El periodista entrerriano Daniel Tirso Fiorotto presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, aduciendo mal desempeño de sus tareas, en particular violencia de género contra las mujeres y falta de decoro.
En su calidad de ciudadano, Fiorotto hizo la presentación según los artículos 138 y siguientes de la constitución provincial reformada en 2008, que hacen pasibles de juicio político, entre otros, a los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Conducta "asombrosa"
Fiorotto dice que su presentación nace de un asombro: "En el mismo instante en que los entrerrianos y las entrerrianas recordamos los 200 años de la República de Entre Ríos, y cuando llevamos décadas recuperando los principios de la revolución federal independentista, republicana, federal, nos topamos con denuncias sobre un juez del Superior Tribunal que parece ignorar o menospreciar la sangre derramada por nuestros hermanos, nuestras hermanas, en las luchas por la república.
Los atropellos de un juez a trabajadores, en especial mujeres, se han convertido en la comidilla del día, pero su difusión no logra sacudir las estructuras. "Entonces nos preguntamos, ¿por qué señalar a otros, a otras, por naturalizar la prepotencia, la violencia, si nosotros mismos no colaboramos para señalar la gravedad de estos tropiezos de un juez que nos ponen en alerta, y está a la vista que las acciones pueden pasar a mayores?"
De aquellos polvos a estos barros
Recuerda la larga historia de guerras y violencia que padeció nuestro país, y en particular nuestra provincia, en el siglo XIX: " Unas 61 mil personas murieron en la Argentina durante las luchas para promover el federalismo y la república, en vez del centralismo y la monarquía que se imponían desde el poder heredero de la colonia, según los datos conocidos. Si sumamos los muertos días después por heridas en los enfrentamientos y represiones, pasamos las 100 mil almas. Seis combates por año. 59 de ellos fueron librados en territorio entrerriano, en luchas entre hermanos. Si los muertos, 100 mil, ¿cuántas las víctimas? Los muertos, los minusválidos, los suicidados, mujeres, hombres; más sus hijas e hijos, madres, padres, hermanos, hermanas, novios, novias esposos, esposas, amigos, amigas, vecindad… Las guerras fratricidas desangran a la comunidad toda, de manera que las víctimas son incontables, y no debiéramos ignorar ni menospreciar los motivos de esas luchas. La república es uno de los principales.
Concluye que los jueces, legisladores, ministros, que no están a la altura de las circunstancias deberían detenerse en lo que costó, en vidas humanas y otras desgracias, la organización de esos servicios.
"Si a las luchas de todo el siglo XIX les sumamos los dos siglos y medio de resistencia de nuestros pueblos indómitos, podremos decir que la provincia de Entre Ríos fue la que más vidas dio por la independencia y la autonomía y la república en el país. No por nada, al momento de elegir un emblema, José Artigas trazó en la bandera unos listones colorados “signos de la distinción de nuestra grandeza, de nuestra decisión por la República, de la sangre derramada para sostener nuestra Libertad e Independencia”.
Insiste en que para llegar al nombramiento de un juez en Entre Ríos "tenemos centenares de batallas en el camino, miles de muertos y amputados, mujeres y hombres. ¿Qué margen hay, nos preguntamos, para tomar con ligereza o negligencia un cargo logrado luego de tanto sacrificio de nuestras familias? ¿Acaso nos consideramos con derecho a burlarnos de ese mar de lágrimas? ¿Y qué margen hay en nuestras comunidades, herederas de aquellas gestas, para hacer la vista gorda?
Agrega más adelante: "Así las cosas, en memoria de los sacrificios de nuestros hermanos, nuestras hermanas, por la república y contra el despotismo, no nos queda más alternativa que revisar hoy el funcionamiento de la república, en muchos aspectos, y hacernos eco de las denuncias de los trabajadores ante los atropellos de personas que ejercen altos cargos de uno de los tres poderes, en este caso el Judicial.
La violencia y la falta de decoro en el ejercicio de un cargo, por las que ha sido denunciado el juez Emilio Castrillón no son compatibles con esta rica y heroica historia. De ahí nuestro pedido de juicio político".
Viene de lejos
Fiorotto señala que Castrillón desde antes de asumir su actual cargo judicial tenía antecedentes suficientes para reconocerlo como una persona violenta. Además, han existido tantos episodios que revelan una conducta de escaso o nulo auto control y manejo de su ira, que llevaron a diversos hechos de agresión en el seno mismo del Poder Judicial, hasta provocar actuaciones administrativas internas que así lo revelan, tanto como la denuncia de otra de las vocales del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, y de otras funcionarias del Poder Judicial.
"Su ingreso al Poder Judicial no fue exento de polémica, ya que, en su momento, al ser analizado el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, tuvo impugnaciones a su postulación que a la postre no pudieron impedir que el Senado aprobase su designación.
Durante años de ejercicio de la judicatura en los máximos lugares de la conducción del Poder Judicial, ha incurrido en mal desempeño notable y no ha demostrado poseer el equilibrio, la mesura, ni ha guardado el decoro que lo habiliten a la prosecución en sus funciones, como se demostrará con la prueba a producirse".
El pedido de enjuiciamiento considera a Castrillón "una persona violenta con las personas en general, y violenta en especial contra las mujeres, ello implica que es una persona adversa a la generación de igualdad entre hombre y mujer, por haber incurrido en reiteradas oportunidades en episodios de violencia de género, cuyas graves características logró disimular con el ejercicio del poder en forma patriarcal, amenazante y arbitraria
La presentación menciona varios casos concretos de violencia de género, de los que ha dado cuenta la prensa entrerriana y recuerda un caso acaecido recientemente en la ciudad de donde Castrillón es oriundo, La Paz. En la madrugada del 28 de marzo pasado mantuvo una trifulca callejera con intervención de vecinos con un kiosquero cercano a su domicilio de la esquina de Sáenz Peña y Belgrano.
La acusación
Luego Fiorotto precisa la acusación: Mal desempeño por reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia (Art. 140 Constitución Provincial y artículos 8 y 17 inciso 7 de la Ley Orgánica de Tribunales)
Los actos denunciados, según Fiorotto, demuestran que Castrillón "carece del equilibrio espiritual indispensable que es exigible en los miembros del Poder Judicial en general, y muy especialmente en los integrantes del máximo tribunal, que está llamado a impartir justicia pero además, a ejercer la facultad de superintendencia, es decir, la facultad de revisar acciones de los tribunales inferiores y de, por supuesto, sancionar a quienes no desempeñan sus labores con idoneidad y probidad.
La premonición de Julio Majul
En 2006, cuando el gobernador Jorge Pedro Busti lo propuso para el cargo judicial, el tema debía ser tratado por el Senado, que debía dar acuerdo. El entonces senador Julio Majul se opuso en soledad al nombramiento de Castrillón, con argumentos que fueron ratificados luego con hechos por el propio magistrado y son reiterados ahora por Fiorotto.
Majul dijo entonces en la cámara alta que Castrillón era un personaje "soberbio", "confrontativo" y carente de idoneidad para el cargo y recordó que el propio candidato se consideró a sí mismo "cocorito", es decir, una persona de carácter levantisco, de genio inquieto y turbulento, promotor de disturbios
El senador advirtió que para integrar el máximo organismo judicial entrerriano " se requiere no solamente conocimiento de las materias que integren el fuero, sino especiales condiciones de mesura, equilibrio y serenidad. El requisito de la independencia es obvio. Veamos si el aspirante reúne los requisitos de aptitud profesional y de actitud equilibrada. Para ello tomamos la lectura reflexiva que hemos hecho sobre su exposición en la audiencia pública de 2006. Sobre sus condiciones profesionales para desempeñarse en la Sala Civil y Comercial, el aspirante ha admitido que no tiene ningún estudio escrito sobre nada relativo a ello, lo cual de por sí es importante. En la audiencia aseguró haber actuado como Juez ad-hoc en temas de este fuero, pero luego de la lista que me envía firmada por el Juez de La Paz surge que jamás actuó como Juez ad-hoc en ningún caso civil o comercial.
Debemos decir, entonces, que su justificación profesional para este cargo se limita a su labor parlamentaria, lo cual no tiene nada que ver con la tarea judicial y mucho menos en el máximo organismo provincial. En la parte de su actuación personal, el aspirante se agravia en la audiencia de que se traten cuestiones personales atinentes a su obligación alimentaria con sus hijos, pero él mismo lleva a estos hijos y a su ex esposa a la audiencia pública, con lo cual presiona a los presentes y habilita que se traten esos temas personales. Su ex esposa, que como he dicho lo acompaña a la audiencia, es empleada de esta Legislatura. Me queda la duda de si es también casualidad que sea ex esposa del presidente del Bloque Oficialista en Diputados. Tampoco brinda explicaciones razonables cuando se lo interroga sobre sus dichos contra un Juez santafesino. Apenas si queda claro que él intenta adueñarse de una isla y cuando advierte que le es imposible él mismo afirma considerarse émulo de Pancho Ramírez o Urquiza y pretende donar la isla al Estado Provincial, lo que también es absurdo porque si en realidad es entrerriana forma parte naturalmente del dominio público del Estado. La Provincia no necesita que él reivindique o declare la entrerrianía de esa isla. También pareciera estar en contra de la formación actual del Consejo de la Magistratura, debiendo ser la única persona que afirma tal cosa. Finalmente, consignemos que en toda su exposición no contesta ninguna de las observaciones que le formulan entidades específicamente defensoras del Derecho y se limita a agraviar a las personas físicas que firman dichas observaciones, lo cual es otra evidencia de su estilo confrontativo y soberbio”.