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Política
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Siguen las críticas a la baja en la edad de punibilidad

Con la participación de especialistas de todo el país, la Cámara de Diputados reanudó este martes el debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil. En la tercera audiencia pública de debate expusieron más de 50 oradores, entre jueces, fiscales, abogados y representantes de ONG’s.

Siguen las críticas a la baja en la edad de punibilidad
Siguen las críticas a la baja en la edad de punibilidad

A lo largo de las ponencias, el proyecto de ley enviado por el Gobierno cosechó numerosas críticas y, entre los puntos con más rechazo, la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años es la propuesta que despierta más cuestionamientos.

Al respecto, desde la Red Argentina No Baja, destacaron a AIM “el rotundo y contundente rechazo masivo de especialistas de todo el país y de organismos internacionales. No hay motivos para bajar la edad de punibilidad. Es regresivo e ineficaz”.

“Los diputados no pueden desconocer este rotundo pronunciamiento”, subrayaron desde la Asociación a este Medio.

Según un informe de la Red, al que tuvo acceso AIM, se recuerda que a inicios de 2017, se realizaron rondas de consulta sobre esta reforma en el marco de Justicia 2020. En esas reuniones, convocadas por el ministerio de Justicia, el posicionamiento de la gran mayoría de los especialistas fue rotundo y contundente: El 80 por ciento argumentó en contra de bajar la edad de punibilidad por ser una medida regresiva para los derechos humanos.

Hoy, cuando se arman audiencias en el Congreso para escuchar “todas” las voces pero no se da lugar a muchos especialistas y organizaciones que tienen valiosos aportes para hacer al respecto, la Red Argentina No Baja hace público su posicionamiento respecto del proyecto oficialista:

-No a la baja de edad de punibilidad: Porque viola derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, porque no resuelve ningún problema de “inseguridad” y por el contrario los empeora, y porque viola el principio de no regresividad, por tanto, es inconstitucional. Hace falta una nueva ley penal para adolescentes que sea respetuosa de los Derechos Humanos. Y se necesitan activas políticas sociales y educativas para garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes, hoy vulnerados. Queremos más Estado social, y no más Estado penal.

-Basta de demagogia punitiva: Porque el mismo gobierno que recorta el presupuesto para niñez, salud y educación, promoviendo la exclusión social de la infancia, agita -en un contexto electoral- el fantasma de la delincuencia adolescente y busca votos sembrando miedo. Es una manipulación inmoral: la incidencia de chicos y chicas en el delito es pequeña y la de menores 15 años, ínfima. El debate no debe hacerse en un escenario electoral.

-El proyecto propuesto es peor que la ley de la dictadura, la 22.278: Porque el proyecto propone bajar la edad de punibilidad; poder aplicar penas de hasta 15 años de prisión a chicos de 15 y de hasta 50 años de prisión a adolescentes de 16 o 17; y porque propone dar incumbencia a los jueces penales en el tratamiento de los niños no punibles, reotorgando a los “jueces de menores” facultades “tutelares” –con otra denominación- que les había quitado la Ley 26.061 de Protección de Derechos.

-Contradice la Ley 26.061, de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes: En el proyecto de ley oficial se le otorga al juez la potestad de darle intervención – o no- a los órganos de la norma, cuando esto constituye una obligación en todos los casos. De lo contrario, se estaría violando la propia Ley 26.061 que es la reglamentación de la Convención de los Derechos del Niño con jerarquía constitucional.

-Porque desvía fondos de la inversión social en niñez al sistema penal: Mientras la infancia argentina padece una verdadero ajustazo en materia de· políticas sociales, educativas y sanitarias, el proyecto de ley penal juvenil requerirá de enormes inversiones presupuestarias. Nos oponemos a que se gaste en castigo lo que debe invertirse en inclusión, educación, salud, vivienda, y garantía de derechos.

Por todo ello, “exigimos que el Congreso no vote este proyecto. El gobierno desconoció el amplio consenso que existe al respecto en el campo de la infancia. Esperamos que las diputadas y los diputados nacionales escuchen y tomen en consideración los graves retrocesos en términos de derechos que este proyecto supone. Queremos un nuevo Régimen Penal Juvenil, pero uno respetuoso de los derechos humanos. Y sobre todo queremos políticas sociales y no penales para los niños y adolescentes”, destacaron desde la Red.

Las voces en comisión

Diferentes referentes del tema se presentaron este martes en Diputados. Por su parte, el juez penal de menores en Mendoza, Carlos Parma, señaló que la iniciativa contiene “incongruencias” e “inestabilidades” de “orden semántico, jurídico y filosófico”. No obstante, remarcó que la actual norma -que data de la dictadura militar- “tiene que ser derogada definitivamente”.

Sin embargo, el magistrado consideró que “la madre de todas las batallas va a ser el tema de la imputabilidad”, porque “es uno de los puntos más álgidos que tiene”. “Debe rechazarse la baja”, afirmó y advirtió que “quien se encargó de la redacción del proyecto improvisó en la materia”.

Por su parte, el ex secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, alertó que “no es cierto que cualquier cambio sea un avance. No lo es si una decisión de la democracia convalida o legitima contenidos dictatoriales”. En ese sentido, consideró “insostenible” bajar la edad de punibilidad y habló de “penas exorbitantes”.

Por la asociación Usina por la Justicia, Diana Cohen celebró que “se ponga fin a la discrecionalidad del juez dada por el vacío legal de no contar con una ley penal juvenil; se prohíba el alojamiento de menores en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a mayores de 18 años; y la brevedad de los procesos”.

Aunque apuntó sus diferencias con la iniciativa y aseguró que bajar la edad de 16 a 15 años es “inútil”, porque “no producirá disminución alguna del delito”.

 

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