Seis integrantes del colectivo trava trans que fueron desvinculados laboralmente por la comuna de la capital provincial continúan esperando ser reincorporadas luego que presentaran un recurso ante la Justicia y ésta ordenara volver a sus puestos de trabajo hasta tanto resuelva el Superior Tribunal de Justicia. Todavía aguardan algún contacto con las nuevas autoridades municipales, confirmó a AIM Vanesa Aramí Bello, una de las litigantes.[{adj:64304 alignright}]

El 28 de noviembre pasado seis empleadas municipales que pertenecen al colectivo trava trans realizaron una presentación ante la Justicia, tras no renovarle el vínculo de trabajo en la comuna. Y el viernes 6 de diciembre el juez Pablo Barbirotto resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián / otras y otros/, impugnando la acción oficial. Esta medida fue apelada por la Municipalidad y pasó a resolverse en el Superior Tribunal de Justicia, recordó a esta Agencia Aramí Bello. De todos modos, esta apelación no conlleva efectos suspensivos, y la reincorporación debía ejecutarse vencidos los plazos legales el 11 de diciembre pasado. Pero pasó este límite establecido y las integrante del colectivo no han vuelto a sus puestos de trabajo porque resta que se concrete “el acto administrativo” necesario que ordenó el juez, se explicó. Ahora, vuelve el reclamo.

“Fueron muchos años de trabajo de articulación y organización por parte de organizaciones sociales de diversidad, feministas y agentes del estado para que Paraná comience a avanzar en cuestiones de derechos de personas Lgbttttiqp+, los pasos más concretos se habían visto en la ciudad con la creación del Consejo Representativo de Diversidad Sexual en 2016, y la realización del Relevamiento de la Población Trans”, repasaron las amparistas en un comunicado respecto a su trabajo llevado adelante en el municipio.

“El problema surgió cuando una política de estado y acciones positivas y de reparación se mezclaron con el momento que el municipio pasa en su crisis económico-financiera, que se agravó con la contratación de cientos de personas sin la previsión presupuestaria correspondiente. Fue en la omisión de la renovación del nuestros contratos, como el mismo estado municipal sugería que debía hacerse, que se re-victimiza - no por primera vez- a una población  históricamente marginada”, plantearon.

“La situación de las personas trans da cuenta de históricas vulneraciones, pero, evitemos los datos y apelemos a la empatía ¿cuántas personas trans vemos cuando subimos al cole? ¿Cuántas vemos cuando llevamos a nuestros hijos e hijas a las escuelas? ¿Cuántas docentes trans hay? ¿Cuántas vemos atendiendo tiendas en la peatonal?, o al revés, ¿donde vemos siempre a las personas trans? Este fallo del Juez Barbirotto, intenta poner a la justicia a la altura de las circunstancias en las que alguna vez estuvo el municipio, definiendo que se restaure la misma situación que existía antes de la vulneración de nuestros derechos. Los medios, las universidades, la justicia, el ejecutivo y el legislativo, así como la sociedad toda, debemos realizar un balance permanente sobre el trato que tenemos para con los grupos de personas que no se adecuan a supuestos estándares de normalidad que sostenemos día a día. Muchos, innumerables, son los grupos que luchan permanentemente por la inclusión y el respeto de sus derechos: las mujeres, las personas Lgbttttiqp +, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos originarios, y un largo etc. que no encuentran reparación a tanto daño causado. Recurrimos a ustedes nuevamente para visibilizar nuestra situación, ya que a pesar de que la justicia intimó al municipio a dictar el trámite administrativo para nuestra re incorporación, aún ni la gestión (Sergio) Varisco ni la de (Adán) Bahl dictaron el acto administrativo pertinente”, apuntaron.

“Creemos que esta situación debía ser resuelta por parte de la gestión que culminó el 10 de diciembre, pero al no haberlo hecho, confiábamos en que la entrante lo resolvería ya que se trata de una orden judicial dictada para  el cumplimiento por parte del estado municipal independientemente de los gobiernos que la administren”, afirmaron.

“Nuestra expectativa puesta en el cumplimiento por parte del Estado municipal de esta histórica sentencia (que no sólo nos favorece a nosotres sino a todo nuestro colectivo) se desvaneció. Una vez más el Estado vulneró nuestros derechos, una vez más el Estado desconoció la extrema situación de marginalidad en la que vivimos, desconociendo el derecho constitucional a la propiedad sobre nuestro salario y la imperiosa necesidad que tenemos en disponerlo. Una vez más el Estado nos marginó negándonos el acceso al empleo (a nuestro primer empleo formal). Si bien entendemos que era responsabilidad de la gestión anterior cumplir con la sentencia dictada antes de concluir su mandato, en razón de las políticas de diversidad que ellos mismos generaron,  el Estado municipal es único y los funcionarios públicos están obligados a cumplir con las mandas judiciales y todos ellos hicieron juramento de cumplir su función sobre la Constitución, y un día después desconocen nuestros elementales derechos humanos. Asimismo, denunciamos que  independientemente del proceso judicial, no se nos han pagado los adicionales del mes de octubre y el proporcional de aguinaldo del segundo semestre”, reprocharon.

“Hoy el expediente se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, y esperamos que esté a la altura para la garantía de derechos. Celebramos que el poder judicial esté dando pasos firmes promoviendo y garantizando derechos de las personas trans, como el reciente fallo a favor de la identidad auto-percibida de una infancia trans de nuestra provincia”, finalizaron el documento firmado por Vanesa, Iara, Fernanda, Paola, Gabriela, Matías.