Tras la investigación periodística que reveló las irregularidades en la lista aportantes a la última campaña electoral de Cambiemos en provincia, el Gobierno reavivó un proyecto de ley para reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Se trata de un decálogo de propuestas entre las que se incluye la bancarización total de los aportes y la habilitación de fondeo por parte de las empresas.

El texto será presentado en Diputados entre este viernes y el lunes próximo. La iniciativa, elaborada por la Secretaría de Asuntos Políticos que conduce Adrián Pérez, se encuentra sobre el escritorio del secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, quien debe ultimar los detalles para la presentación final.

Si bien la iniciativa oficial iba a ser lanzada en el segundo semestre, la investigación por los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos en Provincia aceleró los tiempos. "Vino bien para apurar el trámite, nosotros lo tenemos listo desde febrero", comentaron fuentes oficiales consultadas por las repercusiones del caso.

Desde la oficina que depende del Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio se mostraron confiados en que la modificación del régimen de financiamiento político pueda ver la luz más tarde que temprano: "Con el tema fuerte en los medios va a ser difícil que no lo trate el Congreso".

La iniciativa del Gobierno se suma a las propuestas que también dieron a conocer el kirchnerismo y el massismo para regular el financiamiento político. Por lo pronto, el proyecto oficial incluye un decálogo de iniciativas en el que se destaca la bancarización de los aportes de campaña con el objetivo de "controlar el origen y destino" de los fondos. "La reforma apunta a que el dinero de los aportes y gastos sea registrado, para que el origen de los fondos que se utilizan en la política tenga mayor transparencia", resume el documento al que accedió este medio.

Asimismo, la oficina de Pérez busca habilitar los aportes de empresas estableciendo un tope del dos por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido. El proyecto también prevé la designación por parte de los partidos políticos de responsables financieros quienes deberán rendir los aportes y gastos de campaña.

En el ojo de la tormenta. Una investigación periodística reveló aportes falsos a la última campaña de Cambiemos en provincia.

Por otra parte, la iniciativa apunta a fortalecer la cantidad de auditores de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el organismo encargado de controlar el financiamiento de las campañas electorales. De esta manera, se propone aumentar el cuerpo creando 17 cargos nuevos que se sumaran a los 7 auditores que actualmente trabajan para la CNE.

Este último punto es un histórico reclamo del tribunal que encabezan los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Lo cierto es que en Alem al 200 consideran "urgente" la necesidad de aumentar la cantidad de inspectores bajo su ala. En varias oportunidades, los magistrados manifestaron su reclamo de alcanzar los 24 inspectores para cubrir cada uno de los distritos.

Desde hace tiempo especialistas en materia de transparencia institucional ponen el ojo del financiamiento político en el origen del dinero. En una entrevista de concedida a ámbito.com hace unos meses, Delia Ferreria Rubio, titular de Transparencia Internacional, advertía sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre el dinero de la política.

"Nunca vamos a llegar a conocer todo porque siempre habrá fondos que van a entrar en negro. El tema es cómo hacer para que el organismo de control tenga la capacidad de detectar fondos que no fueron declarados por los partidos y que se usaron para la campaña", comentaba hace unos meses.

Por lo pronto, la investigación por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en provincia obligó al Gobierno a tomar la iniciativa política en respuesta a la demanda de explicaciones surgidas en los últimos días sobre el caso.