La crisis alimentaria se profundiza a niveles acelerados. “En vez de alentar la soberanía alimentaria, asistimos al encarecimiento de los alimentos, que restringe cada vez más a la población del derecho a alimentarse; porque a la vez que suben los alimentos se empobrece la población”, afirmó a AIM Facundo Scattone Moulins, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y de Nuevo Brote Nativo.

“La crisis en materia de alimentación a la cual asistimos desde hace muchos años hoy se ve profundizada a niveles acelerados. El Gobierno instala fuertemente la idea de que el alimento es un bien al que solo pueden acceder algunas personas, quienes pueden comprarlo, en un país cada vez más empobrecido, cuando su acceso debería ser tomado por el Estado como un derecho fundamental para la vida”, señaló Facundo Scattone Moulins a esta Agencia.

“En vez de alentar la soberanía alimentaria, asistimos al encarecimiento de los alimentos, que restringe cada vez más a la población del derecho a alimentarse; porque a la vez que suben los alimentos se empobrece la población”, analizó y agregó: “Ahí la soberanía alimentaria se pone en riesgo: a la vez que tenemos menos poder adquisitivo para comprar alimentos, hay mayor poder en quienes producen alimentos que nos enferman, en vez de cumplir la función elemental de los alimentos que es contribuir a nuestro bienestar saludable. La mesa en la que nos invitan a almorzar contiene alimentos que, además de tener proceso de contaminación fuertes, asociados a su producción, el objetivo está centrado en la mera producción de una ganancia para vender un producto, sin importar lo que haga; los ultraprocesados son un ejemplo claro de esto”.

Explicó Scattone Moulins sobre lo alimentario vinculado a Entre Ríos que: “La desregulación afecta fuertemente a los pueblos rurales; la derogación de la Ley de Tierras en el DNU y las modificaciones a la Ley de Semillas profundiza el modelo de producción de alimentos para generar ganancias antes que alimentar. Se corre el eje del objetivo de producir alimentos y la modificación de la Ley de Semillas implica la privatización del comienzo de la alimentación”, ya que estas “son un elemento históricamente cuidado por quienes llevan a cabo la agricultura. Patentaron las semillas y quien las cuida ahora tiene que pagarle a una semillera un canon por hacer una práctica milenaria, como puede ser reproducir semillas”.

Esta situación, consideró el ambientalista, “es llevar el mercado al extremo de ahogar y quitar libertad al productor. Esto afecta de lleno a quienes resguardan semillas nativas, criollas, quienes producen alimentos agroecológicos”.

Ante esto, la Coordinadora como Basta es Basta, sigue sosteniendo que “la salida es ir hacia un modelo de soberanía alimentaria basada en la agroecología, esto no sólo produce alimentos de calidad que apuntan a la salud de las poblaciones, sino que sana los territorios al no contaminar con agrotóxicos, al llevar al cabo prácticas que van al ritmo de los procesos naturales”.

En la actualidad, está comprobado que la agroecología “tiene iguales o mejores rendimientos que la agricultura química, en términos de toneladas de producción de alimentos. Hay ejemplos múltiples en nuestro país”.

“Las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno nacional atentan contra la agroecología, porque la misma manera de producir agroecológicamente y a través de la soberanía alimentaria, rompe los negocios de unos pocos para redistribuir; hace que el productor tenga más opciones, no tenga que depender de un agrotóxico importado sino que pueda generar un biopreparado o comprárselo al vecino, entonces genera más opciones, más libertad en esos marcos, a la vez que cadenas de cercanía, el producto se genera en un mismo predio, genera vecindad, comunalidad y eso es lo fundamental para reconstruir, porque las políticas actuales van contra lo común”.

En este sentido, desde las organizaciones socioambientales, remarco Scattone: “Creemos que es fundamental volver a fomentar la comunalidad, lo común, porque nacimos de eso, de organizarnos colectivamente para poder pensar los problemas que son colectivos, que no me afectan solo a mí”, como por ejemplo, “un río contaminado no me afecta solo a mí, sino a todas las poblaciones”.

“Somos organizaciones que buscamos objetivos colectivos, como el vivir en un territorio donde se produzca sin contaminar, porque si la comida se contamina no es un alimento, no busca el objetivo de salud. Hay que volver a pensar en los alimentos como salud y, por ende, a su producción como saludable para el territorio. Queremos poblaciones rurales que no tengan que irse, que el campo sea un lugar que se habite desde el deseo y no se huya por necesidad de no enfermarse o morir. Por eso insistimos en que la salida es organizarse, entrelazarse. Es fundamental no solo ir por los derechos ambientales, sino evitar las regresiones de derechos culturales, en materia penal, civil, en derechos democráticos como la protesta”, concluyó el ambientalista.