Al firmar los procesamientos por la cartelización de la obra pública y por el negociado con los concesionarios de rutas por peaje, el juez Claudio Bonadio entendió que deben pasar a instancias del juicio oral dos de los expedientes surgidos a partir de lo que escribió Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario del ministerio de Planificación.

El primero es aquel que se inició públicamente el 31 de julio de 2018 con la detención del chofer, que había descripto el delivery de bolsos con dinero provenientes de coimas pagadas por empresarios. Ex funcionarios y empresarios admitieron-algunos como arrepentidos- haber cobrado o pagado coimas.

Y el segundo es que se abrió por el delito de lavado de dinero realizado por el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y sus testaferros. A partir de las declaraciones de arrepentidos se llegó a embargar una propiedad valuada en una cifra cercana a los 30 millones de dólares, que el círculo de negocios del fallecido Muñoz identificó en Turks and Caicos. Muñoz fue señalado –en los expedientes- como el receptor primario de los bolsos con coimas.

Bonadio señaló que "con la firma de estas dos últimas resoluciones en las causas 13.816/18 y 18.590/18 – Cartelización y corredores viales- se puede afirmar que está investigado, expuesto y resuelto el nudo y la matriz de corrupción desplegada entre 2003 y 2015 por los funcionarios del ex ministerio de Planificación Federal y por los integrantes del Poder Ejecutivo nacional de ese período".

El magistrado federal agregó que "parte de las maniobras por las que se quisieron ocultar el producido ilícito de esos bienes también está básicamente investigado y en varias casos esas investigaciones están elevados a juicio Oral y Público", y añadió que "en el conjunto de las causas investigadas por este Tribunal también fueron incautados dinero en efectivo y distintos activos".

"Seguramente en el transcurso de los próximos meses o años más de esos activos serán recuperados tanto dentro de la República Argentina a través de los procesos de cooperación internacional", señaló.

Según explicó el juez "en los presentes actuados que popularmente fueron bautizados como 'la causa de los cuadernos' debe ser correctamente leída como una maniobra compleja, organizada, planificada y ejecutada por los máximos funcionarios políticos del Poder Ejecutivo Nacional y el ex-ministerio de Planificación Federal, y para comprender acabadamente el funcionamiento de esa maniobra debe ser vista funcionar en su conjunto. Esto conlleva que el proceso de elevación a juicio oral y público que debemos dar por comenzado debe ser lo más amplio posible evitando elevaciones parciales que solo sirven para desdibujar la maniobra y que también conlleva posibles contiendas meramente dilatorias de competencia entre Tribunales Orales, en los últimos meses se constataron ejemplos de esta situación, la sabiduría también estriba en no cometer errores que ya fueron cometidos y que por tanto ya somos conscientes de sus consecuencias negativas".

El juez aludió a lo sucedido con las causas Los Sauces y Hotesur, que pasaron -debido a disputas de competencia que generaron retrasos- por varios Tribunales Orales hasta quedar radicados en los que finalmente realizarán el juicio oral.

Bonadio consideró que "es central entonces que todas las causas que componen esta investigación lleguen al proceso de juicio oral y público en el tiempo más corto posible y con la maniobra ya descripta con la mayor cantidad de elementos incorporados provenientes de las causas descriptas en este interlocutorio. Seguramente no es el camino más fácil pero será el más exhaustivo y el más seguro si se busca un proceso sólido y contundente en la etapa oral que permita de manera definitiva atribuir las responsabilidades penales que correspondan y se exculpe a quien debe serlo".