Jorge Daneri, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas explicó a AIM que, junto al Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (Caje), solicitaron al Gobierno nacional la urgente convocatoria del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del Piecas-Delta. La situación allí ha alcanzado niveles críticos debido a la bajante extrema del río y los incendios irregulares que continúan devastando el área. “Nos preocupa profundamente el impacto que esta crisis está teniendo sobre los ecosistemas del Delta y la seguridad hídrica de millones de personas que dependen de esta región”.

La misiva le fue presentada a Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, “pidiendo se convoque al Comité de Emergencia Ambiental del Delta, creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2020 y que hasta hace 20 días no estaba funcionando”, explicó Daneri y agregó: “Recibimos una respuesta donde nos dicen que están implementando las convocatorias debidas, pero no nos responden lo que estamos peticionando, por lo tanto hemos insistido en que se nos responda la solicitud al acceso a la información y cada punto que se plantean desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas”. Dicho comité, tiene la responsabilidad de coordinar políticas y acciones para mitigar los efectos devastadores de la crisis hídrica y los incendios.

En particular, señaló Daneri a esta Agencia: “Pedimos un espacio para que las autoridades del Comité de Emergencia, que son las tres provincias del Delta y el Estado nacional, escuchen a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en toda la problemática de la gestión del Delta y particularmente de los incendios”.

Señalaron desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas que “los humedales del Delta del Paraná cumplen una función vital en la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Cuenca del Plata. Sin embargo, hoy enfrentan amenazas crecientes debido a la falta de medidas efectivas por parte del Estado. La crisis hídrica, los dragados descontrolados y la continuidad de incendios están acelerando la degradación de este ecosistema único”.

“Pedimos que se tomen medidas concretas y urgentes, acordando un plan de acción que responda a la emergencia en curso y garantice el cuidado de los humedales. También solicitamos la apertura de un espacio público de diálogo con las organizaciones ambientales que trabajan en la región, para que puedan expresar sus observaciones y aportes sobre las acciones necesarias. Este tipo de intercambio es fundamental para asegurar que las decisiones que se tomen sean transparentes y respondan a las realidades locales”, señalaron.

La ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que establece bases claras para la protección de los ecosistemas del Delta y la prevención de incendios, debe ser aplicada de manera estricta.

Insistieron además en que las reuniones del Comité “se realicen en la región afectada, ya sea en Rosario, Victoria o San Nicolás, para facilitar la participación de las comunidades locales y organizaciones involucradas. Es crucial que las decisiones se tomen cerca de los territorios afectados, en contacto directo con quienes viven y defienden estos espacios”.

Reafirmamos el compromiso con la justicia ecosocial y la defensa de los derechos de la naturaleza, enfatizaron que: “la crisis en el Delta del Paraná no solo afecta al ambiente, sino también a las personas que dependen de estos ecosistemas para su subsistencia. Precisamos acción con responsabilidad y urgencia”.