La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo. La primera reunión trató los proyectos de distintos bloques que buscan avanzar con una reforma laboral, con la participación de especialistas, dirigentes sindicales, cámaras empresariales y autoridades nacionales.

La semana que viene, continuará el debate para el tratamiento de los siete proyectos que buscan modificar la Ley 11.544, que lleva 94 años de vigencia. De obtenerse un dictamen de consenso, se elevará para su votación en el recinto.

En representación del ámbito nacional e internacional se presentaron la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos; la embajadora de Chile, Bárbara Figueroa Sandoval; Cristina Faciaben, Secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España; representantes de la CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma; y especialistas de la Unión Industrial Argentina.

La diputada oficialista Vanesa Siley, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, introdujo el debate planteando la necesidad de "modernizar y actualizar la legislación laboral, que cumpliría dentro de cinco años un siglo" y considerando que "cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral”.

En ese sentido, una de las disertantes que intervino en la comisión fue la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, quien sostuvo que "si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.

Sin embargo, pidió que “se haga de una manera escalonada. No se puede hacer de un día para otro, con un horizonte y una previsibilidad” para que “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad”.

Luego tomó la palabra, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), una de las voces que plantea una resistencia al cambio de legislación a pesar de expresarse “a favor del diálogo social”. “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante", reconoció.

Asimismo, el representante de las cámaras industriales dijo que el debate plantearía una duda a "las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, agregó.

Por su parte, el gremialista Claudio Marín, secretario general del Foetra y gremial de la CTA de los trabajadores, pidió diferenciar "tiempo de trabajo" de "productividad, “sino parece que la productividad depende del tiempo que una persona esté a disposición de su empleador”. “Ese no es el único elemento ni tampoco se le puede llamar productividad”, opinó.

"Lograr mayores resultados no implica una relación directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo porque hay otros elementos en el medio a tener en cuenta porque si no estamos haciendo una discusión pobre”, analizó y explicó que “la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad porque eso no es productividad, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada".

Existen siete proyectos de ley para la reducción de la jornada laboral, de los cuáles se buscará avanzar en acuerdos para establecer un dictamen de consenso que recupere posicionamientos de cada propuesta. Asimismo, no se descarta que la iniciativa sea parte de una más amplia de reforma laboral integral.

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo es el del líder de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral de cuatro días, que, además, no podrá exceder las ocho horas diarias o cuarenta horas semanales.

Otra de las modificaciones es impulsada por la dirigente de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, que propone un día laboral de un máximo de seis horas diarias, y un tope de 36 horas semanales, con la posibilidad de que la jornada sea de 7 horas siempre y cuando la misma sea de lunes a viernes.

Por otro lado, el tercer proyecto que prevé la reducción de la jornada proviene del mismo sector: el secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, que plantea una duración de la jornada que no podrá exceder las seis horas diarias o las 36 semanales, con la posibilidad de distribuirse en seis días. El proyecto coincide con otro propuesto por la diputada oficialista Mónica Litza.

Eduardo Valdés propone una nueva alternativa dentro de Unión por la Patria: que la jornada sea de un máximo 36 horas semanales, que se podrán distribuir en seis o cuatro días, en ese último caso si se trabaja en jornadas de 7 horas y media.

La izquierda también se metió en la discusión a partir de una presentación del diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Su proyecto pone topes de 6 horas diarias o 30 semanales, por lo que la distribución establecida sería de 6 horas diarias en cinco días.

Por su parte, Enrique Estévez, del Partido Socialista, pide un máximo de 36 horas semanales con 8 horas diarias de trabajo máximas, permitiendo las distintas distribuciones horarias en la jornada: 6 horas en 6 días, 7 horas en 5 días o 8 horas en 4 días.