La eyección del administrador general de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi está lejos de ser un capítulo cerrado y tendrá este martes una explosiva novedad en el marco de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados: el ahora exfuncionario denunciará que fue objeto de presiones, amenazas y hasta maniobras de espionaje, lo que puede hacer crecer el voltaje de su declaración.

La bomba expansiva de su salida es un hito más de la guerra interna que se desató en el cuarto piso del Palacio de Tribunales y que, si se quiere, alimenta de información lo que trata la comisión y la chance de que avancen los expedientes penales surgidos de una auditoría. El eje de la controversia sigue siendo el desmanejo en torno de la obra social del Poder Judicial y el informe que elaboró y que presentó un día antes de que viera la luz la acordada que desguazó la secretaría a su cargo e hizo estallar, una vez más, la interna en el máximo Tribunal entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, versus Ricardo Lorenzetti. Ahora desplazado, Marchi cuenta con elementos documentales como para dejar entrever que la cuarta parte de su informe -que señalaba irregularidades que se trasladaban a la actual gestión de la obra social a cargo de Mariano Althabe- fue recibido por Rosatti y nunca fue a dado a publicidad, lo que para el oficialismo formará parte de un intento de encubrir manejos turbios en la administración de la obra social.

Si bien las 20 mil fojas que componen el denominado “Informe Marchi” son una recopilación de los hallazgos de auditoría y de toda la documentación complementaria con la que ya cuenta la comisión, su titular Carolina Gaillard pidió contar con esos elementos cuando Marchi deba comparecer. En datos duros, la auditoría que realizó la Corte comienza en 2008 y culmina en 2021 por lo que sus observaciones salpican a 360° porque atraviesan las presidencias de Lorenzetti y Rosenkrantz, quedando a las puertas de la asunción de Rosatti. Desde 1961 hasta 2018 las decisiones de superintendencia fueron delegadas en la presidencia hasta que otra acordada pulverizó esas facultades ya durante la gestión Rosenkrantz, devolviendo al pleno esas atribuciones.

En lo respectivo a su administración, al registro de su contabilidad y al mecanismo decisional de asignación de fondos los testimonios recogidos por la comisión la semana pasada y las observaciones de auditoría son lapidarios. Más allá de que constituya o no una causal de juicio político de acuerdo con la óptica del oficialismo, es incomprensible que nunca se haya efectivizado una intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Hasta ahora, no se ha corroborado todavía que exista un desvío de dinero hacia algún beneficiario en particular, pero sí múltiples incongruencias en los modos de contratación directa, en el manejo del stock de medicamentos y en la ausencia total de registros contables. Todo eso, en definitiva, afecta de manera directa e indirecta a los afiliados que debían gozar de protección a los servicios de salud que debían recibir. La ausencia de profesionalismo con el que se manejó administrativamente la cobertura de casi 100 mil afiliados asombra.

Más allá de que Marchi ahora es un “hombre bomba” porque conoce desde hace 15 años las entrañas de la Corte siendo el administrador general más poderoso, mañana, la audiencia de la comisión apunta a tener contrapuntos por parte de los delegados de la Coalición Cívica que ven en Marchi una forma de percutir en el archienemigo de Elisa Carrió, Lorenzetti. Afilan las uñas en casi el único objetivo que los mantiene aferrados a sus sillas en la comisión. Marchi va a ratificar en todos sus términos el informe que presentó antes de pedir una licencia, lo que afirman, fue antes de que la Corte decidiera emitir una resolución que lo traslada a la Cámara de la Seguridad Social. Lorenzetti lo consideró una represalia a su informe. Ese material irá a engrosar la causa que hace unos días recibió Ariel Lijo, subrogante en el juzgado donde resultó sorteada una denuncia del fiscal Guillermo Mariajuan que tomó una respuesta de Lorenzetti al directorio de la obra social. Estertores del escándalo que está lejos de culminar.

La otra novedad está en el Consejo de la Magistratura. En la comisión de Selección hubo sincronía para aprobar trámites relativos a concursos como para postergar temas difíciles, como la vacante generada en Comodoro Py por la renuncia de Luis Rodríguez. Acusación difirió para la semana próxima el tema del juez de Mendoza Walter Bento, cuyo expediente ya había sido elaborado por el saliente Pablo Tonelli y hereda el radical Eduardo Vishi. Miguel Piedecasas pidió que en la siguiente reunión todos tengan opinión sobre los temas vigentes y recordó que Jimena de la Torre pidió la remisión del expediente del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque.

En Reglamentación no hubo una discusión menor a futuro: el debate es por la composición de acusación donde el estamento político es mayoritario y los jueces pugnan por tener mayor injerencia. “¿Los jueces estamos proscriptos en Acusación?”, planteó el camarista Alberto Lugones.