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Agroindustria
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El campo reclama políticas públicas para el sector
El campo reclama políticas públicas para el sector

Para potenciar el crecimiento sostenido, el campo reclama políticas públicas 

El sector agropecuario reclama al Gobierno políticas públicas de inclusión rural en la era digital, que favorezcan el arraigo; calidad educativa, y aprendizaje organizacional para estudiantes rurales; infraestructura para generar equilibrio entre productividad y sostenibilidad; una reforma impositiva equitativa, inserción en los mercados mundiales y financiamiento para potenciar el crecimiento, entre otros aspectos, confirmó a AIM el dirigente del Tercer Distrito de Federación Agraria Argentina (FAA) Alfredo Bel.


En rigor, Bel se refirió a las políticas públicas que el sector agropecuario reclama al Gobierno desde hace años. Algunos temas se incorporaron recientemente a la agenda, pero otros son de larga data y siguen sin respuestas. Es que el Gobierno sólo ve al campo como un sector atractivo para la aplicación de fuertes gravámenes. “Un marco para el sector ha sido muy bien sintetizado en los 14 puntos que la Comisión de Enlace planteó en el último debate de los candidatos a presidente, el año pasado”.

La propuesta, muy detallada, incluyó varios puntos, que van desde lo tributario, las tasas, la infraestructura de camino, la conectividad, la agricultura familiar, el empleo, la seguridad rural, propuestas de financiamiento y hasta una ley para la aplicación de productos fitosanitarios, por ejemplo.


Reforma tributaria equilibrada
El diálogo con esta Agencia, el federado explicó: “Necesitamos una reforma impositiva que implique mayor equilibrio y equidad; solidaridad, como dicen ahora. No existe un mecanismo que haga que los impuestos sean equitativos. Hay muchos tributos, como las retenciones, que son tremendamente discriminatorios, porque tanto por el lugar donde se produce o por el tamaño del campo, se paga exactamente lo mismo. Entonces, esos conceptos que son básicos, hoy no se tienen en cuenta, solo son meras enumeraciones en el mensaje de los funcionarios, pero no existen en la realidad”.

Sobre porqué el sector agropecuario es atractivo para la aplicación de impuestos, Bel consideró que es el único que genera recursos genuinos. “Estamos acostumbrados a los vaivenes, y, aunque tenemos muchas ventajas climáticas, por ejemplo, puede suceder y de hecho sucede, que hoy estemos sembrando el maíz y mañana, el Gobierno cambia las reglas de juego. Esto es malo y no pasa en ninguna otra parte del mundo, porque la Unión Europea, Estados Unidos o China, tienen políticas que le dan previsibilidad mínima de cinco años, como mínimo, a los productores. Esto en Argentina no pasa porque de un día para otro, el Gobierno cambia el tipo de cambio, la política fiscal, o cierra las exportaciones. ¡Es inaudito!”, cuestionó.


¿Cómo nos insertarnos en el mundo?
El dirigente federado advirtió que el país no tiene una estrategia para insertarse en el mundo. El sector considera que “en la gestión anterior se hizo un esfuerzo. La Argentina necesita estar integrada al mundo, buscando mercados, colocando sus productos, viendo qué se demanda a partir de lo que se puede producir, porque el país tiene condiciones y capacidad para hacerlo, atendiendo demandas que son cada vez exigentes. Si no tenés una relación virtuosa con el resto del mundo, terminás, de alguna manera, condicionado o con muy pocos actores de tu comercio exterior, lo cual acota tus posibilidades”.


Financiamiento clave
Otro de los aspectos que el Gobierno debe incorporar de manera urgente en las políticas públicas para el sector agropecuario es el financiamiento. “Argentina es el único país con un sector agropecuario significativo e importante en su contexto económico nacional, que prácticamente se autofinancia. No existen los bancos, ni oficiales ni privados, para el sector productivo. En el mundo, las inversiones a mediano y largo plazo siempre se hacen con créditos bancarios. Lo toma una familia cuando compra una casa, pero también los productores cuando compran una máquina. Hoy, una cosechadora vale entre USD 150.000 y 400.000. Si no existe financiamiento no hay forma de comprarla”.


Infraestructura, clave para el desarrollo
Miles de productores viven y trabajan en las zonas rurales de nuestra provincia y el país, constituyendo la columna vertebral de la agricultura que garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la Argentina. Sin embargo, la mayoría de esos agricultores vive en un marco de pobreza, de servicios deficitarios, con escaso o nulo acceso a crédito y lejos, muy lejos, de la atención de políticas públicas que fomenten la creación de oportunidades de desarrollo social, progreso y trabajo de calidad en las zonas rurales.

Al respecto, Bel opinó que Argentina “es un país atrasado, y lo vimos muy bien en medio de esta pandemia de Covid 19. Quedó clarísimo con el tema de la conectividad. Cualquier chico en el medio rural hoy está discriminado porque no tiene conectividad, por más que tenga recursos económicos suficientes, porque si no se instaló la fibra óptica para que ese servicio llegue apropiadamente, no tiene ni tendrá acceso a internet, y, como consecuencia, tampoco a la educación. Y llevamos seis meses que muchos chicos no han podido acceder al material educativo”.

El Gobierno hace agua con la conectividad, los caminos, los puertos, y la electrificación, y el sector agropecuario es uno de los que más siente estas falencias.

Bel agregó que, desde la FAA, que integra, piensan en políticas que contemplen las producciones mixtas para sostener la diversidad productiva y potenciar el arraigo. “Eso ayuda desde lo económico porque permite amortiguar vaivenes propios de las actividades productivas. Tenemos que plantear políticas que contemplen campos mixtos con diversidad productiva que, naturalmente, generarán arraigo, mejores expectativas desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental, porque todo monocultivo es malo por definición, sean productos forestales, soja, algodón, o lo que sea”.

Educación de calidad
Bel retomó una demanda histórica del sector: la educación de calidad. “Necesitamos educación de calidad para los ciudadanos rurales, pero con los desafíos de este siglo. En el campo, ¿qué ventajas tenemos? Los chicos van a la escuela, tienen búsqueda de conocimientos e integración con su entorno y sus docentes que, en muchas ocasiones no se da –lamentablemente- en el ámbito de las ciudades. Eso hay que potenciar, si podemos mantener a los chicos en las escuelas y podemos mejorar, tenemos que tomar la enseñanza que nos deja la pandemia. En una escuela con personal único, es lógico que la maestra no tendrá todas las herramientas, pero si el Gobierno instalara tecnología adecuada les haría la vida más fácil a los docentes, que llevarían la educación integral y de calidad a los chicos. Insisto, necesitamos calidad educativa, y aprendizaje organizacional para chicos y jóvenes ciudadanos rurales, porque innovación y tecnología fomentan el arraigo”.


Producir más y mejor
El campo ha demostrado con creces ser el motor más confiable de la economía y por eso, es justo que reclame una política para su desarrollo, con reglas de juego claras, que permitan al sector agroalimentario seguir creciendo, generando más ingresos de divisas y mayores puestos de trabajo. “Tenemos la responsabilidad y el desafío de producir más y con mejor calidad. Y cuando me refiero a producir con mejor calidad es pensar en hacerlo con certificaciones, donde el agregado de valor sea el atributo que demanda el consumidor, con procesos productivos que se puedan certificar, como, por ejemplo, la carne producida exclusivamente a pasto, como se hacía antes, o la apicultura, con miel orgánica, u otras opciones. Eso es más valor y más trabajo”.


Teléfono para el Gobierno, ¿quién atiende?
Sobre qué aspectos reclaman al Gobierno cómo prioridad para avanzar en el crecimiento sostenido, Bel afirmó que lo primero es “claridad macroeconómica en toda la línea: en el tipo de cambio, en la cuestión fiscal, el financiamiento, las tasas, políticas de comercio que sean claras porque hay que producir y luego vender, y para eso no deben existir trabas, y naturalmente, garantizar la infraestructura necesaria para que esto ocurra sin problemas. Pero, además, el Estado debe asumir un rol armonizador en el conflicto que existe entre lo rural y lo urbano. El Gobierno debe buscarle la vuelta y solucionarlo, porque no se puede seguir con un conflicto por las aplicaciones fitosanitarias, donde lo urbano se mete en lo rural, condicionando actividades productivas como la agricultura o la crianza de cerdos, que necesitan espacio. El Gobierno debe garantizar el ordenamiento territorial para que nadie sufra las consecuencias. No se si no es una prioridad, pero si una necesidad”.

Además, Bel ahondó en la falta de políticas energéticas adecuadas para el sector rural. “Tenemos la represa de Salto Grande, una empresa como Enersa, perfecta en su aspecto técnico y de calidad, pero resulta que cuando se genera un problema en el sector arrocero, le dicen que deben hacer inversiones en energía solar. Eso es falta de previsibilidad, un absurdo absoluto, que le digan a un sector que para mejorar su infraestructura energética debe colocar paneles solares, cuando Entre Ríos genera energía más que suficiente para autoabastecerse y tiene una empresa saneada. No es justo que el sector privado deba ponerse al hombro una inversión de esta naturaleza”.
De la Redacción de AIM.

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