Tras su aprobación en Diputados, el Senado nacional puso en agenda el proyecto de teletrabajo, que fue analizado este jueves en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La semana próxima se emitiría dictamen. De tener modificaciones, volverá a la Cámara baja para su tratamiento, pero no descartan que tenga los números para ser ratificada, supo AIM.

Según confirmaron fuentes parlamentarias a AIM, este jueves en reunión de Comisión, estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Carlos Moroni, y Héctor Daer y Hugo Yasky en representación de los sindicatos. La oposición pidió que el sector empresario pueda participar de la próxima reunión.

De no mediar ningún conflicto, la semana próxima se emitiría dictamen, quedando en condiciones de ser tratada en el recinto. Si tiene modificaciones, el texto volverá a Diputados. Caso contrario, se convertirá en ley.

Desde el Frente de Todos en Senado, afirmaron: “Estamos llamando a una reunión de bloque y el resultado que tengamos va a ser la propuesta de despacho que tendremos. Como cámara revisora, si decidimos ratificar lo votado por la Cámara baja, eso va a ser ley; si decidimos en el bloque reformar esa propuesta, Diputados va a tener que tener el número suficiente si quiere ratificar su ley”.

Qué dice el texto

El proyecto establece presupuestos legales mínimos para la modalidad del teletrabajo, extendida con la pandemia del Covid-19, y deja en manos de los convenios colectivos las regulaciones específicas de cada actividad.

Entre los puntos principales, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.

El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual.

Se considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso, y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.

El empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica, que quedará exenta del pago del impuesto a las Ganancias.

El proyecto aprobado también incluye los derechos colectivos y la representación sindical; el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio; y la creación de un registro de empresas que utilicen esta modalidad, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

La ley entraría en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Se prevé que, en la Cámara alta, el oficialismo busque mejorar la redacción sobre algunos aspectos, como los accidentes de trabajo, y además persisten los cuestionamientos por parte del sector empresario.

En el inicio de la reunión, la vicepresidenta de la comisión, la santacruceña María Belén Tapia, señaló que había pedidos del sector privado para que les dieran espacio para hacer sus planteos ante la comisión, por lo que consultó si se pretendía emitir dictamen este mismo jueves, a lo que el titular de la comisión, Daniel Lovera, aclaró que se trataba de una reunión informativa y que no iban a sacar dictamen todavía. Admitió que la idea es avanzar rápidamente con el tema, por lo que tratarán “la semana próxima, lunes, martes o miércoles, avanzar con un dictamen”.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, señaló que se reunirá en estos días el oficialismo para analizar si deciden introducir modificaciones al proyecto. “Vamos a tomar una decisión y con la misma vamos a ir a la firma de un despacho”, señaló el formoseño.

En su intervención, Moroni planteó dos problemas que genera el tema del teletrabajo. Uno, cómo mantener con el trabajo en el domicilio la vinculación grupal, esto es, que el que no está trabajando dentro de la empresa “no se desconecte del grupo”. Y el otro, que obviamente “estamos mezclando el ámbito laboral con el personal”.

El ministro de Trabajo definió el tema como “un fenómeno irreversible”, aunque luego minimizó su alcance, pues una vez que la pandemia sea superada va a disminuir tal metodología. “Pero no podemos desconocer que va a estar ahí cuando termine esto”, admitió, destacando también que el coronavirus es algo que “ha venido para permanecer con nosotros un tiempo”.

“Hay una necesidad de regular esto”, puntualizó Moroni, que consideró que el tema registra dos problemas: uno, el impacto en la vinculación grupal del trabajador que pasa a hacer teletrabajo; el otro, es la mezcla del ámbito laboral con el personal. Como sea, esos trabajadores deben tener “los mismos derechos que el que está en la empresa”, señaló el ministro, que por otra parte consideró “exageradas” las críticas formuladas al tema de la “reversibilidad”.

La voz de los gremios

Al tomar la palabra, el titular de la CTA, Hugo Yasky, consideró que la aprobada en Diputados es “una ley que parte de la idea de establecer presupuestos mínimos, porque acordamos las centrales sindicales que hay que poner un piso a partir del cual los convenios colectivos son los que deberán definir temas como la modalidad y especificidad”.

Recordó que el teletrabajo abarca diferentes ramas laborales, y al ser todas de distintas características, “eso no se puede contener en una ley, de manera tal que acordamos una norma que pudiera dejar después al convenio colectivo de cada sector margen para resolver después cuestiones específicas”.

“Es un buen proyecto de ley, creo que se le hicieron muchos cambios, pero hay algo que quiero resaltar: es un proyecto que salió con el aporte y apoyo de los distintos bloques”, señaló, advirtiendo más tarde que “la ausencia de regulación es fuente de abusos o fuente de conflictos”.

Por su parte, el titular cegetista Héctor Daer advirtió que “en el mundo lo que hay es un camino hacia la precarización laboral de todos los que ejercen el teletrabajo. Esa es parte de la mirada que tenemos todos, porque no hay una promoción específica de este tipo de empleo; lo que hay es una transferencia de los que están en las empresas al seno de los hogares. Pero es una transferencia, y no una promoción” del empleo.