Un proyecto de ley que prohíbe la autorización de uso de armas para aquellas personas que registren denuncias por violencia de género se encuentra a la espera de tratamiento en el Senado. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, se encuentra en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, la Banca de la Mujer, y de Población y Desarrollo Humano, del Senado.
El proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, es autoría de la diputada María Cristina Álvarez Rodriguez (FPV-PJ; Buenos Aires) y, luego de fusionarlo con otros expedientes similares, consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados.
La propuesta que ingresó al Senado busca modificar la Ley 20.429, conocida como legislación nacional de Armas y Explosivos, para que “aquellas personas que registren en su contra procesos en curso o medidas preventivas vigentes como consecuencia de denuncias vinculadas a violencia contra las mujeres y violencia familiar” pierdan su condición de legítimo usuario de armas.
El texto, además, incluye la prohibición de la autorización para el uso, portación, tenencia y transporte de armas, a las personas antes mencionadas, como así también indica el secuestro de las armas que tenga en posesión.
El otro punto de la iniciativa es “generar herramientas institucionales destinadas a una efectiva articulación de información y medidas de prevención cuando las personas denunciadas por violencia de género sean portadoras de armas”.
Según el texto, será el Instituto Nacional de las Mujeres quien deberá comunicar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) cuando existan medidas cautelares por violencia de género a personas portadoras de armas. El Poder Judicial también deberá informar al organismo, la cual tendrá un plazo de 30 días desde la notificación para articular las medidas necesarias.