En una carrera contra reloj el Gobierno afina en estos días los detalles técnicos de un decreto presidencial que estaría destinado a crear un Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo (Renapost) con el doble propósito de dar una señal a la comunidad judía el 18 de julio cuando se cumplirán 25 años del atentado contra la Amia y, al mismo tiempo, responder a un planteo que viene haciendo desde hace tiempo la administración norteamericana de Donald Trump en la región.

El esquema que se analiza en la Casa Rosada en estricta reserva persigue como intención de fondo consolidar una herramienta legal a fin de que la justicia y los organismos de seguridad en pleno puedan perseguir sin inconveniente alguno a las agrupaciones terroristas como Hezbollah o ISIS, ya que están no están encuadradas hoy en la arquitectura jurídica de la Argentina.

La administración de Mauricio Macri sólo se limitó en los últimos años a investigar agrupaciones terroristas encuadradas en la lista que ofrece Naciones Unidas y que no incluye a Hezbollah, uno de los grupos acusados judicialmente de participar en los atentados a la embajada de Israel en 1992 y en el ataque a la Amia en 1994.

Sólo en contadas oportunidades el gobierno de Macri, por medio de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), hizo uso de un decreto 918/2012 que viene de la época de Cristina Kirchner y que faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal con el fin de proteger la integridad del orden económico financiero, así como la paz y seguridad internacional, conforme a normas y estándares internacionales.

Así fue como el año pasado la UIF dictó el congelamiento de bienes y cuentas de los integrantes del grupo Barakat en la Triple Frontera, una organización criminal vinculada a Hezbollah.

Sin embargo, la intención del Gobierno es crear ahora por decreto el Renapost para ampliar el marco de investigación de agrupaciones que hoy no pueden ser perseguidas por impedimentos legales.

"La creación de un registro de personas y grupos sospechosos de terrorismo se sustentarán en resoluciones judiciales, pedido de otros países o el trabajo de inteligencia", dijo un encumbrado funcionario del Gobierno que trabaja en la elaboración de este delicado mecanismo legal por decreto.

Esta idea se empezó a figurar en la mesa de acción contra el terrorismo que comparten el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Cancillería, la Dirección de Migraciones, la Aduana y la Afip.

Desde el argumento legal del decreto se sostendrá que la creación de un Registro de organizaciones terroristas en Argentina "permitirá disminuir las amenazas de potenciales ataques y disminuir los riesgos de un atentado".

Con la creación de este registro se ampliará la acción de persecución y encuadre de grupos terroristas ya que no sólo estarán comprendidos bajo el esquema de lavado de activos para su eventual detención.

Desde la AFI, el Ministerio de Seguridad, Justicia y la UIF, entre otros estamentos, creen que el decreto con la creación de un registro de operaciones terroristas generará que haya "canales más ágiles y rápidos para actuar ante movimientos de grupos terroristas".