lado, explicaron que, si bien, son proclives a la modernización laboral, consideran que no debe limitarse a la modificación de la Ley 24.013: “Muchos países han implementado otros incentivos para reducir la precarización laboral, que lamentablemente está aumentando significativamente. Por lo tanto, pedimos que no se apoye dicho capítulo ni la modificación de la ley de Contrato de Trabajo, especialmente en lo que respecta a la creación de la figura de colaboradores de los trabajadores independientes, ya que claramente constituye un fraude laboral. La OTR y la Convención Nacional tienen una posición al respecto, pero si hay alguien a quien debemos seguir en este tema, son las enseñanzas del recordado senador Agustín Brasesco, quien nos brindó valiosas lecciones al respecto”.
Asimismo, indicaron que hay dos temas en los que el proyecto pone en riesgo la Ética de la Solidaridad: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y el Previsional.
“Desde el punto de vista ético, el Rigi representa una clara oportunidad para el lavado de dinero en un contexto globalizado. La aprobación de esta Ley proporcionaría las condiciones ideales para que esta práctica se instaure y se blanquee dinero ilícito. Por ende, su contribución para evitar este escenario sería rechazar este capítulo fiscal”, advirtieron.
En términos de solidaridad, “la abolición de la moratoria previsional dejaría desamparados a miles de hombres y mujeres, particularmente a estas últimas, quienes han trabajado durante décadas en condiciones precarias. Resulta injusto perdonar a quienes no cumplieron con sus aportes y castigar a aquellos que no son responsables de esta situación. Por lo tanto, su aporte para evitar esta injusticia, sería rechazar este capítulo”, subrayaron.
Quiénes firman la carta abierta
La misiva la encabezan el ex senador Raymundo Arturo Kisser y el ex presidente del Comité Provincial, Leandro Arribalzaga. También, adhirieron Guillermo Enrique Vázquez, Antonio Sala, Fabián Bordet, Maximiliano Jesús Bocedi, Pedro Aguer, Edgardo Sanguineti, Pablo Soria, Ricardo G. Rodríguez, Luis Ángel Beber, Ariel Alfredo Garay, Maximiliano Luna, Agustín Buschiazzo, Alejandro Cohen, Sol Zufiaurre, José Luis Quiroz, Esmeralda María Zufiaurre, Claudia Patricia Sánchez, Alvaro Alejandro Guiffrey, Felipe Ariel Martínez, Jorge Idacio Fernández, Elsa Anelia Sanabria, Franco Luciano Parlatto, Edith Noemí García, Carlos Guillermo Manuel Barbieri, Liliana Beatriz Varela, Eduardo Della Giustina, Fabiana Heinrich, Carmen Esther Antelo, Néstor Osvaldo García, Raúl Lesca, Julio Tomas Aguirre, Silvia Alicia Zufiaurre, Juan anuel Preisler, Oscar Treppo, Cesar Velzi, Yanina Pagani, Ofelia Sauthier, Mariano Andrés Peter, Nancy María Joannas, Corina Romero, Gladys Montenegro, José Luis Zufiaurre, Federico Cettour, Liliana González y Víctor Néstor Orcellet.