Tal como se adelantó al inicio de este periodo legislativo, el interbloque Cambiemos buscaría enfocar su agenda en temas sociales, como lo es el aborto y, ahora, la urbanización de las villas. Se trata de la expropiación de tierras de barrios populares, que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados y que será tratado en un plenario de cuatro comisiones. Mientras tanto, en continúan los despidos de las trabajadoras sociales que se encargaban de llevar adelante el proyecto en la 31, supo AIM. Polémica acerca de los fundamentos oficialistas qué habría detrás del proyecto.
Si bien los giros aún no están oficializados, fuentes del oficialismo adelantaron a AIM que la discusión recaerá en las comisiones de Asuntos Constitucionales -cabecera-, Legislación General, Presupuesto y Vivienda.
Si bien todavía no hay fecha establecida para el plenario, no se descarta que sea la semana que viene. Por lo pronto, el próximo martes, representantes del oficialismo visitarán a Carolina Stanley en Casa Rosada, a los fines de coordinar una exposición en el Congreso para defender el proyecto.
La iniciativa fue presentada por los jefes del PRO, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri; y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Se denomina “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial”. El objetivo es disponer la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes.
Despidos
Mientras tanto, según pudo saber AIM, la Secretaría de Integración Social y Urbana (Secisyu) del gobierno porteño no resolvió el conflicto por los despidos del organismo creado para la ejecución del proyecto de urbanización de la Villa 31 y 31 bis. Se echaron 10 trabajadoras sociales y denunciaron que la medida fue un “intento de disciplinamiento”.
"Los despidos no responden a un recorte presupuestario, ya que la Secretaría tuvo un incremento del 135 por ciento, sino de un claro y feroz intento de disciplinamiento por la organización gremial", advirtieron los trabajadores en un comunicado.
"La función que desempeñan estas trabajadoras resulta de fundamental importancia para garantizar la preservación y el cumplimiento de los derechos de los vecinos, lesionados por las decisiones políticas de un gobierno que prioriza la especulación inmobiliaria", advirtieron en el comunicado.
Mientras tanto, el Congreso calienta motores para analizar una iniciativa que, según detractores, se debate entre los derechos de los habitantes de las villas y los posibles beneficios de empresarios inmobiliarios.