Un proyecto de ley nacional de cupo laboral travesti-trans duerme en el Congreso de la Argentina desde julio de 2018, y ya había sido sido presentado en 2016 (pero perdió estado parlamentario). Propone que el 1 por ciento de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans, pero desde el activismo temen que el año electoral ponga en jaque su tratamiento. Entre Ríos es una de los distritos que no tiene legislación, aunque cuenta con un proyecto pendiente en la Legislatura. [{adj:44066 alignright}]

Según un informe de la asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) y Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), sólo el 18 por ciento de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales.

El proyecto de ley nacional fue presentado por el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán. En 2018 entró al Congreso avalado por la firma de más de 40 diputadxs pertenecientes a seis bloques legislativos, a instancias de la diputada nacional Mónica Macha, Unidad Ciudadana.

¿Qué es?

El cupo laboral travesti-trans fue una iniciativa de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán. Lo pensó como una estrategia para paliar la exclusión de sus compañeras: el 95 por ciento de las travestis y trans están o estuvieron en situación de prostitución. La ley 14783 se aprobó en la Legislatura de la  provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2015. Un mes después fue asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta hoy, el gobierno provincial no reglamentó la ley y por lo tanto no se aplica. “Fue una decisión política que el cupo no se haya cumplido”, dice Say Sacayán, hermano de Diana y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Destaca el vaciamiento de políticas públicas para abordar la problemática de las personas trans de un manera integral.  “La única respuesta da este gobierno al colectivo trans y travesti el fue protocolo de detención para personas Lgtb”, dice. No obstante, reafirma que la lucha para concretar el cupo continúa.

Mientras el gobierno de María Eugenia Vidal demora la reglamentación, las organizaciones del conurbano y el interior siguen trabajando e impulsan adhesiones y ordenanzas locales. Se logró que los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Merlo, Morón, Quilmes, San Miguel, Tres de Febrero, San Isidro, Chivilcoy, Azul, Ramallo y Mar del Plata adhirieran . “Las adhesiones no siempre se traduce en un cumplimiento efectivo, bajo la excusa de que la provincia no reglamenta la Ley Diana Sacayán”, explican desde Conurbanxs por la Diversidad.

En Pilar y Florencio Varela se aprobaron ordenanzas específicas que instituyen el cupo. Sin embargo, sólo en este último municipio comenzó a aplicarse y hay dos personas trans trabajando en planta permanente. Por ahora, no hay novedades ni promesas  de cumplimiento de parte de los intendentes.

“Sabemos que hay muchos intendentes transfóbicos y no tenemos contacto con ellos. Nunca vi a ningún intendente en ninguna sesión en la que se haya debatido el cupo trans, seguramente ni saben qué es. Todxs vivimos este retroceso y así llegamos a otro 1° de Mayo con la población trans excluida de la agenda de los sindicatos y del Estado”, afirma Marcela Romero, presidenta de la Attta y de la Federación Lgbt Argentina.

En las provincias

Además de la provincia de Buenos Aires, hay otras tres que también aprobaron el cupo laboral travesti-trans por ley. Chubut aprobó el cupo laboral trans el 17 de mayo de 2018. Le siguieron Río Negro y Chaco, en septiembre y noviembre de 2018 respectivamente. Por diferentes razones,  en ninguna de las tres provincias se implementó.

Mientras que Río Negro y Chaco aún están dentro del plazo de un año para la reglamentación, en Chubut las organizaciones denuncian que la ley está frenada. “Llegó hasta el Ministerio de Familia y ahí quedó. Eso fue el año pasado y hasta ahora no hay novedades. Claramente, al gobierno no le interesa avanzar para que se cumpla”, denuncia Daniela Andrade, activista y referenta provincial de Attta en Chubut. Y agrega que si bien se presentó en todas las ciudades de la provincia, sólo en Comodoro Rivadavia está funcionando.

Del resto de las 20 provincias, casi todas tuvieron varios proyectos o al menos uno en estos últimos años. En los mejores casos llegaron a comisiones, pero en la mayoría no lograron ni siquiera ese tratamiento.

Entre Ríos pendiente

A falta de leyes provinciales y por el trabajo del activismo local, muchos municipios aprobaron iniciativas propias que empiezan a ponerse en marcha en: Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto y Ciudad de Santa Fe (Santa Fe) San Pedro (Jujuy); Fray Mamerto Esquiú (Catamarca); Resistencia (Chaco, antes de la ley provincial); Bell Ville (Córdoba); Orán y Salta (Salta); Santa Rosa (La Pampa); Cinco saltos, Bariloche, San Antonio Oeste, Cipolletti, Luis Beltrán, Río Colorado, Viedma (Río Negro, antes de la ley provincial); Las Heras y Luján de Cuyo (Mendoza); Villa Mercedes (San Luis); Tafí del Valle (Tucumán); Río Grande (Tierra del Fuego).

Quedan ocho provincias sin ley provincial ni ordenanzas municipales. Entre ellas, Neuquén y Entre Ríos tienen proyectos en las legislaturas provinciales; en tanto Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Santa Cruz no han logrado aún ingresaron iniciativas.

Si bien no hay ley en la Ciudad de Buenos Aires, un reciente fallo de la justicia porteña ordenó al Consejo de la Magistratura a reglamentar el  cupo laboral travesti trans previsto en la Ley de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas  Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (Lgtbi). Esa norma se aprobó en 2012, mismo año que la Ley de Identidad de Género.

En su fallo -en respuesta a la demanda de una activista y abogada, Cristina Montserrat Hendrickse- la jueza María Soledad Larrea exhortó al Jefe de Gobierno de la Ciudad, al presidente de la Legislatura de la Ciudad, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y a cada unx de lxs titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento al cupo laboral trans.

Universidades con cupo

Aunque no están obligadas, las universidades se hicieron rápidamente eco de la demanda y empezaron a implementar el cupo laboral travesti-trans. Una de las primeras fue la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 2017, que ya lo aplica. Le siguieron las de La Pampa, el Comahue y Tierra del Fuego.

 

Fuente: Agencia Presentes