El gobernador Gustavo Bordet dijo que el mayor aporte previsto en el proyecto de ley de emergencia solidaria que envió a la Legislatura, alcanzará no sólo a los trabajadores con más altos ingresos, sino a “funcionarios políticos, legisladores y jueces. Esto nos abarca a todos y en buena hora porque no podemos hablar de solidaridad si no empieza por casa".

Para el gobernador, "el principal problema del desfinanciamiento que hemos tenido las provincias empezó en  agosto de 2019. Después de las primarias se desplomó toda la previsibilidad que tenía el país, aunque el presidente Mauricio Macri tomó medidas para intentar dar vuelta los resultados electorales. Esas medidas que se tomaron para Entre Ríos a valor histórico, a dinero de hoy, implicó cerca de 4.000 millones de pesos menos nada más en seis meses. Esto fue un hueco fiscal enorme, tremendo, que oportunamente lo he hecho público", precisó.

Luego señaló que "esto nos dejó en una fragilidad extrema" y acotó que "todo el equilibrio que habíamos logrado alcanzar trabajando fuertemente en el control del gasto público, en una política tributaria progresiva, en generar mayores recursos, se desplomó. Esto nos generó una situación de zozobra que fuimos trabajando y pensábamos teníamos previsto para mediados de este año volver a tener un equilibrio de cuentas, pero en el medio ocurre la pandemia y la necesidad de volcar muchos recursos al sistema sanitario y a sostener a los sectores más postergados desde la contención social".

Para Bordet, “la caída de la actividad económica ha sido enorme. Hubo a valores históricos menor recaudación que el año pasado. Y hay que agregarle una inflación que está rondando entre el 48 y el 55 por ciento interanual, depende el mes en el que se mida. Esto genera un desfinanciamiento y la necesidad de encontrar recursos para cumplir con las obligaciones corrientes y para poder seguir sosteniendo durante este tiempo las demandas que tenemos del sistema sanitario que son muchas".

"Por eso es que hemos elevado un proyecto de ley de emergencia solidaria a la Legislatura, donde buscamos una forma de redistribuir ingresos", continuó diciendo el gobernador Bordet.

Para los que más tienen

Más adelante, indicó que la iniciativa apunta a que "quienes más han tenido la posibilidad de incrementar sus recursos en este tiempo puedan aportar justamente para hacer sostenible y sustentable en los meses que viene el funcionamiento de toda la estructura de Salud, de gastos de funcionamiento del Estado y de la Caja de Jubilaciones".

Con respecto al aporte de los bancos, Bordet indicó que "lo que hicimos fue ampliar la base imponible para que se tribute más. El sector financiero es el que más se benefició estos últimos años y durante la pandemia no se resintió".

"A las droguerías, Entre Ríos las tenía gravadas con el 1,6 por ciento, mientras que en el resto de las provincias tienen entre el 4 y 5 por ciento, y lo que se hizo fue fijar el 4 por ciento como Córdoba y Santa Fe", acotó el mandatario.

En declaraciones formuladas a Radio Mitre Concordia,  también mencionó que en Entre Ríos "hay extensiones que superan las 1.000 hectáreas, que representan el tres por ciento del total de las partidas de Impuesto Inmobiliario de la provincia, y que tienen que pagar más".

"Generalmente ese tres por ciento de tierras que superan las 1.000 hectáreas son de sociedades anónimas de grupos inversores de otros países o de Buenos Aires. No estamos hablando de chacareros o del productor que trabaja duro todos los días para poder sostenerse en su actividad. Estamos hablando del gran latifundio y esto también es lo que decidimos gravar".

Todo para la Caja

Párrafo seguido, sobre los aportes al sistema previsional que van a contribuir a poder sostener la Caja de Jubilaciones que tiene un grave déficit histórico, Bordet precisó que "el 85 por ciento de los jubilados en Entre Ríos gana menos de 75.000 pesos con lo cual no deberán realizar ningún aporte. Después hicimos una escala progresiva, de 75.000 a 100.000 pesos se aporta un 4 por ciento, de 100.000 a 200.000 pesos se aporta un 6 por ciento, de 200.000 a 300.000 pesos un 8 por ciento y de 300.000 pesos en adelante un 10 por ciento. Es un aporte solidario especial para sostener el régimen de la Caja".

Al referirse a la contribución de los activos, señaló que "en Entre Ríos cada trabajador activo aporta el 16 por ciento al sistema jubilatorio. El porcentaje más bajo en el país. A los que ganan menos de 75.000 pesos no tendrán ningún cambio. Los que ganan entre esa cifra y 100.000 pesos se incrementa ese aporte un dos por ciento, es decir que de un 16 pasa a un 18 por ciento; los que ganan entre 100.000 pesos y 200.000 se incrementa 2 puntos más, pasa a tener que aportar un 20 por ciento; entre 200.000 y 300.000 pesos son 4 puntos, y más de 300.000 pesos son 6 puntos. Esto afecta sólo al 15 por ciento de los trabajadores".

Sin aumentos

Bordet destacó además que la norma establece que ningún poder del Estado, ni ningún ente descentralizado, va a poder otorgar aumentos salariales parciales que estén fuera de las paritarias provinciales. Todos los aumentos estarán supeditados a lo que acuerden en paritarias el gobierno con los gremios".

"Si se decide en paritaria que el aumento sea, por ejemplo, del 10 por ciento, será ese porcentaje para un maestro, para una enfermera, para un juez, para un legislador, para un funcionario. Todo con igualdad. Esto es muy beneficioso", señaló.

También se refirió a la cantidad de empleados públicos. "Cuando asumí en diciembre de 2015, había 91.000 empleados públicos en la provincia, por todo concepto, en planta, temporarios, suplentes, contratos, mientras que hoy, cuatro años y medios después es de 86.500 empleados, o sea que disminuyó y esto es por decrecimiento vegetativo, no porque echamos agentes. Bajó la planta por jubilaciones, fallecimientos o renuncias y no fuimos tomando nuevo personal", detalló.

"De estos 86.500 empleados, casi el 45 por ciento son docentes que necesitamos porque son quienes educan a nuestros hijos, están en nuestras escuelas, mientras que el 15 por ciento son personal de Salud, como médicos, enfermeros, agentes sanitarios, que se requieren para un servicio esencial. El nueve por ciento son policías y el dos por ciento son del Servicio Penitenciario. El resto es administración central y para estos trabajadores se realizan cursos y  capacitaciones. Sólo ingresan nuevos agentes a la planta de personal si son necesarios", sostuvo.