La Corte Suprema tendrá la última palabra en un intrincado pleito judicial en que se debate la constitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri en 2017, respecto a migraciones. El caso mantiene en guardia al Gobierno, que necesitará hacer uso de ese instrumento mientras no tenga mayorías en el Congreso y en un contexto económico apremiante.

El frente judicial comenzó con una demanda colectiva que denunció la inconstitucionalidad del DNU que modificó la ley de migraciones y facilitó la expulsión del territorio nacional de extranjeros con antecedentes penales. El Gobierno recibió un fallo favorable en primera instancia, pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo sentenció la invalidez constitucional del decreto.

Más allá de la cuestión de fondo, el cuestionamiento que hizo la Justicia sobre las facultades que tiene el Gobierno para hacer uso de los DNU significó un antecedente preocupante para la Casa Rosada, que necesita de esa herramienta como una válvula de descompresión. Ejemplo de ello fue la reforma previsional, que el Gobierno evaluó sacar por decreto cuando se empantanó la discusión en Diputados.

En este contexto, la Procuración del Tesoro de la Nación, que actúa como abogada del Estado en las causas de mayor relevancia institucional, presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte la que defina la discusión.

El Gobierno jugó esa carta en un contexto de tensión con el máximo tribunal. En los últimos días, por caso, los jueces de la Corte le solicitaron una actualización presupuestaria y advirtieron que podrían "paralizar" sus actividades.

El DNU 70/2017 endureció la política migratoria. Buscaba acortar los tiempos para expulsar a los extranjeros con antecedentes penales e imponer controles más estrictos para que puedan permanecer en el país. El Gobierno justificó la necesidad y la urgencia al señalar que existen "severas dificultades para concretar órdenes de expulsión" y al aludir a "los delitos vinculados a la narcocriminalidad" y a "un uso abusivo de la residencia precaria".

La medida generó malestar en los gobiernos de Bolivia y Paraguay, y preocupación en diferentes organizaciones, que se unieron en una demanda colectiva. "El Ejecutivo tomó prestada una facultad del Congreso, nunca explicó las razones de necesidad y urgencia y modificó las garantías del debido proceso que tienen los inmigrantes", señaló Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El 19 de octubre de 2017, sin embargo, el juez en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli rechazó la acción de amparo colectivo y consideró que el decreto 70/2017 fue constitucional, ya que no reguló ninguna materia prohibida. "El examen del decreto se encuentra reservado, por el momento, al Congreso", dijo el magistrado.

El DNU 70/2017 tuvo un mínimo movimiento en el Congreso, que luego congeló su tratamiento: fue tratado el 16 y el 22 de febrero de 2017 por la Comisión Bicameral Permanente, que no emitió dictamen por falta de quorum. El Gobierno interpretó que, mientras no sea rechazado expresamente por ambas cámaras, el decreto sigue vigente.

En marzo de este año, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó el fallo de Marinelli y dictó la inconstitucionalidad del DNU sobre migraciones. Los camaristas dijeron que el decreto "avanzó sobre competencias del Congreso y presentó vicios en su causa, su objeto, su finalidad y su motivación".

El Gobierno, entonces, interpuso un recurso extraordinario con la expectativa de poder rebatir ese antecedente en la Corte Suprema. Pero al mismo tiempo envió mensajes en los que reclamó que la Justicia no se inmiscuya en las medidas del Gobierno. "La Constitución no confiere al Poder Judicial la atribución de evaluar, en cada caso concreto, el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos", dijo el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, en un artículo publicado en el blog de su organismo.

El pedido de recurso extraordinario del Gobierno argumentó que el fallo de la Cámara "vulneró el principio republicano, la división de poderes y las prerrogativas constitucionales expresamente reconocidas a favor del Poder Ejecutivo". La Cámara concedió el recurso y elevó el caso a la Corte Suprema, que tendrá la voz final.