Hace un año, durante 12 días, los docentes entrerrianos tomaron el Concejo General de Educación (CGE) para reclamar el pago de salarios, que no se tercerice la liquidación de sueldos, recomposición salarial, mejores condiciones laborales y que se frene el vaciamiento del sistema público de educación por parte del Gobierno de Gustavo Bordet. A doce meses de la histórica acción que se multiplicó en el interior de la provincia, el Gobierno profundizó la crisis en educación pública, confirmaron a AIM dirigentes del magisterio. 

El 31 de marzo a las 8, los maestros y profesores comenzaron a ingresar a la Casa de la Educación entrerriana. Nadie sospechó que aquellas personas, con mate bajo el brazo, habían tramado un trascendental acontecimiento en la lucha de los trabajadores. A las 9:30 la toma era un hecho. A pesar de los intentos, el Gobierno de Gustavo Bordet no logró desactivar la ocupación del edificio, ya que a las 10 arribó la columna que se movilizó en el marco del paro convocado por las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El “asalto” al Palacio de Educación en el corazón del buró entrerriano marcó con fuego en la historia argentina la resistencia docente al vaciamiento del sistema educativo público que los Gobiernos profundizan, para avanzar hacia la privatización.

La toma del CGE “fue un hecho histórico político muy importante para la docencia entrerriana, que se replicó en el interior de la provincia con otras ocupaciones y acampes (como en Concordia, Villaguay, Federación, Tala, Colón y Gualeguaychú)”, aseguró a esta Agencia quien era secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná durante la toma, Claudio Puntel. El sindicato tomó la decisión de ir a esa medida ya que “se venía de una situación muy empantanada: los docentes cobraban mal su sueldo (que generaba una enorme faltante en el salario), producto de la mala liquidación por la privatización del sistema de liquidaciones con Lemondata; los funcionarios no reconocían la existencia de esa privatización; y se veía para marzo descuentos inconstitucionales por los días paro (dispuestos en base a la Resolución 2566), que -además- el Gobierno no tenía información, porque los supervisores  y directivos no estaban pasando datos sobre quiénes adherían”.

En ese marco, Puntel rememoró: “Hubo entrevistas con varios funcionarios para tratar de revertir la situación y no nos escucharon, por lo que tomamos el CGE por 12 días, lo que fue un hecho importantísimo, no sólo por los resultados sino por la masividad y acompañamiento, ya que por día miles de docentes transitaron el CGE y, además, muchas personas, quienes no eran trabajadores de la educación, fueron a expresar la solidaridad y a apoyar el reclamo”.

“Comprobamos que no estamos condenados a realizar una seguidilla de medidas de fuerzas testimoniales, sino que podemos encontrar otras acciones que pueden provocar un cambio”, aseguró el profesor.

El conflicto se profundizó  

Actualmente, la situación se agrava “ante el ajuste macrista que acá emerge, también, en los intentos de cierres de grados, cursos y carreras en los distintos niveles educativos”, dijo Puntel, quien agregó: “Si bien, este año logramos reabrir los cursos que intentaban cerrar, interviniendo junto a los padres y los centros de estudiantes, advertimos que ésta seguirá siendo una amenaza latente”.

Además, apuntó que “hay cientos de docentes quienes trabajaron todo el mes y no cobrarán su sueldo porque no fueron cargados a tiempo; algo que el Gobierno deberá resolver de inmediato con planillas complementarias”.

Asimismo, cuestionó “la sordera de Bordet, quien llamó a paritarias para ofrecer el 15 por ciento (de recomposición salarial) que ya se había rechazado tres veces. Todo esto, agravado con la actitud autoritaria y anticonstitucional de restringir el derecho a las asambleas, atentando contra la libertad sindical”.