Profesionales de Gualeguay denunciaron presuntas irregularidades en el estudio utilizado por el gobierno provincial para autorizar la caza deportiva de cuatro especies de patos autóctonos. Advirtieron sobre la “falta de rigor científico y transparencia” del informe elaborado por una consultora privada y financiado por una entidad vinculada al turismo cinegético. Solicitaron su nulidad y la realización de nuevas investigaciones que permitan determinar el estado real de las poblaciones de aves.

Los estudios técnicos utilizados por el Gobierno de Entre Ríos para justificar la habilitación de la caza deportiva de aves autóctonas quedaron bajo cuestionamiento luego de que profesionales de Gualeguay denunciaran la existencia de “groseros errores técnicos y estadísticos” en el informe elaborado por la consultora privada Emafa, financiado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético (Catcyc).

La presentación fue realizada ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia, bajo el expediente Nº 3453784, después del cierre de la temporada de caza, que finalizó el pasado 23 de agosto.

Según la denuncia, el estudio denominado “Informe de campaña 2026”, presentado por la entidad que nuclea a sectores vinculados con la actividad cinegética, contiene “al menos diez vicios graves de nulidad” que comprometerían la validez de sus conclusiones y, en consecuencia, los fundamentos técnicos utilizados por el Estado provincial para autorizar la matanza deportiva de cuatro especies de patos.

Los profesionales sostuvieron que el documento presenta “vicios graves que revelan ausencia de información confiable” y denunciaron una manifiesta “falta de rigor técnico y científico” en la elaboración de los estudios poblacionales.

En ese sentido, cuestionaron que la provincia haya utilizado como sustento para una decisión de política ambiental un informe financiado por una organización directamente vinculada con la actividad que resultó beneficiada por la autorización.

La presentación pone así bajo discusión no solamente la calidad de la información utilizada para habilitar la caza, sino también la transparencia y la independencia de los estudios que deben respaldar las decisiones oficiales sobre el aprovechamiento de la fauna silvestre.

Reclaman la nulidad del estudio
Ante las irregularidades denunciadas, los profesionales solicitaron que se declare la nulidad del informe elaborado por EMAFA y que se realicen nuevas investigaciones con criterios científicos rigurosos, capaces de determinar de manera confiable el estado actual de las poblaciones de patos autóctonos en Entre Ríos.

El planteo adquiere particular relevancia porque los estudios poblacionales constituyen una herramienta fundamental para evaluar el estado de conservación de las especies y establecer si existen condiciones ambientales que permitan autorizar su caza sin comprometer su supervivencia.

En este caso, los denunciantes consideran que las deficiencias detectadas impiden contar con información suficientemente confiable para respaldar las decisiones adoptadas por la autoridad provincial.

De esta manera, la denuncia administrativa abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el gobierno de Rogelio Frigerio para habilitar una actividad que genera controversias por sus consecuencias sobre la biodiversidad y la conservación de la fauna nativa.

Una autorización que también enfrenta cuestionamientos judiciales
La presentación se suma a la controversia judicial que enfrenta actualmente el Gobierno de Entre Ríos por la autorización de la caza de aves autóctonas.

Distintas organizaciones de protección animal y ambiental promovieron una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión oficial, al considerar que la habilitación de la actividad vulnera principios y obligaciones vinculados con la protección de la fauna y el ambiente.

En ese contexto, los cuestionamientos al “Informe de campaña 2026” incorporan un nuevo elemento al debate: la confiabilidad de la evidencia científica utilizada por el Estado para fundamentar la autorización.

La denuncia plantea, en definitiva, un interrogante central sobre la responsabilidad de las autoridades provinciales: si los estudios utilizados para permitir la caza presentan errores técnicos y estadísticos de la gravedad denunciada, corresponde determinar si existía información científica suficiente para justificar la decisión.

Mientras continúa la controversia judicial, los profesionales de Gualeguay reclaman que la Provincia revise la validez del informe y garantice la realización de estudios independientes, transparentes y científicamente sólidos antes de adoptar nuevas decisiones sobre la caza de especies autóctonas.