La Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) cuestionó que el proyecto de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos “avance sin incorporar garantías concretas para los trabajadores”. El sindicato reclamó que “cualquier modificación en las funciones, la organización o las condiciones laborales sea discutida y acordada con las organizaciones gremiales”.

La transformación digital del Estado entrerriano abrió un nuevo frente de discusión entre el oficialismo y las organizaciones que representan a los trabajadores estatales. Hace dos semanas en el debate en comisión de la Cámara de Diputados, Upcn planteó que la incorporación de tecnología y herramientas de inteligencia artificial no puede convertirse en una vía para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo ni avanzar sobre derechos adquiridos. En ese marco, presentó una serie de modificaciones destinadas a incorporar la perspectiva de los trabajadores. Sin embargo, advirtió que sus planteos “todavía no tuvieron respuesta por parte de los legisladores”.

Ante la posibilidad de que la iniciativa sea llevada al recinto, Upcn exigió que el proceso tenga límites claros y que la denominada modernización del Estado no se traduzca en pérdida de derechos, precarización o cambios inconsultos en las tareas de los empleados públicos.

Una transformación con derechos
Uno de los principales planteos del sindicato es que el proyecto establezca una implementación progresiva de la transformación digital y contemple expresamente una transición digital justa y ordenada para los trabajadores del Estado provincial.

La propuesta de Upcn establece que esa transición “no podrá ir en desmedro de ninguno de los derechos y garantías que amparan a los empleados”, y plantea mantener como marco las garantías previstas en las leyes 9755 y 9811 hasta que se concrete un Convenio Colectivo de Trabajo.

El punto no es menor: para el gremio, incorporar tecnología no habilita al Estado a modificar unilateralmente la relación laboral.

Por eso, propuso que cualquier cambio sustancial en la organización, las funciones o las condiciones de trabajo sea previamente discutido con las organizaciones gremiales.

“Cuando sea necesario modificar y fijar nuevas pautas respecto a la Organización, Funciones, condiciones de trabajo, o cualquier tipo de transformaciones sustanciales de la relación laboral, las mismas deberán previamente discutirse y acordarse con las Organizaciones Gremiales representantes de los Trabajadores”, sostiene el texto presentado por Upcn.

La advertencia sindical apunta así a uno de los interrogantes centrales que deja planteado el avance de la digitalización estatal: qué ocurrirá con los trabajadores cuando una herramienta tecnológica transforme las tareas que realizan, modifique sus responsabilidades o directamente vuelva innecesarias determinadas funciones.

Contra la brecha digital y la pérdida de derechos
Además, puso el foco en quienes quedan fuera de los procesos de digitalización. El sindicato pidió garantizar “la asistencia humana en todas las instancias” y mantener canales alternativos para quienes no puedan utilizar medios digitales, con el objetivo de “evitar la pérdida de derechos como consecuencia de la brecha digital”.

La preocupación atraviesa tanto a trabajadores como a ciudadanos que deben vincularse con un Estado cada vez más digitalizado. Para Upcn, la incorporación de tecnología no puede presentarse como sinónimo automático de eficiencia si, en el proceso, deja personas sin atención o dificulta el acceso a prestaciones y derechos.

Capacitación, reconversión y salario
Otro de los reclamos apunta directamente al impacto de la transformación tecnológica sobre las tareas estatales.

Además, propuso que el Estado garantice “el derecho a la Capacitación, reconvención y participación activa de los empleados públicos en las diferentes etapas de implementación, desarrollo y ejecución”.

La capacitación, según el planteo, debe estar acompañada por las herramientas digitales y tecnológicas necesarias para la profesionalización de los trabajadores.

Pero el gremio fue más allá: reclamó que las nuevas responsabilidades tengan reconocimiento salarial. Para ello propuso que el Estado “determinará grados de responsabilidades en relación a la función que cada empleado deba desempeñar con el consecuente reconocimiento salarial que dicha responsabilidad conlleva”.

Es decir, más tecnología no debería significar más obligaciones por el mismo salario.

Inteligencia artificial: principios y control
La discusión tampoco se limita a la relación entre trabajadores y Estado. Upcn propuso ampliar el artículo 12 del proyecto, referido a los principios éticos y garantías para el uso resonsable de tecnologías e inteligencia artificial.

El sindicato pidió una definición más amplia de esos principios y propuso crear un Órgano de Supervisión Ética y Control de Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial.

La propuesta busca que la incorporación de sistemas tecnológicos no quede librada exclusivamente a decisiones administrativas, sino que existan mecanismos institucionales capaces de controlar sus efectos y establecer límites.