La gestión Cambiemos en el Banco Nación le otorgó préstamos por 18.700 millones de pesos a Vicentin. La empresa agroexportadora que era una de las principales aportantes de campaña del entonces oficialismo.[{adj:69179 alignright}]
Se inició un sumario administrativo. "En estos casos el banco activa unos controles que acá no se activaron", afirmó el vocero de la entidad bancaria. Hasta el momento Vicentin no presentó al banco ninguna propuesta de pago.
Las nuevas autoridades del Banco Nación iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos por 18.700 de pesos millones a la firma agroindustrial Vicentin, que se declaró en “estrés financiero” el 5 de diciembre pasado, sin que hasta el momento la empresa haya presentado propuesta de pago alguna.
El vocero de la entidad bancaria, Sergio Resumil, relató que al asumir la nueva conducción “se hizo un análisis de la situación y se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y que no se habían cumplido la mejoras prácticas en su otorgamiento. Entonces se dispuso iniciar un sumario administrativo”.
Situación
El default de Vicentín es sin lugar a dudas el tema que más preocupa a las nuevas autoridades del Banco Nación, por los más de 18.370 millones de pesos que deben recuperar a causa de los numerosos créditos que Javier González Fraga le otorgó a la agroexportadora.
La magnitud de los montos excede todos los límites de riesgo de concentración fijados en la normativa de Basilea II -adoptados por el Banco Central- y habla de un claro vínculo entre el macrismo y la empresa de las familias Padoán-Nardelli, una de las principales aportantes a la campaña del entonces oficialismo.
Según detalló, la deuda por los préstamos, que tuvieron lugar durante la gestión de Javier González Fraga, fue renegociada varias veces ante las irregularidades en los pagos y luego se fue ampliando por la evolución del tipo de cambio. “En estos casos el banco activa unos controles que acá no se activaron”, añadió.
Escenario
“La empresa estaba en categoría 1, es decir que aunque estaba incumpliendo sus pagos era considerada una empresa normal. Se la pasó a categoría 4, que quiere decir que tiene alta probabilidad de incobrabilidad, el paso previo a la quiebra o a una convocatoria de acreedores”, agregó en declaraciones al programa Mañana Sylvestre por Radio 10.
Resumil afirmó que desde ese momento “se suspendió el flujo de recursos a la empresa”, pero la preocupación radica en que hasta el momento Vicentin no presentó al banco ninguna propuesta de pago: “Lo que ocurre habitualmente es que abran una vía de negociación con su cadena producción o entidades financieras. Pero no se advierte ninguna voluntad. En 2018 facturó 118.000 millones, es decir que la deuda era el 15 por ciento de esa facturación. Para el banco no es grato que una empresa quiebre, pero estamos obligados a proteger nuestros activos, porque tenemos ocho millones de clientes”.
“No podemos tolerar que los recursos que depositan los argentinos sean objeto de este tipo de maniobras. Lo ideal sería que la empresa no vaya a la quiebra en la situación actual, pero queremos recuperar el dinero. Por eso si no hay oferta de pago se tomarán otras acciones”, concluyó.
Sitaución
Según se desprende de la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, a la fecha la empresa tiene una deuda bancaria total de poco más de 23.500 millones de peso, entre ellos los 18.000 millones tomados con el Banco Nación. Además la firma tiene cheques rechazados por un total de 60 millones de pesos.
Pero además acumuló deudas con el sector productivo y durante las últimas horas se reunió con representantes del sector para intentar esquivar la apertura del concurso de acreedores, que sería inminente con el fin de la feria judicial. En este contexto, durante el encuentro esbozó un posible plan de pagos que sería presentado oficialmente durante los primeros días de febrero.
Actualmente, la compañía comandada por la familia Padoan tiene una deuda total superior a los 1.000 millones de dólares, de los cuales 350 millones de dólares está contraída con productores, acopios y cooperativas por la compra de materia prima y justamente este sector es el que viene presionando desde hace semanas para que la firma presente en el corto plazo un plan de pagos concreto o, caso contrario, se daría de baja a la firma para operar en el mercado granario local.
Luego de que la empresa se declarara en “estrés financiero” el 5 de diciembre pasado, se barajó la posibilidad de que venda parte o alguno de sus cuantiosos activos y también se especuló con que sumaría algún socio local para conseguir un espaldarazo y dejar atrás este default sin precedentes en sus 90 años de trayectoria.
Fuente: Ámbito / LPO.