En la resolución, que lleva el número 8/20, Cristina y Massa dispusieron que sea la comisión que actualmente preside Leopoldo Moreau (Frente de Todos) la que lleve adelante el control sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.
La disposición se firmó en el marco de un convenio suscrito el 29 de septiembre de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema.
En ese convenio, se puso en cabeza del Congreso el seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas, “a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficaces para prestar asistencia contra el crimen organizado”.
Dado que se facultó a Congreso para determinar la modalidad de este control, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados asignaron la tarea a la Bicameral de Inteligencia.
A su vez, dispusieron la creación de una subcomisión permanente que deberá informar semestralmente a la presidencia de ambas Cámaras sobre los avances de la bicameral en ese sentido.
Cabe recordar que, con el voto del Frente de Todos, el Senado rechazó el DNU que traspasó las escuchas telefónicas del ministerio Público a la Corte Suprema, pero el decreto debe ser tratado en la Cámara de Diputados para quedar definitivamente anulado.