Por Florencia Ricchiuti, de Fundación Barbechando, especial para AIM. La iniciativa, impulsada por el titular de la Cámara de Diputados, propone modificar el Código Penal, tipificando el «vandalismo rural», con una pena de dos hasta cinco años de prisión. También pena el estrago por liberación de patógenos.

Producto de los ataques a establecimientos agropecuarios en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, entre otras zonas, que tomaron notoriedad pública, Sergio Massa (FDT-Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que establece duras penas para los delitos contra la propiedad privada en el campo.

“Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural”, explicó el titular de la Cámara Baja. “Es un delito ‘nuevo’ contra la propiedad. Opera como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural”, detalló.

Según el texto del proyecto, crea la figura del vandalismo rural, con penas de entre dos a cinco años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de:

a) Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados

b) Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados

c) Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados

d) Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio

e) Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados

f) Los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento

El proyecto de ley, que es acompañado también por el diputado Ramiro Gutiérrez (FDT-Buenos Aires), además contempla una condena de 12 años de presión para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que genere un peligro para la vida.

En sus fundamentos, Massa señala la importancia de generar “instrumentos jurídicos eficaces para la protección de los productos obtenidos de la actividad agropecuaria en sus diferentes estadios, y a los cuales es necesario resguardar con la contundencia de la ley penal”.

Desde Juntos por el Cambio, el ex Ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaille (UCR-Formosa) presentó un proyecto de resolución repudiando los hechos de violencia e inseguridad contra productores agropecuarios. Desde el mismo interbloque, Aida Ayala (UCR-Chaco) solicitó que el Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, informe sobre hechos de vandalismo en el sector agropecuario.

La diputada Alma Sapag (MPN-Neuquén) también presentó un proyecto expresando su preocupación ante el aumento de hechos de vandalismo rural.

Mientras tanto, la diputada nacional Lucila Lehmann (CC-ARI-Santa Fe), junto al legislador provincial, Luciano Bugallo y legisladores de la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio, presentaron una denuncia penal por los ataques a la propiedad privada, contra establecimientos de productores agropecuarios.