La derogación de la Ley 26 160 que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país “es un acto de gran aberración y crueldad, que próximamente se verán sus tristes consecuencias”, dijo a AIM el referente de la comunidad Charrúa Ertiek, delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI) ante el organismo nacional y miembro de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina (Matria), Héctor Senaqué Santomil.

El gobierno nacional “ya venía con la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) y, anteriormente, con la conformación del Consejo Federal de Políticas Indígenas sin la participación de los representantes elegidos por sus comunidades, para hacer cumplir la participación en los temas que los involucra respecto de políticas indígenas y a través de ellos se garantice la consulta previa libre e informada y todos sus derechos, es decir, es muy evidente como venían preparando el escenario para barrer con los pueblos”, dijo a esta Agencia el referente de la comunidad Charrúa Ertiek.

La medidas “deja entrever que los fundamentos tienen las mismas expresiones negacioncitas, estigmatizadoras, criminalizantes, que se vienen llevando a cabo desde este gobierno con el fin de favorecer a terratenientes, corporaciones extractivitas y dar riendas sueltas a la destrucción de la tierra, con los desmontes desenfrenados que ya están anunciando por ejemplo por el gobernador de Salta, con la entrega de los bienes naturales a empresas extranjeras que atraves del ya declarado RIGI podrán explotar esos recursos esenciales”, indicó y agregó: “La campaña del mal llamado desierto tiene otras formas que se están llevando a cabo. El genocidio continúa y lo hacen impunemente”.

Ahora, “todo esto se verá reflejado en las decisiones que tomen las provincias en contra las comunidades indígenas”, consideró y agregó: “No sólo pensamos que tenemos que estar en alerta, sino que en el transcurso se tendrán que tomar medidas que reviertan estas envestidas, por lo que será necesario acudir a organismos internacionales, porque ya vemos que en Argentina esto es ya una dictadura y para enfrentar estos avasallamientos necesitamos al movimiento indígena unido”.

Alianzas en defensa de los derechos
En ese sentido, contó que hace menos de una semana se reunió una delegación de distintas regiones del Consejo de Participación Indígenas (CPI), autoridades elegidas por las comunidades para llevar sus demandas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), con el acuerdo y mandato de la asamblea ampliada, y el 4 y 5 de diciembre estuvieron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para a dar a conocer la frágil situación jurídica y la amenaza al desarrollo de vida, en los territorios, de los pueblos indígenas de Argentina. El motivo “fue construir alianzas con organismos de derechos humanos, sindicatos, defensores ambientales y organizaciones sociales, entre otros, para intercambiar conocimientos, experiencias y establecer acuerdos que fortalezcan, con el fin construir posiciones en la defensa del resguardo territorial y llevar a cabo denuncias por vulneraciones de derechos. Fue así que tuvimos el apoyo y la propuesta de trabajar juntos con la CTA Autónoma y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas)”, explicó