El Frente de Todos logró este martes emitir dictamen de mayoría al proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios en la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior, y de Derechos Humanos y Garantías, pero no pudo lograr los acuerdos necesarios para que haya un único dictamen porque Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría.

Sorpresivamente, el proyecto de ley contra la violencia institucional consiguió el acompañamiento del Frente de Todos y algunos aliados con un dictamen de mayoría, pero la oposición firmó uno de minoría, a pesar de que se esperaba un despacho único.

Según señala el texto, el propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.

En ese sentido, habilita una instancia administrativa para solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional.

Son también objetivos de esta ley afianzar políticas de bienestar del personal policial: se debe garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional.

Es importante mencionar que el proyecto propone la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela.

Señala que se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión.

Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales, y se dedica un capítulo a establecer los criterios de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con perspectiva de género y de derechos humanos.

Además, propone la creación de un Tribunal de Disciplina especializado para juzgamiento disciplinario de faltas graves y muy graves vinculadas a hechos de violencia institucional, en el ámbito del ministerio de Seguridad.

También, en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, crea el Registro Nacional de Agentes, Funcionarios y Funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados