El escándalo por la utilización ilegal de datos de Facebook que hizo la empresa Cambridge Analytica para la campaña de Donald Trump sembró desconfianza a nivel mundial. Muchos datos, sin embargo, también están al alcance de la mano de forma lícita.
El Gobierno tomó los datos de la Anses y de otros organismos públicos para hacer campañas de comunicación segmentadas. Otro ejemplo: el gobierno porteño suele contratar con fondos públicos la realización de encuestas y focus group para conocer el termómetro social.
Una de las primeras controversias que tuvo Cambiemos se desató a mediados de 2016. La Jefatura de Gabinete firmó un "convenio marco de cooperación" entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública para "el intercambio de información de sus bases de datos con el fin de mantener informada a la población", una base de datos con información importante. Un acuerdo similar firmaron con el PAMI.
Las dependencias compartieron con la Casa Rosada datos personales como género, edad localidad, e-mail, celular y teléfono. Distinas ONG como Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles alertaron por la utilización de los datos y la oposición denunció esa medida ante la Justicia, que desestimó las acusaciones.
El Gobierno usó esos datos personales para 18 campañas de comunicación, informaron desde la Casa Rosada a la nacion. La mayoría de las iniciativas -sostuvieron- están vinculadas a mensajes de bien público, como la reparación histórica, la feria del empleo joven, los créditos hipotecarios, "El Estado en tu Barrio" y la red SUBE.
14 millones de personas
"Buscamos una comunicación directa, a través de e-mails o llamados, que sea segmentada y geolocalizada", señalaron las fuentes oficiales. Detallaron que la base tiene datos de unos 14 millones de ciudadanos y reconocieron que la información de Anses y PAMI no siempre son suficientes, por lo que la Casa Rosada está nutriendo esa "agenda" con otras fuentes.
Pero desde el Gobierno desmienten las acusaciones sobre el posible uso electoral de esos datos. Dicen que hay un "muro" entre los datos que tiene el Gobierno y los que maneja el partido. "En Cambiemos, hay mejor información que en la Casa Rosada", bromeó un asesor del oficialismo.
La oposición, sin embargo, está en estado de alerta de cara a 2019. El diputado kirchnerista Juan Cabandié ya presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo sobre "la contratación de servicios de big data, la utilización de datos personales y el contenido de memorándum de entendimiento con Amazon Web Services".
Los ojos de la oposición también se posan sobre la Ciudad, el semillero de Pro donde está más aceitada la utilización de sondeos de opinión. En diciembre pasado, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta lanzó una licitación por $250 millones para la realización de encuestas y focus group. Resultaron preadjudicadas nueve reconocidas consultoras.
"Si bien fueron preadjudicadas, eso no quiere decir que todas las encuestas se vayan a utilizar y pagar", señalaron desde el gobierno porteño. Indicaron, además, que se realizan sondeos para "evaluar la situación de la ciudad, expectativas, gestión y problemas".ß Maia Jastreblansky e Iván Ruiz.
Fuente: La Nación