Tras darse a conocer desde el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país y revelarse que hubo al menos 267 femicidios en Argentina, uno cada 33 horas, y que en diciembre fueron 33, uno cada 22 horas, María Eugenia Sarli, comunicadora social, integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná; de la Red de Comunicadores del Mercosur y del grupo de periodistas feministas, afirmó a AIM: “Estamos cansadas de contar muertas. Es necesario siempre poner en números, en datos, ponerle nombre”, dijo.
“Cualquiera de nosotras puede ser una de esas que integra la lista, hay que dar cuenta que no es azaroso ni es casual que esté pasando esto, sino que es producto de que hay más mujeres con conciencia de sus derechos y eso no es bien aceptado, sobre todo por parte de los varones, que han sido educados para someternos, dominarnos y que al no lograrlo aparece la violencia”.
A raíz de los datos “es donde empieza a notarse la necesidad de políticas públicas que abonen a la prevención de estos casos de violencia y que esta no crezca y termine en los femicidios”.
Señaló que “el Estado tiene que hacerse cargo de esto porque es un problema que tenemos todos como comunidad, no es un problema solo de las mujeres”, y analizó Sarlí: “Creo que ha habido un avance en materia de conciencia, ya hay mucha gente que no acepta livianamente la violencia hacia las mujeres, niños y niñas, que son parte de lo que el sistema patriarcal propone, que todo lo que no se acoja a la norma debe ser corregido aunque sea a través de la violencia”.
Para evitar esto, entran en juego “las políticas públicas que abonan a la prevención, como la educación sexual integral, ley por la que muchos niños y niñas han podido hablar, decir lo que les pasa respecto de la violación y abusos sexuales. Eso permite salvar vida porque el abuso sexual es una marca que se lleva para toda la vida. La Ley Micaela, que abona para la educación, el cambio de perspectiva en los agentes del Estado ha permitido no solo que muchos puedan cambiar su mirada y atender de mejor manera a las víctimas que van por violencia de género específicamente, pero también en los ámbitos de trabajo empezar a detectar esas violencias de forma prematura”.
Sarli enfatizó: “El hecho de que haya un Gobierno que desfinancie todas estas políticas es preocupante porque una vez que una mujer hace una denuncia, cuando la violencia ya estuvo, debemos llegar a tiempo para salvar una vida. Desde el Estado tiene que haber mecanismos y programas donde la víctima pueda recurrir, porque una mujer que se decide a denunciar, después de la Justicia el que se tiene que encargar es el Ejecutivo, los programas que están dentro del Estado, para atender este tipo de violencia y asistir todo lo que sea necesario hasta que la persona pueda salir de esa situación. Si no hay financiamiento para que haya trabajadores en esos lugares que atiendan a las víctimas, si no hay herramientas, ya que una persona necesita cosas concretas y no que dentro de dos o tres días te atiendan, necesita ser rescatada de ese lugar, un trabajo porque muchas veces depende económicamente del violento”.
Cuando la mujer se termina quedando en la situación violenta “termina lamentablemente con la pérdida de una vida generalmente; ahí es donde el Estado si no se hace cargo de todo esto, desfinanciando las políticas destinadas a género, es responsable de las muertes que vengan”.
“La Justicia en un fallo le ha pedido al Gobierno que parece el desguace de las políticas de género porque viola la ley, el Gobierno está violando las leyes y los tratados internacionales a los cuales Argentina se acogió. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ya le ha alertado al Estado argentino sobre este tema y le ha pedido explicaciones, no somos solo nosotras”.
Es trascendental que se visibilice esta problemática “porque a veces pensamos que vamos a las marchas y estamos frente a Tribunales exigiendo justicia y que nunca eso tiene resultados; no es verdad, del otro lado sí hay una receptividad que si no lo hacen por convicción al menos se resuelven algunas cuestiones porque no quieren todas estas locas en la puerta exigiendo justicia”.
“La vida de cada una de nuestras compañeras vale, la vida de cada mujer vale, las mujeres tenemos derechos humanos; parece que fuera algo obvio, pero lo tenemos que estar diciendo en pleno siglo XXI. Todavía falta mucho por aprender, no es un capricho que vayamos a la puerta de Tribunales a exigir justicia como lo hemos hecho por un montón de chicas que hoy no pueden contar lo que les pasó. Desde que está este Gobierno nacional y provincial, que no tienen una perspectiva respecto de estos temas, han disminuido en la agenda mediática los temas con perspectiva de género”, concluyó Sarli.